martes, 27 de marzo de 2012

Más nunca

La vacilante democracia surgida de las elecciones de octubre de 1983 ostentó varios pecados de origen. El recuerdo del gobierno de Isabel y López Rega dejó inerme al peronismo para enfrentar una nueva etapa democrática. Al menos no sin pagar un precio excesivamente alto. Diezmada la "izquierda" del peronismo por la cacería pre y post 1976, lo que llegó a las elecciones era una estructura anquilosada, infectada por elementos de la ultraderecha asesina del lopezreguismo y por remanentes de los grupos "políticos" del almirante Massera.

Por su parte, el radicalismo había escondido bajo la alfonbra alfonsinista a los viejos gorilas colaboracionistas del Partido Militar, desde 1955 en adelante. Detrás del sonriente y fresco Alfonsín, reptaban los mismos nombres que habían apoyado tanto a Aramburu como a Videla. Esta diferencia, la de contar con un "mascarón de proa" socialmente presentable y con una agradable pátina progresista, amén del enchastre sangriento del peronismo, decidió la presidencia inaugural de la nueva democracia argentina.

Hablando en términos políticos, la dictadura que terminaba sólo había logrado un objetivo: disciplinó a la sociedad por medio del terror. La aplicación del plan económico impulsado por el Departamento de Estado en el contexto de la doctrina de la seguridad continental, dictado por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, por ejemplo, tuvo una aplicación parcial (que igualmente destruyó el aparato productivo y endeudó al país a niveles desconocidos hasta entonces) debido a la resistencia del sindicalismo peronista encabezado por Saúl Ubaldini, un dirigente obrero que no había quedado embarrado por el macartismo en armas de la CGT del isabelismo.

Es decir, la razón histórica del golpe de 1976, que fue constituir un estado de cosas a gusto e interés del bloque de clases dominantes, que "borrara" al peronismo de la línea de tiempo argentina y terminara de demoler la conciencia que éste instalara en la sociedad sobre los derechos populares inalienables, no se logró ni aún masacrando a 30.000 personas. La razón coyuntural, por su parte, que fue alinear económicamente a la Argentina en los requerimientos globales del poder económico en el contexto de la dominación continental por parte de los EEUU, tampoco. En gran medida por la resistencia antes nombrada, y también por la índole delincuencial del elenco gobernante y sus asociados.

Ahora bien, en tanto continuidad histórico-ideológica de 1930, 1955 y 1966, el golpe de 1976 tuvo una amplia y profusa colaboración (militancia) civil. Como había sido siempre, el Partido Militar tenía consenso en amplios sectores de la sociedad civil, en un entramado de intereses de clase e ideología dominante que todavía persiste (ya sin la participación del factor militar) como parte del imaginario filosófico de sectores variados, que constituye una alianza operativa real, como se vio en 2008 entre sectores de la clase media urbana y la oligarquía terrateniente.

Y es este tema, la colaboración civil del golpe, la gran maniobra de ocultamiento que constituye el pecado original de la democracia argentina.

Cuadros políticos, técnicos, periodísticos y empresariales fueron la apoyatura civil de la dictadura, accionando, tanto desde las estructuras de los partidos políticos que conformaron al menos desde 1951 y más claramente desde 1955, la plataforma pública del proyecto gorila y su funcionariado, como desde la estructura del stablishment periodístico, cuyas firmas más famosas formaron parte del entramado propagandístico del autodenominado "proceso de reorganización nacional". Empresarios, asociaciones patronales, tanto agrarias como comerciales, cuadros dirigentes de la Iglesia Católica, jueces y fiscales, dirigentes sindicales y "famosos" del ambiente artístico... una larga lista de colaboracionistas que contribuyeron a convertir a un golpe militar en una instancia totalizadora, que se impuso en casi todos los sectores de la vida nacional. Denunciar y llevar a juicio semejante escala de colaboracionismo civil, estaba por fuera de los límites ideológicos del alfonsinismo, en donde, por lo demás, como se ha dicho, pervivían muchos de ellos. La teoría de los "dos demonios" implicó, entre otras cosas, la "reasignación" de las responsabilidades del genocidio y la destrucción socio-económica argentina en los mandos militares únicamente. La responsabilidad civil brilló por su ausencia.

El menemismo, por su parte, construyó una alianza estratégica con los sectores ideológicos que habían apoyado a la dictadura. El indulto a los comandantes fue una de las evidencias de esta alianza. Los viejos colaboradores refluyeron a sus originales asignaciones: propagandistas, ideólogos y funcionarios.

En la actual situación de conflicto con todas las instancias de la derecha clásica, encabezada por los medios concentrados de comunicación, el peronismo kirchnerista impuso el concepto de "golpe cívico-militar" para definir el crimen de 1976. Es una cuestión de justicia estricta y de apego por la realidad. La defensa del colaboracionismo ha quedado en la vereda de enfrente, aún en medios y en sectores políticos que en su momento mostraron respeto por la causa de los derechos humanos violados durante los años de plomo. Es una guerra dialéctica pero también ideológica: en la defensa de intereses sectoriales, se elige ignorar (cuando no directamente defender) el accionar delictivo de ciertos personajes y sectores, para no "coincidir" con las políticas que iniciara Néstor Kirchner y que hoy continúa Cristina Fernández.

Más allá de las chicanas coyunturales de la oposición política o mediática, la sociedad civil argentina no puede ni debe ceder ante semejante agujero negro de nuestra historia como Nación. Los funcionarios, partidos políticos, empresas, medios de prensa, personal eclesiástico, dirigentes sindicales, jueces, etc. que hayan sido parte activa de ese período vergonzoso, deben ser denunciados y juzgados. Se deben deslindar las responsabilidades con toda claridad, caso por caso, para no transformar la búsqueda de la justicia en una arbitraria caza de brujas. No es lo mismo un trabajador que un funcionario. No es lo mismo un empleado que un dirigente, por más que algunos salgan a cacarear para ver si con el ruido de la denuncia pueden cubrir la bosta que guardan en sus propios pantalones.
No debe haber impunidad para nadie. Eso es justicia. A 36 años del comienzo de la pesadilla, es lo menos que podemos pedir como pueblo.

Fuente: http://pensando-la-argentina.blogspot.com.ar/