La radiodifusión argentina, nacida en 1920 lleva 91 años de existencia, 60 desde que apareció la televisión. En todo ese período, sólo tres normas con status de ley rigieron la evolución del sistema de medios. De ellas, solo una había sido sancionada por un gobierno democrático: la primera, durante el transcurso de la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, en 1953. Las otros dos son Decretos Leyes dictados uno en 1957, (DL 15.460) y el otro en 1980 (DL 22.285) que fueron implementadas bajo dictaduras militares. Ambos sirvieron para articular el interés militar por el control de los contenidos y la concepción mercantil de la comunicación, como fuente de acumulación para el sector empresarial. Casi 30 años debieron pasar para lograr derogar esa ley y el conjunto de sus modificaciones favorecedoras de la feroz concentración mediática.
Se cumplen 2 años de la sanción de una ley que cambió el paradigma de pensamiento sobre los medios de comunicación masiva en nuestra sociedad. El proceso de discusión iniciado desde los albores del retorno democrático tuvo un impulso y una voluntad política de verdadera transformación a partir del compromiso asumido por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al anunciar, en la apertura de la sesiones legislativas de 2009, el envío para su tratamiento de un proyecto de ley al Congreso para modificar el marco legal de la radiodifusión.
En un momento de debilidad política, haber tomado como referencia los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática marcó una clara orientación política del sentido de la propuesta. Esto implicó la construcción de un entramado social como sostén, a la vez que una definición en torno a la comunicación como un bien social a promover y proteger, basado en los criterios de pluralismo y diversidad y fundante de la conformación de una sociedad democrática.
Dos años se cumplen de un proceso de discusión que se desarrolló en decenas de foros diseminados por todo el territorio nacional, que implicó la participación de centenares de ciudadanos, a través de las intervenciones de periodistas, estudiantes, empresarios, investigadores y representantes de diferentes colectivos - de género, de pueblos originarios, de sectores religiosos - , que aportaron y enriquecieron el texto original. A eso se sumaron decenas de horas de debate en las cámaras de diputados y senadores y de audiencias públicas con la intervención de especialistas que plantearon diferentes opiniones y perspectivas. Por primera vez, después de 29 años, los dirigentes políticos se atrevieron a desafiar la presión de los poderosos multimedios que acusaban a la ley de ser un atentado contra el sistema democrático. Postura poco novedosa en América Latina, donde los dueños de los medios y sus representaciones gremiales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), suelen equiparar arbitrariamente los derechos de propiedad de los empresarios de comunicación con las libertades garantizadas constitucionalmente, tergiversando lo que son intereses particulares de los medios privados de comunicación masiva, haciéndolos pasar como necesariamente equivalentes a los de los de la comunidad nacional en general.
No se cumplen 2 años de su total implementación, dada la estrategia de judicialización llevada a cabo por el grupo Clarín. Mediante medidas cautelares, el grupo hegemónico logró, en principio, postergar la implementación del artículo 161 de desinversión. Con lo cual se da el contrasentido de que todos los titulares de licencias hoy deberían adecuar su estructura en los términos de la ley, menos el principal grupo, acentuando aún más la concentración.
Dos años en que las minorías parlamentarias critican las formas de funcionamiento de la autoridad de aplicación o del sistema público, pero que se resisten (disciplinadas a la voluntad de presión de los multimedios) a designar a los miembros vacantes de los directorios de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) o los directores de Rado Televisión Argentina, incumpliendo con sus obligaciones institucionales e impidiendo que se conforme la Comisión Bicameral de seguimiento y, con ello, el nombramiento del Defensor del Público.
El llamado a concurso de las 220 licencias de Televisión Digital Argentina (TDA), 110 para el sector privado comercial y 110 para organizaciones sin fines de lucro, permite avizorar la orientación del escenario de la post concentración: el camino a recorrer, surcado por ambivalencias, tensiones y diversas encrucijadas, será el de expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a nivel de medios masivos como de los interpersonales, teniendo como horizonte los beneficios materiales, como la justicia social, la libertad para todos y el fortalecimiento de la democracia. Si no, sólo será una sucesión de medidas coyunturales que permitan cambiar temporalmente de nombres, o el cariz ideológico de quienes gestionan temporalmente algunos medios. La fortaleza del entramado de la relación entre los gobiernos populares y la organización social movilizada determinará la profundidad de la transformación en marcha.
Fuente: http://www.pnce.com.ar/index.php/historial/pnce-nro2/65-un-nuevo-umbral-de-discusion.html
Se cumplen 2 años de la sanción de una ley que cambió el paradigma de pensamiento sobre los medios de comunicación masiva en nuestra sociedad. El proceso de discusión iniciado desde los albores del retorno democrático tuvo un impulso y una voluntad política de verdadera transformación a partir del compromiso asumido por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al anunciar, en la apertura de la sesiones legislativas de 2009, el envío para su tratamiento de un proyecto de ley al Congreso para modificar el marco legal de la radiodifusión.
En un momento de debilidad política, haber tomado como referencia los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática marcó una clara orientación política del sentido de la propuesta. Esto implicó la construcción de un entramado social como sostén, a la vez que una definición en torno a la comunicación como un bien social a promover y proteger, basado en los criterios de pluralismo y diversidad y fundante de la conformación de una sociedad democrática.
Dos años se cumplen de un proceso de discusión que se desarrolló en decenas de foros diseminados por todo el territorio nacional, que implicó la participación de centenares de ciudadanos, a través de las intervenciones de periodistas, estudiantes, empresarios, investigadores y representantes de diferentes colectivos - de género, de pueblos originarios, de sectores religiosos - , que aportaron y enriquecieron el texto original. A eso se sumaron decenas de horas de debate en las cámaras de diputados y senadores y de audiencias públicas con la intervención de especialistas que plantearon diferentes opiniones y perspectivas. Por primera vez, después de 29 años, los dirigentes políticos se atrevieron a desafiar la presión de los poderosos multimedios que acusaban a la ley de ser un atentado contra el sistema democrático. Postura poco novedosa en América Latina, donde los dueños de los medios y sus representaciones gremiales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), suelen equiparar arbitrariamente los derechos de propiedad de los empresarios de comunicación con las libertades garantizadas constitucionalmente, tergiversando lo que son intereses particulares de los medios privados de comunicación masiva, haciéndolos pasar como necesariamente equivalentes a los de los de la comunidad nacional en general.
No se cumplen 2 años de su total implementación, dada la estrategia de judicialización llevada a cabo por el grupo Clarín. Mediante medidas cautelares, el grupo hegemónico logró, en principio, postergar la implementación del artículo 161 de desinversión. Con lo cual se da el contrasentido de que todos los titulares de licencias hoy deberían adecuar su estructura en los términos de la ley, menos el principal grupo, acentuando aún más la concentración.
Dos años en que las minorías parlamentarias critican las formas de funcionamiento de la autoridad de aplicación o del sistema público, pero que se resisten (disciplinadas a la voluntad de presión de los multimedios) a designar a los miembros vacantes de los directorios de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) o los directores de Rado Televisión Argentina, incumpliendo con sus obligaciones institucionales e impidiendo que se conforme la Comisión Bicameral de seguimiento y, con ello, el nombramiento del Defensor del Público.
El llamado a concurso de las 220 licencias de Televisión Digital Argentina (TDA), 110 para el sector privado comercial y 110 para organizaciones sin fines de lucro, permite avizorar la orientación del escenario de la post concentración: el camino a recorrer, surcado por ambivalencias, tensiones y diversas encrucijadas, será el de expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a nivel de medios masivos como de los interpersonales, teniendo como horizonte los beneficios materiales, como la justicia social, la libertad para todos y el fortalecimiento de la democracia. Si no, sólo será una sucesión de medidas coyunturales que permitan cambiar temporalmente de nombres, o el cariz ideológico de quienes gestionan temporalmente algunos medios. La fortaleza del entramado de la relación entre los gobiernos populares y la organización social movilizada determinará la profundidad de la transformación en marcha.
Fuente: http://www.pnce.com.ar/index.php/historial/pnce-nro2/65-un-nuevo-umbral-de-discusion.html
