Por Nicolás FurfaroLa sala de feria de la Cámara de Seguridad Social hizo lugar al recurso de queja y el gobierno ya puede tomar el control del ex RENATRE. “No hay argumentos que justifiquen evitar el funcionamiento del RENATEA”, dijo Álvaro Ruiz (Trabajo).
El gobierno nacional se encuentra en condiciones de hacer plenamente operativa la nueva Ley de Trabajo Agrario. El subsecretario de relaciones laborales del ministerio de Trabajo nacional, Álvaro Ruiz, le dijo ayer en exclusiva a Tiempo Argentino que todos los recursos judiciales que paraban la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) no tendrán validez hasta que se expida la Cámara de la Seguridad Social.
Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), había logrado evitar la disolución del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (RENATRE) mediante la presentación de recursos de amparo en nombre del organismo público y del sindicato. La jueza Ana María Rojas y el juez Alberto Ize, investigado por estafas a la ANSES, aceptaron los pedidos del sindicalista y dictaron medidas cautelares, decisión que apeló el gobierno nacional para evitar que se trabara la norma.
La ley establece que cuando una cautelar determinada en primera instancia es apelada no puede ponerse en práctica hasta tanto la Cámara se expida sobre el caso, sin embargo las medidas se encontraban vigentes. Frente a esto, el gobierno presentó un recurso de queja ante los jueces de la sala de feria de la Cámara de la Seguridad Social, Victoria Pérez Tognola y Carlos Poclava Lafuente, quienes decidieron devolver las cautelares con efecto suspensivo.
La Cámara tendrá la última palabra sobre el caso, pero hasta entonces todo debe desarrollarse tal como lo prevé la ley sancionada por el Congreso Nacional. La decisión de avanzar está en manos de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que, según pudo saber este diario, ya analizan los plazos y métodos para que se constituyan las autoridades y tomen posesión del organismo. Cabe recordar que en los primeros días de enero, el delegado normalizador, Oscar Maffe, quiso llevar adelante su tarea pero fue desafiado por un grupo de barrabravas que respondía a Venegas.
Se espera que UATRE reaccione ante esta decisión y presione a los jueces de la Cámara de Apelaciones, sin embargo en el gobierno se muestran optimistas. “No hay razones ni argumentos que justifiquen evitar el funcionamiento del RENATEA”, dijo Álvaro Ruiz a Tiempo.
BALANCES. La ley de Trabajo Agrario disolvió el RENATRE por considerar que desde su creación en 1999 no había llevado a cabo su principal tarea: velar por el respeto de los derechos de los trabajadores rurales. Los estados contables del organismo entre 2002 y 2010, a los que tuvo acceso este diario, confirman esta consideración.
De los ingresos del RENATRE en nueve años, $ 496.058.660, sólo el 0,8% correspondió a multas por infracciones de los empleadores ($ 4.166.940). Esta cifra, en un área laboral que supera el 70% de informalidad, resulta llamativa.
La duda comienza a despejarse cuando se observan los gastos. El 20% de los recursos ($ 97.386.303) fue utilizado para gastos en personal y tan sólo el 9% ($ 44.159.389) en operativos para detectar los abusos que sufren los 1,3 millones de trabajadores rurales, de los cuales el 75% no está registrado.
Para analizar estos datos debe tenerse en cuenta que tan sólo en 2011 los ocho directivos del RENATRE, cuatro de UATRE y cuatro de la Mesa de Enlace, acumularon una masa salarial de $ 3.468.978, dato que indica que gran parte de los $ 100 millones gastados en personal fue a parar a los bolsillos de unos pocos dirigentes.
De los balances también se desprende que los gastos totales significaron sólo el 72% de los ingresos ($ 354.424.578), por lo que existe un fondo de $ 141.634.082 que no fue utilizado.
Además, se observaron un conjunto de irregularidades en el funcionamiento del directorio: no existe presentación por parte de las entidades empresarias de documentación que acredite la designación de sus representantes; falta la documentación que acredita que los directores no se encuentran en alguna de las inhabilidades previstas en la normativa; no se encuentran las declaraciones juradas patrimoniales; se detectó inobservancia del directorio de las normas previstas para el tratamiento y aprobación de las inversiones y se registró la omisión del Alta de Impuestos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). <
Claves del nuevo estatuto
El nuevo Estatuto del Peón Rural significa un avance para los trabajadores del campo, que durante las últimas tres décadas sufrieron los abusos posibilitados por la norma anterior, diseñada por la dictadura civico-militar.
Entre los principales puntos de la nueva ley se encuentran la equiparación de los peones al resto de los trabajadores del sector privado al permitir la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), la regulación protectora de los aspectos propios de la actividad y la protección de los trabajadores temporarios, favoreciendo la estabilidad.
La norma brinda garantías en materia de jornada laboral, limitándola a ocho horas diarias y 44 semanales, y en los niveles de vivienda, alimentación y traslados. También se eliminan las actuales restricciones al derecho a huelga y se habilita para el ámbito rural la concertación de convenciones colectivas de trabajo.
En función de la rudeza de las tareas del campo, la norma establece el derecho a una jubilación ordinaria con 57 años de edad y 25 años de aportes. Además, hace plenamente aplicables a los trabajadores agrarios las multas y agravamientos indemnizatorios establecidos para el resto de los trabajadores de la actividad privada en materia de trabajo no registrado.
Fuente: Tiempo Argentino
