viernes, 05 de octubre de 2012
Ayer pretendí hacer un análisis sobre las causas que hacían a la legitimidad del reclamo inicial de prefectos y gendarmes, y dos cuestiones que subyacen el conflicto: La carencia de canales legales y legítimos para que miembros de las fuerzas de seguridad puedan plantear reclamos de índole salarial- gremial y la discusión que nos debemos como sociedad entorno a ello sin dejar de lado las complejidades que acarrea el pensar esos canales por un lado, y la finísima línea entre un reclamo de estas características y el desacato a la autoridad que representa una amenaza real a la Constitución Nacional y las instituciones democráticas por otro.
Con la necesidad de recordar esto y ante las circunstancias presentes considero, ya desde ayer, se empezó a evidenciar que lo que era un reclamo legítimo de prefectos y gendarmes esta mutando en una maniobra extorsiva a fin de imponerle condiciones a un gobierno legítimamente constituido hace menos de un año y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los argentinos.
Afirmo esto porque ante la respuesta oficial respecto del reclamo inicial, que brindaba solución al mismo o al menos encausaba la situación hacia una solución definitiva en el transcurso de los próximos días, prefectos y gendarmes, lejos de cesar con su accionar que cabe aclarar en ningún momento ha sido ni legítimo; ni legal; ni democrático, continúan tomando edificios; amotinándose en distintos puntos del país.
Lejos de deponer una actitud sediciosa que desconoce la cadena de mando a la cual deben responder en tanto miembros de dos fuerzas de seguridad, la mantienen y pretenden imponer un petitorio con siete puntos en lo que ellos, con el aval y el fogoneo de las empresas privadas mediáticas Clarín y La Nación y demás golpistas, denominan negociación.
Conciente o inconcientemente, están siendo útiles a intereses que pretenden desestabilizar al Gobierno Nacional, Popular y Democrático, y están poniendo en riesgo las instituciones de la República cuando se les ha dado respuesta al primer legítimo reclamo.
El petitorio posterior no tiene relación alguna con este último, y la insistencia en su imposición hace, con cada hora que pasa, al agravamiento de una situación que esta completamente fuera de la ley.
Más de un ejemplo en la región tenemos, sobre golpes de Estado que se iniciaron con acciones similares al amotinamiento que prefectos y gendarmes están efectuando, y así como no se pretende dramatizar, tampoco se puede naturalizar los penosísimos hechos aportando a su legitimación.
jueves, 04 de octubre de 2012
En las últimas 48 horas, la agenda pública se ha visto atravesada por el reclamo salarial de prefectos y gendarmes de los rangos más bajos.
Cómo es de público conocimiento, el conflicto estalló tras una desastrosa liquidación de sueldos hecha por los propios superiores de la Prefectura Naval Argentina, y se extendió al ámbito de la Gendarmería Nacional donde los miembros inferiores de la fuerza especulaban con verse afectados de la misma forma.
Esta clara la legitimidad que tenía el reclamo inicial, efectuado por los efectivos en tanto trabajadores, que han visto su salario en mano reducido por una resolución que mal aplicada, a traído como consecuencia de una búsqueda normalizadota de haberes, una reducción producto de un mayor aporte en lo que a cargas sociales refiere.
Pasando en limpio, la consecuencia de incorporar al básico la totalidad del monto que venían cobrando estos trabajadores, es decir el efecto de normalizar una situación de semi precarización, es lisa y llanamente, un aumento en cargas sociales que a su vez trae aparejado una disminución en el sueldo neto.
Prefectos y gendarmes tomaron los edificios Guardacostas y Centinela reclamando una solución que ayer por la tarde fue oficializada por el propio Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quién anunció “Gendarmería cobrará lo mismo que el mes pasado y Prefectura recibirá compensaciones”, a lo que se sumo el descabezamiento de las cúpulas de ambas fuerzas, contra las cuales también se expresaba el descontento de los primeros.
Sin embargo, el reclamo no cesó sino que cambió de forma oportunista tras los anuncios, pues ahora hay otras exigencias, todas reivindicaciones que se cuadran en lo que a gremialidad refiere, y que en última instancia ponen de manifiesto dos cuestiones centrales.
Dejando de lado a todo el golpismo oportunista de medios y periodistas opositores; y de conocidos dinosaurios que pretenden aprovechar la situación para desestabilizar al Gobierno Nacional, Popular y Democrático, la primera de estas cuestiones resulta evidente, pues hay un problema, sobre todo considerando la historia nefasta que tienen las fuerzas encargadas de llevar a la práctica la potestad del uso de la fuerza por parte del Estado en nuestro país, en cuanto a que miembros de dos de estas fuerzas lleven adelante protestas siendo que, aunque son trabajadores, sus funciones y sus herramientas de trabajo son tan exclusivas como peligrosas.
Esta particularidad que los afecta en tanto agentes del orden público, es lo que hace a una muy fina línea entre un reclamo gremial, único que puede serles permitido, y una actitud de desacato a la ley, que pondría a la democracia en una situación de peligro existencial.
La segunda cuestión viene atada a la primera, pues la misma particularidad que tiene este grupo de trabajadores por la que su reclamo puede transformarse en un riesgo para las instituciones democráticas, es la que visibiliza la imposibilidad que tienen para llevar adelante reclamos gremiales por los canales legales.
Sin dudas, y aún cuando el conflicto actual no ha concluido, resulta necesario abrir el debate entorno a que canales deben poder acceder los integrantes de las fuerzas de seguridad a la hora de reclamar por sus derechos laborales, porque si entendemos como sociedad que los agentes que no poseen jerarquía alguna son trabajadores, resulta indispensable repensar formas en que ellos puedan acceder a los derechos que todo trabajador tiene, inclusive al de la sindicalización.
Este es un debate profundo que nos debemos, y para el cual habrá que considerar absolutamente todas las aristas, desde las de laborales hasta las político- institucionales e inclusive las históricas.
Fuente: Columna Norte
Ayer pretendí hacer un análisis sobre las causas que hacían a la legitimidad del reclamo inicial de prefectos y gendarmes, y dos cuestiones que subyacen el conflicto: La carencia de canales legales y legítimos para que miembros de las fuerzas de seguridad puedan plantear reclamos de índole salarial- gremial y la discusión que nos debemos como sociedad entorno a ello sin dejar de lado las complejidades que acarrea el pensar esos canales por un lado, y la finísima línea entre un reclamo de estas características y el desacato a la autoridad que representa una amenaza real a la Constitución Nacional y las instituciones democráticas por otro.
Con la necesidad de recordar esto y ante las circunstancias presentes considero, ya desde ayer, se empezó a evidenciar que lo que era un reclamo legítimo de prefectos y gendarmes esta mutando en una maniobra extorsiva a fin de imponerle condiciones a un gobierno legítimamente constituido hace menos de un año y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los argentinos.
Afirmo esto porque ante la respuesta oficial respecto del reclamo inicial, que brindaba solución al mismo o al menos encausaba la situación hacia una solución definitiva en el transcurso de los próximos días, prefectos y gendarmes, lejos de cesar con su accionar que cabe aclarar en ningún momento ha sido ni legítimo; ni legal; ni democrático, continúan tomando edificios; amotinándose en distintos puntos del país.
Lejos de deponer una actitud sediciosa que desconoce la cadena de mando a la cual deben responder en tanto miembros de dos fuerzas de seguridad, la mantienen y pretenden imponer un petitorio con siete puntos en lo que ellos, con el aval y el fogoneo de las empresas privadas mediáticas Clarín y La Nación y demás golpistas, denominan negociación.
Conciente o inconcientemente, están siendo útiles a intereses que pretenden desestabilizar al Gobierno Nacional, Popular y Democrático, y están poniendo en riesgo las instituciones de la República cuando se les ha dado respuesta al primer legítimo reclamo.
El petitorio posterior no tiene relación alguna con este último, y la insistencia en su imposición hace, con cada hora que pasa, al agravamiento de una situación que esta completamente fuera de la ley.
Más de un ejemplo en la región tenemos, sobre golpes de Estado que se iniciaron con acciones similares al amotinamiento que prefectos y gendarmes están efectuando, y así como no se pretende dramatizar, tampoco se puede naturalizar los penosísimos hechos aportando a su legitimación.
jueves, 04 de octubre de 2012
En las últimas 48 horas, la agenda pública se ha visto atravesada por el reclamo salarial de prefectos y gendarmes de los rangos más bajos.
Cómo es de público conocimiento, el conflicto estalló tras una desastrosa liquidación de sueldos hecha por los propios superiores de la Prefectura Naval Argentina, y se extendió al ámbito de la Gendarmería Nacional donde los miembros inferiores de la fuerza especulaban con verse afectados de la misma forma.
Esta clara la legitimidad que tenía el reclamo inicial, efectuado por los efectivos en tanto trabajadores, que han visto su salario en mano reducido por una resolución que mal aplicada, a traído como consecuencia de una búsqueda normalizadota de haberes, una reducción producto de un mayor aporte en lo que a cargas sociales refiere.
Pasando en limpio, la consecuencia de incorporar al básico la totalidad del monto que venían cobrando estos trabajadores, es decir el efecto de normalizar una situación de semi precarización, es lisa y llanamente, un aumento en cargas sociales que a su vez trae aparejado una disminución en el sueldo neto.
Prefectos y gendarmes tomaron los edificios Guardacostas y Centinela reclamando una solución que ayer por la tarde fue oficializada por el propio Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quién anunció “Gendarmería cobrará lo mismo que el mes pasado y Prefectura recibirá compensaciones”, a lo que se sumo el descabezamiento de las cúpulas de ambas fuerzas, contra las cuales también se expresaba el descontento de los primeros.
Sin embargo, el reclamo no cesó sino que cambió de forma oportunista tras los anuncios, pues ahora hay otras exigencias, todas reivindicaciones que se cuadran en lo que a gremialidad refiere, y que en última instancia ponen de manifiesto dos cuestiones centrales.
Dejando de lado a todo el golpismo oportunista de medios y periodistas opositores; y de conocidos dinosaurios que pretenden aprovechar la situación para desestabilizar al Gobierno Nacional, Popular y Democrático, la primera de estas cuestiones resulta evidente, pues hay un problema, sobre todo considerando la historia nefasta que tienen las fuerzas encargadas de llevar a la práctica la potestad del uso de la fuerza por parte del Estado en nuestro país, en cuanto a que miembros de dos de estas fuerzas lleven adelante protestas siendo que, aunque son trabajadores, sus funciones y sus herramientas de trabajo son tan exclusivas como peligrosas.
Esta particularidad que los afecta en tanto agentes del orden público, es lo que hace a una muy fina línea entre un reclamo gremial, único que puede serles permitido, y una actitud de desacato a la ley, que pondría a la democracia en una situación de peligro existencial.
La segunda cuestión viene atada a la primera, pues la misma particularidad que tiene este grupo de trabajadores por la que su reclamo puede transformarse en un riesgo para las instituciones democráticas, es la que visibiliza la imposibilidad que tienen para llevar adelante reclamos gremiales por los canales legales.
Sin dudas, y aún cuando el conflicto actual no ha concluido, resulta necesario abrir el debate entorno a que canales deben poder acceder los integrantes de las fuerzas de seguridad a la hora de reclamar por sus derechos laborales, porque si entendemos como sociedad que los agentes que no poseen jerarquía alguna son trabajadores, resulta indispensable repensar formas en que ellos puedan acceder a los derechos que todo trabajador tiene, inclusive al de la sindicalización.
Este es un debate profundo que nos debemos, y para el cual habrá que considerar absolutamente todas las aristas, desde las de laborales hasta las político- institucionales e inclusive las históricas.
Fuente: Columna Norte
