Durante 2011, los acusados por delitos de lesa humanidad sometidos a juicio suman 193, siendo la mayor cantidad desde la recuperación de la democracia, con 84 represores condenados, 8 absueltos y 104 que continúan en el banquillo.
Entre los hechos más significativos se destacan la condena al marino Alfredo Astiz, la sentencia a cárcel común al ex dictador Jorge Rafael Videla y el fallecimiento del símbolo de la represión en Tucumán, Antonio Domingo Bussi, el mismo día en que se debía iniciar un proceso en su contra.
Según el informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, se visualiza “una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país”.
El relevamiento detalla que en el transcurso de 2011 concluyeron 21 juicios, en los que se condenó a 84 personas, y que entre 2007 y 2011 se registra “un total de 799 personas procesadas, de las cuales más del 60% ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio”.
Sin embargo, en el informe de la Unidad, a cargo del fiscal Jorge Auat y que coordina Pablo Parenti, se advierten “demoras en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de los tribunales orales”, y que la etapa de instrucción que se observaba como principal problema a sortear “comienza a superarse en casi todo el país”.
“El proceso de juzgamiento aún presenta aspectos que deben profundizarse y a los que es necesario prestar mayor dedicación”, indican y ponen como ejemplo el rol de los funcionarios judiciales que actuaron durante el terrorismo de Estado, tarea que “ha comenzado hace muy poco” con el juicio político a magistrados vinculados con la represión como los jueces mendocinos Luis Miret y Otilio Romano.
Sobre la situación de los detenidos, el informe resalta que a lo largo del año “no se han registrado casos de personas detenidas en unidades militares” como ocurría cuando fueron reabiertas las causas de lesa humanidad.
“De las 593 personas detenidas, el 50,5% se encuentra en unidades penitenciarias, el 39,9% en detención domiciliaria, 3,8% en dependencias de fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales), y 0,2% en hospitales”, detallan en el informe.
También la Unidad trabajó en el seguimiento de los casos de violencia sexual ocurridos durante el terrorismo de Estado y elaboró un documento con consideraciones sobre el juzgamiento, concluyendo que "no resulta correcto subsumir los abusos sexuales solamente en la figura de ‘tormentos’, como se ha realizado en algunos pronunciamientos judiciales”.
“Los abusos sexuales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes contra la humanidad y así se los debe considerar más allá de la frecuencia, sistematicidad o generalidad con que hayan ocurrido”.
En otro punto, el informe subraya que a lo largo del año “se ha sostenido la tarea de búsqueda y análisis de documentación ubicada en el Archivo Histórico de la Armada ”para permitir identificar y remitir a las fiscalías que lo requieren tanto legajos personales como actuaciones de tribunales militares en acciones represivas llevadas a cabo por la Marina.
En la misma línea, se señalan los archivos de Prefectura Nacional, que permitieron identificar elementos probatorios para investigaciones sobre los “vuelos de la muerte” utilizados para asesinar a los prisioneros arrojándolos al agua.
"La documentación obtenida permite advertir la importancia que podría tener acceder a los archivos de las fuerzas de seguridad federales (Policía, Gendarmería y Prefectura) de las diferentes delegaciones del interior del país”, remarca al mismo tiempo que menciona la importancia de la documentación aportada por el Ministerio de Defensa a las fiscalías.
En tanto, durante 2011 se abrió la instancia de investigar la complicidad civil en los delitos de lesa humanidad con la apertura de una causa penal sobre la venta de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón.
La justicia resolvió que el traspaso accionario de la familia Graiver a esas empresas deberá ser analizado en el contexto “del ataque generalizado contra la población civil materializado por medio de la intervención del aparato represivo estatal de la dictadura”.
Por otra parte, durante 2011 recuperaron su identidad tres hijos de desaparecidos: en abril las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta 103, hija de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman, desaparecidos el 2 de agosto de 1976 en la ciudad de Rosario.
En tanto, también en abril, las Abuelas anunciaban con tristeza la confirmación del asesinato de Liliana Ross, embarazada de cinco meses y medio, y con ello la muerte de su hijo o hija, quien fue el caso 104, confirmándose que el embarazo no llegó a termino.
Finalmente, en agosto Laura Reinhold Siver recuperó su identidad y su historia como hija de Susana Leonor Siver y Marcelo Carlos Reinhold, nacida en febrero de 1978, por cesárea, en el Hospital Naval.
Entre los hechos más significativos se destacan la condena al marino Alfredo Astiz, la sentencia a cárcel común al ex dictador Jorge Rafael Videla y el fallecimiento del símbolo de la represión en Tucumán, Antonio Domingo Bussi, el mismo día en que se debía iniciar un proceso en su contra.
Según el informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, se visualiza “una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país”.
El relevamiento detalla que en el transcurso de 2011 concluyeron 21 juicios, en los que se condenó a 84 personas, y que entre 2007 y 2011 se registra “un total de 799 personas procesadas, de las cuales más del 60% ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio”.
Sin embargo, en el informe de la Unidad, a cargo del fiscal Jorge Auat y que coordina Pablo Parenti, se advierten “demoras en el ámbito de la Cámara Nacional de Casación Penal para la revisión de los tribunales orales”, y que la etapa de instrucción que se observaba como principal problema a sortear “comienza a superarse en casi todo el país”.
“El proceso de juzgamiento aún presenta aspectos que deben profundizarse y a los que es necesario prestar mayor dedicación”, indican y ponen como ejemplo el rol de los funcionarios judiciales que actuaron durante el terrorismo de Estado, tarea que “ha comenzado hace muy poco” con el juicio político a magistrados vinculados con la represión como los jueces mendocinos Luis Miret y Otilio Romano.
Sobre la situación de los detenidos, el informe resalta que a lo largo del año “no se han registrado casos de personas detenidas en unidades militares” como ocurría cuando fueron reabiertas las causas de lesa humanidad.
“De las 593 personas detenidas, el 50,5% se encuentra en unidades penitenciarias, el 39,9% en detención domiciliaria, 3,8% en dependencias de fuerzas de seguridad (provinciales o nacionales), y 0,2% en hospitales”, detallan en el informe.
También la Unidad trabajó en el seguimiento de los casos de violencia sexual ocurridos durante el terrorismo de Estado y elaboró un documento con consideraciones sobre el juzgamiento, concluyendo que "no resulta correcto subsumir los abusos sexuales solamente en la figura de ‘tormentos’, como se ha realizado en algunos pronunciamientos judiciales”.
“Los abusos sexuales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes contra la humanidad y así se los debe considerar más allá de la frecuencia, sistematicidad o generalidad con que hayan ocurrido”.
En otro punto, el informe subraya que a lo largo del año “se ha sostenido la tarea de búsqueda y análisis de documentación ubicada en el Archivo Histórico de la Armada ”para permitir identificar y remitir a las fiscalías que lo requieren tanto legajos personales como actuaciones de tribunales militares en acciones represivas llevadas a cabo por la Marina.
En la misma línea, se señalan los archivos de Prefectura Nacional, que permitieron identificar elementos probatorios para investigaciones sobre los “vuelos de la muerte” utilizados para asesinar a los prisioneros arrojándolos al agua.
"La documentación obtenida permite advertir la importancia que podría tener acceder a los archivos de las fuerzas de seguridad federales (Policía, Gendarmería y Prefectura) de las diferentes delegaciones del interior del país”, remarca al mismo tiempo que menciona la importancia de la documentación aportada por el Ministerio de Defensa a las fiscalías.
En tanto, durante 2011 se abrió la instancia de investigar la complicidad civil en los delitos de lesa humanidad con la apertura de una causa penal sobre la venta de Papel Prensa a La Nación, Clarín y La Razón.
La justicia resolvió que el traspaso accionario de la familia Graiver a esas empresas deberá ser analizado en el contexto “del ataque generalizado contra la población civil materializado por medio de la intervención del aparato represivo estatal de la dictadura”.
Por otra parte, durante 2011 recuperaron su identidad tres hijos de desaparecidos: en abril las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta 103, hija de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Klotzman, desaparecidos el 2 de agosto de 1976 en la ciudad de Rosario.
En tanto, también en abril, las Abuelas anunciaban con tristeza la confirmación del asesinato de Liliana Ross, embarazada de cinco meses y medio, y con ello la muerte de su hijo o hija, quien fue el caso 104, confirmándose que el embarazo no llegó a termino.
Finalmente, en agosto Laura Reinhold Siver recuperó su identidad y su historia como hija de Susana Leonor Siver y Marcelo Carlos Reinhold, nacida en febrero de 1978, por cesárea, en el Hospital Naval.
Fuente: Télam
