El juez municipal de Nueva York, Thomas Griesa, continúa su saga de papelones en materia judicial.
Resulta que ayer, luego de varios pedidos de los Fondos Buitres y violando de manera flagrante el derecho internacional, declaró a nuestro país en desacato.
El hecho se produjo tras una audiencia en la cual Griesa, tomó como excusa la vigente Ley de Pago Soberano, a fin de avanzar con una resolución que en la práctica no representa perjuicio alguno para Argentina.
Más allá de esto, la definición viola explícitamente el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidad de los Estados y sus Bienes establecida en 2004, que en su inciso primero señala que “El hecho de que un Estado incumpla o rehuse cumplir el requerimiento de un tribunal de otro Estado por el que se le inste a realizar o abstenerse de realizar de terminado acto o a presentar cualquier documento o revelar cualquier otra información a los efectos del proceso no tendrá más consecuencias que las que resulten de tal comportamiento en relación con el fondo del asunto. En particular, no se condenará a ninguna multa o pena al Estado que haya incumplido o rehusado cumplir tal requerimiento”, y en el inciso inmediatamente posterior, concluye que “Ningún Estado estará obligado a prestar caución, fianza o depósito, sea cual fuere su denominación, para garantizar el pago de las costas o gastos judiciales de cualquier proceso en que sea parte demandada ante un tribunal de otro Estado”, evidenciando que cualquier multa que se pretendiera aplicar a nuestro país como caución propia del desacato, también es violatoria del derecho internacional.
Dicho esto, también cabe destacar que el juez municipal avanza en esta definición, no casualmente, el día antes del primer depósito que salda un vencimiento de deuda efectuado ya hace unas horas por Argentina, en la cuenta de Nación Fideicomisos tal cual indica la nueva legislación.
Griesa y todo el Poder Judicial de Estados Unidos, profundizan un disparate que además de pretender reforzar un fallo incumplible, no respeta norma alguna del derecho internacional y busca coaccionar para voltear leyes de un país soberano; todo ello con la inconmensurable connivencia del gobierno de Barack Obama.
Resulta que ayer, luego de varios pedidos de los Fondos Buitres y violando de manera flagrante el derecho internacional, declaró a nuestro país en desacato.
El hecho se produjo tras una audiencia en la cual Griesa, tomó como excusa la vigente Ley de Pago Soberano, a fin de avanzar con una resolución que en la práctica no representa perjuicio alguno para Argentina.
Más allá de esto, la definición viola explícitamente el artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Inmunidad de los Estados y sus Bienes establecida en 2004, que en su inciso primero señala que “El hecho de que un Estado incumpla o rehuse cumplir el requerimiento de un tribunal de otro Estado por el que se le inste a realizar o abstenerse de realizar de terminado acto o a presentar cualquier documento o revelar cualquier otra información a los efectos del proceso no tendrá más consecuencias que las que resulten de tal comportamiento en relación con el fondo del asunto. En particular, no se condenará a ninguna multa o pena al Estado que haya incumplido o rehusado cumplir tal requerimiento”, y en el inciso inmediatamente posterior, concluye que “Ningún Estado estará obligado a prestar caución, fianza o depósito, sea cual fuere su denominación, para garantizar el pago de las costas o gastos judiciales de cualquier proceso en que sea parte demandada ante un tribunal de otro Estado”, evidenciando que cualquier multa que se pretendiera aplicar a nuestro país como caución propia del desacato, también es violatoria del derecho internacional.
Dicho esto, también cabe destacar que el juez municipal avanza en esta definición, no casualmente, el día antes del primer depósito que salda un vencimiento de deuda efectuado ya hace unas horas por Argentina, en la cuenta de Nación Fideicomisos tal cual indica la nueva legislación.
Griesa y todo el Poder Judicial de Estados Unidos, profundizan un disparate que además de pretender reforzar un fallo incumplible, no respeta norma alguna del derecho internacional y busca coaccionar para voltear leyes de un país soberano; todo ello con la inconmensurable connivencia del gobierno de Barack Obama.
Fuente: Columna Norte
