viernes, 4 de octubre de 2013

Cómo impactan los subsidios, hora a hora, en la vida de los argentinos

El largo manto estatal cubre, directa o indirectamente, las actividades diarias de los habitantes del país, desde que se levantan hasta que se van a dormir.

En Monte Chingolo, al sur del conurbano bonaerense, Luis Almada amanece en su casa, calefaccionada con gas subsidiado. Pone a hervir el agua subsidiada, mientras abre un paquete de yerba subsidiada. De fondo, oye cómo su suegra enciende el televisor para ver las noticias, en un canal subsidiado. Se viste con una camiseta y un pantalón, comprados en una feria subsidiada, apura el mate y camina hasta la parada del 37, para tomarse un colectivo subsidiado hasta la obra donde trabaja.

A 19 kilómetros, en Capital Federal, Javier Maglione se despierta en su departamento de Retiro con la alarma de un celular subsidiado. Se afeita, con una máquina eléctrica subsidiada, y elige una corbata que combine con su camisa subsidiada. Desayuna un expresso cortado y unos cereales subsidiados. Recuerda que, aún, tiene que cargar nafta subsidiada y baja a la cochera, a buscar su auto subsidiado para manejar a la oficina. Son las 7.00 de la mañana de un miércoles de otoño y, así, comienza un nuevo día en la Argentina de los subsidios.

Si bien no todas las situaciones de la vida cotidiana llevan la leyenda “Consumo con subsidio del Estado Nacional” impresa en rojo, en estos tiempos, el manto financiero del Estado no sólo cubre las facturas de luz, agua y gas, sino que alcanza a la mayoría de las actividades diarias de los argentinos. Las tarifas congeladas, los planes sociales, los créditos a tasas bonificadas, las políticas de incentivo a la producción y los beneficios aduaneros son sólo algunas de las medidas del Gobierno que –directa o indirectamente– regulan la forma en la que los consumidores acceden a los bienes y servicios. Pocas veces el Estado tuvo tanto peso en la economía como en los últimos 10 años.

Entre 2003 y 2012, el gasto del Estado Nacional se multiplicó por siete. Pasó de US$ 20.000 millones a US$ 139.000 millones, indican estimaciones del IAE, la escuela de Negocios de la Universidad Austral. Y, si bien el oscurantismo estadístico no permite conocer con precisión las erogaciones totales –el último dato oficial es de 2009–, según el IERAL, el sector público consolidado (Nación, provincias y municipios) alcanzó la mitad del PBI en 2012. Es un incremento del 20 por ciento, en 10 años. Medido en dólares, el gasto estatal por habitante asciende a US$ 5986, unas 2,7 veces más que los registros de la década del ’90. Antes de cruzar el Riachuelo, Almada llega a ver desde la ventana del 37 que un carril del puente Victorino de la Plaza está cortado. Mientras se lamenta porque, otra vez, perderá el premio por puntualidad en la constructora, juega con la tarjeta SUBE en sus manos.

Al igual que la inmensa mayoría de los 11 millones de pasajeros que la usan a diario para ir a trabajar, no piensa que ese plástico es el último eslabón de uno de los esquemas de subsidios más abultados e intrincados del modelo. En lo que va de 2013, las empresas de colectivos del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya recibieron $ 2312 millones para financiar el pago de combustibles, mantenimiento, sueldos y seguros, entre otros conceptos.

El dato surge del sitio web del Ministerio del Interior y Transporte, que ahora recibe al usuario con una coloquial pregunta: “¿Querés saber con cuánto dinero contribuimos todos los argentinos a cada servicio de transporte público?”. Vale la pena recordar que el área pasó a la cartera que conduce Florencio Randazzo después de que 51 personas murieran en el accidente de Once, en febrero de 2012. La tragedia detonó un escándalo de malversación de fondos y falta de controles.

Quien acepte la invitación de la web también puede ingresar al apartado de trenes, para enterarse de que, a lo largo de 2012, el Gobierno desembolsó la cifra record de $ 4708 millones en subsidios para el funcionamiento de los trenes metropolitanos.

Habían sido $ 2500 millones en 2011 y apenas $ 140 millones, en 2003. Si se toma en cuenta que, el año pasado, unas 394 millones de personas usaron la red urbana, el subsidio promedio que pagó el Estado a cada pasajero fue de $ 12 por viaje (el boleto más caro, con la SUBE, vale $ 1,80).

9.00
Mientras Almada llega con lo justo para empezar con los trabajos de anclaje para una construcción en San Telmo, Maglione maneja su Ford Fiesta Kinetic 2011 (auto que, de no mediar un acuerdo comercial de cupos con México, debería pagar un arancel del 35 por ciento) a su oficina de San Isidro, donde trabaja como productor de seguros. Para a cargar nafta en una YPF y se resigna al ver que el litro de súper roce los $ 8. Llena el tanque y paga a regañadientes, aunque su enojo sería mayor si las petroleras no hubieran sido beneficiadas por una exención impositiva a las importaciones de combustibles y a la venta en el mercado interno durante 2013, para mitigar los efectos de la crisis energética.

Maglione, tampoco, tiene en cuenta que, este año, el Gobierno gastará el 5,3 por ciento de su presupuesto en cubrir los costos operativos de la petrolera estatizada y de otras 30 empresas públicas. Una cifra sensiblemente superior al 0,6 por ciento que les giraba ocho años atrás, según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). De la torta de subsidios, el voraz sector energético es el que engulle la porción más grande: en los primeros cuatro meses del año, ya alcanzó los $ 17.262 millones, indican las cifras provistas por Ecolatina. Una suba del 76 por ciento en la comparación interanual y va en línea con la aceleración generalizada de las transferencias que se observa en 2013.

13.30
Ya pasó el mediodía en la Argentina de los subsidios. Y mientras, en la obra, Almada degusta un pancho al paso, con un precio bonificado por el Estado –sobre la harina del pan rigen derechos de exportación al trigo que funcionan simultáneamente como un impuesto a la producción y un subsidio al consumo–, la maquinaria pública avanza sin descanso sobre el contribuyente para financiar su gasto. La fiesta de subsidios argentina tiene, como contrapartida, una presión tributaria también record. Hoy, la recaudación impositiva, como porcentaje del PBI, está por encima del 36 por ciento, a nivel nacional (es decir, sin considerar provincias ni municipios). Una década atrás, no superaba el 20. Si se incluye el impuesto inflacionario, lo que el fisco se lleva del bolsillo de sus ciudadanos asciende a 39 por ciento. Así, la caja estatal se convirtió en el sostén del modelo K.


Ya sea en auto o en colectivo, los medios de transporte -y el combustible- están subsidiados
Entre 2003 y el 2011, el Gobierno dispuso de US$ 517.306 millones, entre ingresos tributarios, impuesto inflacionario, fondos de la ANSeS y préstamos y utilidades del Banco Central, calculan en la Fundación Pensar, el think tank del PRO. El año pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recaudó el record de $ 739.541 millones. Luego de una moderación de los subsidios, a raíz de lo que la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, llamó “sintonía fina”, cuando se inició un descongelamiento de tarifas por inicios de 2012, tal parece que, para 2013, las elecciones volverán a meter la cola. En el primer cuatrimestre del año, las compensaciones volvieron a acelerarse y superaron los $ 31.914 millones, un alza del 57 por ciento en la comparación interanual. La cifra es sugestivamente similar a la del período 2010-2011, cuando se realizó la última elección presidencial. Ecolatina proyecta que los subsidios alcanzarían los $ 130.000 millones hacia fines de este año.

16.00
Por la tarde, Maglione empieza una seguidilla de reuniones. Se junta con un cliente en un café y ambos ponen sus smartphones en silencio. Como el 99 por ciento de los celulares que se comercializan en el país, los dos fueron producidos en Tierra del Fuego. Al igual que la industria textil y la del juguete, el ensamblaje de teléfonos móviles está beneficiado por medidas proteccionistas, que le permite a los montadores fijar los precios internos. Luego de la sanción del llamado “impuestazo tecnológico” –desde 2009, rige una ley de incentivo a la producción que duplica el IVA y aumenta los impuestos internos a cualquier producto electrónico que no provenga de la provincia fueguina–, el año pasado, se fabricaron 14 millones de dispositivos en la isla.

 
La comida -incluyendo los cereales del desayuno- están subsidiados también
Previo al estímulo estatal, la cifra, apenas, rozaba el 4 por ciento del mercado, según cifras de la consultora Carrier y Asociados. Los críticos del régimen señalan que, hoy, Tierra del Fuego no es más que un gran centro de ensamblaje de piezas importadas a arancel cero de China. Otros, en cambio, encuentran en el polo tecnológico la posibilidad de empezar a generar valor agregado local a los productos electrónicos. Lo cierto es que, hoy, la provincia roza el pleno empleo, aunque ello tenga sus consecuencias. Y las paga el consumidor, con reducida oferta de marcas, disponibilidad de equipos sujeta a arbitrariedades aduaneras y precios mayores a los del resto de la región. Si, a eso, se le suma que, con la combinación de atraso cambiario y cepo, el Gobierno alienta a hacer compras en el exterior, mediante el llamado “dólar turista” –contra un paralelo de $ 8 (al cierre de esta edición), sigue siendo provechoso, a pesar del recargo de 20 por ciento a las compras con tarjeta de crédito impuesto por la AFIP–, no es de extrañar que Maglione se cuente entre el aluvión de viajeros que cruza la frontera en busca de vacaciones con shopping a mejores precios.

No es la única ventaja para quienes planean viajar al exterior (fueron 2,43 millones en 2012, con un gasto de US$ 3185 millones, según la Encuesta de Turismo Internacional del Indec). Aerolíneas Argentinas es otro de los casos emblemáticos en el país de los subsidios. Desde que pasó a manos del Estado, en 2008, recibió US$ 3150 millones para cubrir el resultado negativo de la empresa. El rojo, en 2012, alcanzó un promedio de US$ 2,6 millones por día, según estimaciones privadas, hechas a partir de giros del Gobierno, ya que, desde hace cuatro años, la compañía no presenta balances. En la empresa liderada por el camporista Mariano Recalde justifican el déficit en los esfuerzos por preservar el empleo y la conectividad aérea en todo el territorio nacional.

Sin embargo, de la información obtenida por organismos internacionales, la Fundación Pensar deduce que las mayores pérdidas no resultan de las rutas de cabotaje (19 por ciento de los gastos), sino de los vuelos internacionales (81 por ciento). Por ejemplo, la ruta Buenos Aires-Miami, uno de los 24 destinos internacionales de Aerolíneas, representa un déficit de US$ 52 millones anuales. Almada dice que el obrero no se toma vacaciones. Cobra cada 15 días en la constructora y destina, hasta el último peso, a sus tres hijos. Incluso, las changas: los domingos, hace de referí en un campeonato barrial.

Cuenta que la reactivación económica de la última década le dio la estabilidad necesaria para subsistir con su oficio de perforista. Pero no oculta que, luego de la crisis de 2002, vivió en carne propia lo que es depender de la contención social del Estado. En 2012, el Gobierno Nacional manejaba 58 tipos de planes sociales distintos que otorgaban transferencias monetarias sin contraprestación. Estos programas suponían un total de 18,51 millones de planes y erogaciones por $ 64,43 millones, señala la fundación Libertad y Progreso. Si se considera que, según el último censo, la Argentina tiene 40,12 millones de habitantes, el 44 por ciento está en condiciones de recibir algún plan. Entre ellos, se cuenta la Asignación Universal por Hijo (AUH), que alcanza a más de 3,6 millones de chicos y que, desde junio pasado, aumentó de $ 340 a $ 460 por mes.

Es una de las medidas sociales menos criticadas del Gobierno. Otro logro que el kirchnerismo convirtió en bandera es el plan Conectar Igualdad. Este programa, cuya meta es entregar una netbook por estudiante de escuela pública secundaria, distribuyó 2,5 millones de unidades y planea llegar a las 3,5 millones a fin de año. Financiadas por el Tesoro Nacional, y administradas por la ANSeS, el precio que paga el Estado por cada netbook ronda los $ 2300. Las últimas licitaciones promueven una mayor integración de componentes locales. Los ojos, otra vez, sobre Tierra del Fuego.

20.00
Antes de volver a su casa, Almada pasa por el autoservicio chino para comprar algo de cenar. A juzgar por lo que paga por medio kilo de churrasco, un kilo de arroz y unas verduras, a Monte Chingolo no llegaron los planes que promociona el Gobierno, para que la población pueda acceder a mejores precios. Sin señales de milanesas, frutas, lácteos, ni merluza “para todos”, le queda el consuelo del fútbol. Esta noche, transmiten Arsenal-Independiente, por la Copa Argentina. Fútbol Para Todos, que cubrió 380 encuentros en 2012, le costó a los contribuyentes $ 1287 millones, según la Secretaría de Hacienda. Un monto 84 por ciento superior al presupuestado. Cae el sol.

Maglione vuelve de la oficina y se pega una escapada al supermercado de la vuelta de su casa, en Retiro. Su novia lo espera para ver un DVD, así que se apura a comprar un fernet y elige una picada para dos: papas fritas, aceitunas y algo de fiambre. Paga, sin saber que su compra integra la lista de 500 productos congelados con la que el Gobierno intenta contener la inflación hasta octubre. Antes de que empiece la película (nacional), la pareja bromea con que apoya al cine argentino. No se equivoca: para producir una, es casi imprescindible transitar el camino del Incaa. Según el propio Instituto de Cine, en 2012, destinó $ 175,5 millones a financiar producciones locales.

23.00
Es de noche y millones de personas cenan, conversan y miran televisión en sus hogares iluminados con tarifas eléctricas congeladas. En una casa en el sur del conurbano, Luis Almada apaga la luz. En un departamento de Capital, Javier Maglione hace lo mismo. Así termina una día más, en la Argentina de los subsidios. Cortesía del Estado Nacional.

Fuente: Apertura