Fue uno de los anuncios que ayer en cadena nacional, realizó la Presidenta, Cristina Fernández: El próximo aumento en las jubilaciones será de un 17,21% a partir del primer día de septiembre.
De esta forma, la jubilación mínima pasará a $3.231,63, lo que representará un aumento interanual del 37,38%, es decir estará ampliamente por encima de cualquier dato inflacionario que se pretenda tomar por válido.
Al margen de ello, y quizás el dato más interesante de lo expuesto ayer por la Presidenta, es que el Índice de Movilidad Previsional vigente, que se calcula a partir de una fórmula que incluye el aumento de salarios del último semestre y el aumento de los recursos del sistema previsional, permite una movilidad jubilatoria notablemente superior a las de las otras dos fórmulas viables que se plantearon en el momento en que se discutió la ley correspondiente.
En efecto, si se hubiera aplicado la fórmula de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), lo que pretendía en 2009 parte de la oposición y parte de la CGT, entre marzo de ese año y septiembre de 2014 las jubilaciones hubieran aumentado el 303% contra el 368% que han aumentado con la fórmula que se utiliza.
Peor hubiera sido de aplicarse la fórmula del Índice de Salarios, más conocida como la del caso Badaro y pretendida por gran parte de la oposición, que en este mismo periodo sólo hubiera alcanzado el 249% de aumento en las jubilaciones.
Es evidente entonces, que la Ley de Movilidad Jubilatoria gestada y aprobada en soledad por el Frente para la Victoria, ha permitido el establecimiento de un sistema viable de recomposición de los haberes jubilatorios, que es por lejos, el que más redunda en la mejora de estos últimos.
Desde luego, no se está señalando que una jubilación mínima de $3.231,63 vaya a ser la panacea.
Ahora, tampoco se puede desconocer que se transita un camino de recomposición y que en este, la diferencia entre la capacidad de gasto que tenía un jubilado en 2003 con un haber de $150, y la que tendrá a partir de septiembre con la mínima, es abismal.
Fuente: Columna Norte
De esta forma, la jubilación mínima pasará a $3.231,63, lo que representará un aumento interanual del 37,38%, es decir estará ampliamente por encima de cualquier dato inflacionario que se pretenda tomar por válido.
Al margen de ello, y quizás el dato más interesante de lo expuesto ayer por la Presidenta, es que el Índice de Movilidad Previsional vigente, que se calcula a partir de una fórmula que incluye el aumento de salarios del último semestre y el aumento de los recursos del sistema previsional, permite una movilidad jubilatoria notablemente superior a las de las otras dos fórmulas viables que se plantearon en el momento en que se discutió la ley correspondiente.
En efecto, si se hubiera aplicado la fórmula de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), lo que pretendía en 2009 parte de la oposición y parte de la CGT, entre marzo de ese año y septiembre de 2014 las jubilaciones hubieran aumentado el 303% contra el 368% que han aumentado con la fórmula que se utiliza.
Peor hubiera sido de aplicarse la fórmula del Índice de Salarios, más conocida como la del caso Badaro y pretendida por gran parte de la oposición, que en este mismo periodo sólo hubiera alcanzado el 249% de aumento en las jubilaciones.
Es evidente entonces, que la Ley de Movilidad Jubilatoria gestada y aprobada en soledad por el Frente para la Victoria, ha permitido el establecimiento de un sistema viable de recomposición de los haberes jubilatorios, que es por lejos, el que más redunda en la mejora de estos últimos.
Desde luego, no se está señalando que una jubilación mínima de $3.231,63 vaya a ser la panacea.
Ahora, tampoco se puede desconocer que se transita un camino de recomposición y que en este, la diferencia entre la capacidad de gasto que tenía un jubilado en 2003 con un haber de $150, y la que tendrá a partir de septiembre con la mínima, es abismal.
Fuente: Columna Norte
