En tan sólo 48 horas, dando una muestra de la celeridad con la que actúan cuando la causa afecta intereses de su feudo, la CSJN declaró inconstitucional la elección por voto popular de los miembros del Consejo de la Magistratura.
En tan sólo 48 horas, desperdició la oportunidad histórica de darle la espalda a la mafia judicial que se pretende erigir como casta intocable, en pos de avanzar en la democratización del único poder del Estado en el cual sus funcionarios no son elegidos por el pueblo.
En tan sólo 48 horas, seis miembros del máximo tribunal confirmaron su pertenencia inquebrantable a la mafia, y su apoyo a la lógica ilegítima según la cual el Poder Judicial tiene la capacidad de anular toda aquella política que ose rosar sus intereses o los de sus aliados en el co- dominio del país que ostentan, aunque vivan publicitando la negación de ello.
El fallo al cual el único que no se plegó fue Eugenio Raúl Zaffaroni, ha venido a visibilizar la potestad ilegítima de un poder que se pretende por encima de los otros dos poderes del Estado.
Es un fallo que pisotea el concepto de república y fortalece el instinto conservacionista de los oscurantistas que administran la justicia según quien sea el beneficiado.
Es un fallo cuyos argumentos no se condicen con la realidad porque esa pretensión de jueces impolutos y ajenos a la sociedad política no existe, pues todos los jueces tienen su pertenencia y fallan según los intereses que defienden.
Es un fallo elitista que niega una ampliación de derechos; que niega a los ciudadanos la posibilidad de elegir a los miembros del consejo que se encarga de seleccionar los jueces, con la excusa de un supuesto saber técnico que sería necesario como si se necesitaran “saberes técnicos” para ejercer la ciudadanía.
Es un fallo que en definitiva, resulta insostenible por su propia incapacidad de ampararse en la inconstitucionalidad: Es un absurdo plantear que la Constitución niega la participación por medio del voto popular.
Dicho todo esto, plantear la necesidad de continuar el debate, es plantear la necesidad de avanzar en una reforma constitucional que efectivice el salto cualitativo no sólo en cuanto a la democratización del Poder Judicial, sino también respecto de otros temas – recursos naturales; propiedad comunal; y avances en materia de plurinacionalidad, son algunos ejemplos- negados y subsumidos en la reformada Constitución de 1994.
Fuente: Columna Norte
En tan sólo 48 horas, desperdició la oportunidad histórica de darle la espalda a la mafia judicial que se pretende erigir como casta intocable, en pos de avanzar en la democratización del único poder del Estado en el cual sus funcionarios no son elegidos por el pueblo.
En tan sólo 48 horas, seis miembros del máximo tribunal confirmaron su pertenencia inquebrantable a la mafia, y su apoyo a la lógica ilegítima según la cual el Poder Judicial tiene la capacidad de anular toda aquella política que ose rosar sus intereses o los de sus aliados en el co- dominio del país que ostentan, aunque vivan publicitando la negación de ello.
El fallo al cual el único que no se plegó fue Eugenio Raúl Zaffaroni, ha venido a visibilizar la potestad ilegítima de un poder que se pretende por encima de los otros dos poderes del Estado.
Es un fallo que pisotea el concepto de república y fortalece el instinto conservacionista de los oscurantistas que administran la justicia según quien sea el beneficiado.
Es un fallo cuyos argumentos no se condicen con la realidad porque esa pretensión de jueces impolutos y ajenos a la sociedad política no existe, pues todos los jueces tienen su pertenencia y fallan según los intereses que defienden.
Es un fallo elitista que niega una ampliación de derechos; que niega a los ciudadanos la posibilidad de elegir a los miembros del consejo que se encarga de seleccionar los jueces, con la excusa de un supuesto saber técnico que sería necesario como si se necesitaran “saberes técnicos” para ejercer la ciudadanía.
Es un fallo que en definitiva, resulta insostenible por su propia incapacidad de ampararse en la inconstitucionalidad: Es un absurdo plantear que la Constitución niega la participación por medio del voto popular.
Dicho todo esto, plantear la necesidad de continuar el debate, es plantear la necesidad de avanzar en una reforma constitucional que efectivice el salto cualitativo no sólo en cuanto a la democratización del Poder Judicial, sino también respecto de otros temas – recursos naturales; propiedad comunal; y avances en materia de plurinacionalidad, son algunos ejemplos- negados y subsumidos en la reformada Constitución de 1994.
Fuente: Columna Norte
