La inseguridad es sin lugar a dudas un fenómeno multicausal, y como tal merece un tratamiento capaz de superar las respuestas simplistas, sobre todo aquellas que reproducen la exclusión y la estigmatización social de determinados sectores de la población.
La gran mayoría de los delitos que coadyuvan al crecimiento de la sensación de inseguridad que experimenta la sociedad, son resultado de la violencia diaria y sistemática que recorre todos los ámbitos de nuestra vida comunitaria, domestica, económica, producto del debilitamiento de los lazos sociales y de los modos de convivencia resultantes de este fenómeno.
El que la represión del delito sea una potestad del Estado Provincial, no debería ser un obstáculo, sino mas bien representar un desafío, para el despliegue de políticas públicas que, desde el ámbito Municipal, promuevan mecanismos no coercitivos capaces de operar sobre las condiciones inmediatas que posibilitan o potencian la resolución violenta de conflictos en el ámbito de la comunidad.
Para ello resulta imprescindible articular políticas que asuman e impulsen el protagonismo, tanto de instituciones y agentes públicos no usualmente involucrados en las políticas de seguridad tradicionales, como de las organizaciones comunitarias.
Proponemos:
La creación de un organismo municipal que centralice las problemáticas ligadas a la convivencia y seguridad, desde el desarrollo de las siguientes líneas de intervención:
- Producir información en torno a la problemática a través de una labor de relevamiento permanente, a cargo de redes integradas tanto por actores institucionales como de la sociedad civil
- Darle centralidad a políticas de prevención de delitos desde el desarrollo social, interviniendo en los modos de convivencia y en la recuperación de los lazos sociales.
- En este sentido resulta de interés potenciar experiencias pilotos, como los Foros de Convivencia, corredores seguros, y otras iniciativas que apuestan a mecanismos participativos de intervención, orientadas al desarrollo de políticas de seguridad cuya dinámica promueva mayores niveles de integración social.
El documento titulado “Más derecho, más seguridad. Políticas públicas y seguridad en la sociedad Democrática”, firmado por mas de cien organizaciones sociales, grupos de investigación de diversas universidades nacionales y referentes políticos de nuestro país, expresa un posicionamiento claro en la materia y refleja experiencias de este tipo, algunas de las cuales se vienen desarrollando en algunas ciudades de nuestro alrededor.
La gran mayoría de los delitos que coadyuvan al crecimiento de la sensación de inseguridad que experimenta la sociedad, son resultado de la violencia diaria y sistemática que recorre todos los ámbitos de nuestra vida comunitaria, domestica, económica, producto del debilitamiento de los lazos sociales y de los modos de convivencia resultantes de este fenómeno.
El que la represión del delito sea una potestad del Estado Provincial, no debería ser un obstáculo, sino mas bien representar un desafío, para el despliegue de políticas públicas que, desde el ámbito Municipal, promuevan mecanismos no coercitivos capaces de operar sobre las condiciones inmediatas que posibilitan o potencian la resolución violenta de conflictos en el ámbito de la comunidad.
Para ello resulta imprescindible articular políticas que asuman e impulsen el protagonismo, tanto de instituciones y agentes públicos no usualmente involucrados en las políticas de seguridad tradicionales, como de las organizaciones comunitarias.
Proponemos:
La creación de un organismo municipal que centralice las problemáticas ligadas a la convivencia y seguridad, desde el desarrollo de las siguientes líneas de intervención:
- Producir información en torno a la problemática a través de una labor de relevamiento permanente, a cargo de redes integradas tanto por actores institucionales como de la sociedad civil
- Darle centralidad a políticas de prevención de delitos desde el desarrollo social, interviniendo en los modos de convivencia y en la recuperación de los lazos sociales.
- En este sentido resulta de interés potenciar experiencias pilotos, como los Foros de Convivencia, corredores seguros, y otras iniciativas que apuestan a mecanismos participativos de intervención, orientadas al desarrollo de políticas de seguridad cuya dinámica promueva mayores niveles de integración social.
El documento titulado “Más derecho, más seguridad. Políticas públicas y seguridad en la sociedad Democrática”, firmado por mas de cien organizaciones sociales, grupos de investigación de diversas universidades nacionales y referentes políticos de nuestro país, expresa un posicionamiento claro en la materia y refleja experiencias de este tipo, algunas de las cuales se vienen desarrollando en algunas ciudades de nuestro alrededor.