Por Edgardo Mocca
La elección de una nueva conducción de la CGT no es un punto secundario de la agenda nacional. Impacta directamente sobre el mapa de la distribución de fuerzas políticas, particularmente en lo que concierne al peronismo. La importancia del conflicto entre el actual secretario general Hugo Moyano y el gobierno de Cristina Kirchner no debería, por lo tanto, ser subestimada.
El punto de partida para el examen del conflicto debería abstraer los elementos anecdóticos y personales, lo que no significa ignorarlos sino situarlos en un contexto político más general. No puede negarse que la alianza conformada entre los gobiernos kirchneristas y la cúpula cegetista estuvo apoyada tanto en razones pragmáticas como de congruencia estratégica entre las partes. El sindicalismo argentino fue colocado en estos años en el punto de mayor importancia política desde que el golpe de Estado de 1976 derrocara al gobierno de Isabel Perón. Perseguido brutalmente durante los años del terrorismo de Estado -lo que no puede esconder el hecho de la vergonzosa colaboración de sectores dirigentes del sindicalismo con el aparato dictatorial-, el movimiento obrero recuperó en 1983 la plenitud de sus derechos organizativos.
El gobierno de Raúl Alfonsín, el primero surgido de una derrota peronista en comicios limpios y sin proscripciones, situó al movimiento sindical en la agenda democratizadora bajo el signo de una ofensiva genérica contra las corporaciones. La pretensión de depurar al sindicalismo de prácticas antidemocráticas confluyó con el viejo objetivo del poder económico que apuntaba a debilitar las organizaciones sindicales, enmarcado ya entonces en el sentido común neoliberal que recorría el mundo desde fines de la década del setenta. El gobierno democrático, lejos de construir una alianza con el movimiento obrero, terminó sufriendo la dura prueba de trece paros generales convocados por la conducción cegetista en manos de Saúl Ubaldini, y estableciendo un acuerdo con los sectores menos prestigiosos del sindicalismo.
Durante los años del menemismo, el sindicalismo fue acorralado por el rumbo neoliberal y sus sectores dirigentes terminaron, en lo fundamental, validando la política de desnacionalización y apertura discriminada, a cambio de concesiones en el terreno del mantenimiento de su fuerza organizativa y, en muchos casos, de la promoción de negocios bastante alejados de su función social. Durante esos años se desarrollaron procesos de diferenciación interna con el surgimiento de una central de trabajadores alternativa opuesta a las reformas de mercado, la CTA conducida entonces por Víctor De Gennaro, y de una corriente, el MTA encabezado por Moyano, que, sin separarse orgánicamente de la CGT, desarrolló su propia política, orientada también al enfrentamiento con el curso político en marcha.
El gobierno de Néstor Kirchner rompe esa continuidad en las relaciones entre gobiernos y centrales sindicales que, en tiempos de la Alianza, quedó dramáticamente simbolizada por la escandalosa aprobación parlamentaria de una ley de flexibilización laboral, por medio del recurso al soborno de varios senadores de diferentes partidos, cuyo tratamiento judicial todavía no ha concluido. A partir de 2003 comienza la reversión del enfoque económico: de la prioridad otorgada a las garantías jurídicas y políticas a los grandes grupos económicos se pasa a una concepción que privilegia la expansión del mercado interno sobre la base fundamental de la recuperación del empleo, el mejoramiento del salario y la seguridad social, así como el incremento del protagonismo sindical a través de la reactivación de las convenciones colectivas de trabajo y del Consejo del salario mínimo, vital y móvil. No resulta extraño que, desde el comienzo de la experiencia kirchnerista, los sectores que habían animado la resistencia contra el neoliberalismo se hayan acercado a un gobierno que había modificado drásticamente la agenda laboral del Estado argentino. Es en ese contexto en el que la figura de Hugo Moyano pasa a tener un lugar de protagonismo central, primero formando parte de una conducción colegiada de la CGT y más tarde como su líder principal.
Desde el punto de vista “macropolítico” no ha sucedido nada que haya podido debilitar las razones de esa alianza. Incluso durante el primer coletazo de la grave crisis económica mundial, ocurrido desde fines de 2008, Gobierno y conducción sindical actuaron mancomunada y exitosamente en una política de reducción de daños, particularmente en la protección del empleo. El actual conflicto nació en la última etapa de la campaña electoral en la que la Presidenta buscaba su reelección. Antes de ese momento hubo lo que pueden considerarse legítimas y explicables diferencias en el marco de una actitud responsable y constructiva de la dirigencia sindical en el sensible tema de las negociaciones salariales. No es, por lo tanto, un giro antisindical o un cambio de las políticas económicas lo que puede fundar la escalada crítica que desde entonces desarrolla el moyanismo en su relación con el Gobierno. El punto de la discordia no está en las reivindicaciones laborales que se esgrimen, por legítimas y razonables que puedan ser; algunas de esas disputas, como la que tiene que ver con el piso del impuesto a las ganancias, coexistieron con el largo período de buenas relaciones mutuas.
La razón estuvo y está en la política. En aquella demanda formulada como al pasar por Moyano cuando dijo que aspiraba a que “un trabajador” llegara a ser presidente de la Nación. Entonces, en un recordado acto en el estadio de River poco antes de la muerte de Néstor Kirchner, Cristina le recordó al líder cegetista que ella trabaja desde muy joven. Cuando en el armado de las listas electorales se pasó de las consignas a los hechos, la cosecha de la “rama sindical” fue particularmente pobre. Quedó evidenciado que se estaban mezclando dos lenguajes: el de la inclusión del movimiento obrero en el corazón estratégico de la alianza social que sostiene al Gobierno y el de la disputa interna partidaria por la distribución de los recursos de poder. Un clásico tema peronista, el de la relación del movimiento obrero como columna vertebral y la conducción política del movimiento.
El Gobierno ha resuelto no ceder a las presiones moyanistas. Apuesta a la perdurabilidad del apoyo orgánico del movimiento obrero, sobre la base del sentido general de sus políticas -la nacionalización de YPF es una expresión muy acabada- aun prescindiendo de apoyos muy importantes como el que hasta hace poco recibió de la cúpula cegetista. Como otras que ha hecho y hace este Gobierno, es una apuesta que tiene sus riesgos. Sobre todo en una etapa difícil desde el punto de vista de los efectos que sobre la actividad productiva puede tener el crítico contexto internacional. No hay duda de que el “plan A” del Gobierno sería encontrar una salida del conflicto que incluya al sector político-sindical que encabeza Moyano: con todos sus matices, esta corriente tiene una trayectoria histórica que lo hace más confiable que otros a la hora de prestar apoyo a políticas públicas de contenido reindustrializador y redistributivo.
Para la actual conducción cegetista, la cuestión también tiene aristas muy complejas. Hasta aquí han sido víctimas del “síndrome de los críticos”. Es decir, del inexorable destino de quienes, después de haber estado en el centro de la escena del poder, se retiran esgrimiendo diferencias y quejas parciales: rápidamente la disidencia queda absorbida por la dinámica central del conflicto político argentino; rápidamente son abrazados -y se dejan abrazar- por quienes mantienen contra el Gobierno una batalla existencial que no acepta medias tintas y están dispuestos hoy a ver en Moyano un digno y calificado líder sindical, después de haberlo situado todos estos años en el lugar mismo del demonio.
El moyanismo podría encontrar un “lugar intermedio” cuando lo que hoy son lejanos rumores de eventuales batallas en el peronismo se conviertan en concretos ruidos de sable. Es decir, cuando en el PJ se desate la lucha por la sucesión presidencial. Ése parece ser el lugar en el que esperan reagruparse muchos de los que abandonaron su lugar en el peronismo crispado, a la espera de que resurja el peronismo del orden. Para entonces, la cuestión será si en la Argentina han madurado las condiciones para restaurar el viejo régimen político subordinado a las grandes corporaciones económicas o si el rumbo emprendido hace ocho años y hoy revitalizado por su profundización estratégica (Banco Central, YPF), alcanza la condición de consenso de época y piso estructural para cualquier proyecto político futuro.
Fuente: Revista Debate
La elección de una nueva conducción de la CGT no es un punto secundario de la agenda nacional. Impacta directamente sobre el mapa de la distribución de fuerzas políticas, particularmente en lo que concierne al peronismo. La importancia del conflicto entre el actual secretario general Hugo Moyano y el gobierno de Cristina Kirchner no debería, por lo tanto, ser subestimada.
El punto de partida para el examen del conflicto debería abstraer los elementos anecdóticos y personales, lo que no significa ignorarlos sino situarlos en un contexto político más general. No puede negarse que la alianza conformada entre los gobiernos kirchneristas y la cúpula cegetista estuvo apoyada tanto en razones pragmáticas como de congruencia estratégica entre las partes. El sindicalismo argentino fue colocado en estos años en el punto de mayor importancia política desde que el golpe de Estado de 1976 derrocara al gobierno de Isabel Perón. Perseguido brutalmente durante los años del terrorismo de Estado -lo que no puede esconder el hecho de la vergonzosa colaboración de sectores dirigentes del sindicalismo con el aparato dictatorial-, el movimiento obrero recuperó en 1983 la plenitud de sus derechos organizativos.
El gobierno de Raúl Alfonsín, el primero surgido de una derrota peronista en comicios limpios y sin proscripciones, situó al movimiento sindical en la agenda democratizadora bajo el signo de una ofensiva genérica contra las corporaciones. La pretensión de depurar al sindicalismo de prácticas antidemocráticas confluyó con el viejo objetivo del poder económico que apuntaba a debilitar las organizaciones sindicales, enmarcado ya entonces en el sentido común neoliberal que recorría el mundo desde fines de la década del setenta. El gobierno democrático, lejos de construir una alianza con el movimiento obrero, terminó sufriendo la dura prueba de trece paros generales convocados por la conducción cegetista en manos de Saúl Ubaldini, y estableciendo un acuerdo con los sectores menos prestigiosos del sindicalismo.
Durante los años del menemismo, el sindicalismo fue acorralado por el rumbo neoliberal y sus sectores dirigentes terminaron, en lo fundamental, validando la política de desnacionalización y apertura discriminada, a cambio de concesiones en el terreno del mantenimiento de su fuerza organizativa y, en muchos casos, de la promoción de negocios bastante alejados de su función social. Durante esos años se desarrollaron procesos de diferenciación interna con el surgimiento de una central de trabajadores alternativa opuesta a las reformas de mercado, la CTA conducida entonces por Víctor De Gennaro, y de una corriente, el MTA encabezado por Moyano, que, sin separarse orgánicamente de la CGT, desarrolló su propia política, orientada también al enfrentamiento con el curso político en marcha.
El gobierno de Néstor Kirchner rompe esa continuidad en las relaciones entre gobiernos y centrales sindicales que, en tiempos de la Alianza, quedó dramáticamente simbolizada por la escandalosa aprobación parlamentaria de una ley de flexibilización laboral, por medio del recurso al soborno de varios senadores de diferentes partidos, cuyo tratamiento judicial todavía no ha concluido. A partir de 2003 comienza la reversión del enfoque económico: de la prioridad otorgada a las garantías jurídicas y políticas a los grandes grupos económicos se pasa a una concepción que privilegia la expansión del mercado interno sobre la base fundamental de la recuperación del empleo, el mejoramiento del salario y la seguridad social, así como el incremento del protagonismo sindical a través de la reactivación de las convenciones colectivas de trabajo y del Consejo del salario mínimo, vital y móvil. No resulta extraño que, desde el comienzo de la experiencia kirchnerista, los sectores que habían animado la resistencia contra el neoliberalismo se hayan acercado a un gobierno que había modificado drásticamente la agenda laboral del Estado argentino. Es en ese contexto en el que la figura de Hugo Moyano pasa a tener un lugar de protagonismo central, primero formando parte de una conducción colegiada de la CGT y más tarde como su líder principal.
Desde el punto de vista “macropolítico” no ha sucedido nada que haya podido debilitar las razones de esa alianza. Incluso durante el primer coletazo de la grave crisis económica mundial, ocurrido desde fines de 2008, Gobierno y conducción sindical actuaron mancomunada y exitosamente en una política de reducción de daños, particularmente en la protección del empleo. El actual conflicto nació en la última etapa de la campaña electoral en la que la Presidenta buscaba su reelección. Antes de ese momento hubo lo que pueden considerarse legítimas y explicables diferencias en el marco de una actitud responsable y constructiva de la dirigencia sindical en el sensible tema de las negociaciones salariales. No es, por lo tanto, un giro antisindical o un cambio de las políticas económicas lo que puede fundar la escalada crítica que desde entonces desarrolla el moyanismo en su relación con el Gobierno. El punto de la discordia no está en las reivindicaciones laborales que se esgrimen, por legítimas y razonables que puedan ser; algunas de esas disputas, como la que tiene que ver con el piso del impuesto a las ganancias, coexistieron con el largo período de buenas relaciones mutuas.
La razón estuvo y está en la política. En aquella demanda formulada como al pasar por Moyano cuando dijo que aspiraba a que “un trabajador” llegara a ser presidente de la Nación. Entonces, en un recordado acto en el estadio de River poco antes de la muerte de Néstor Kirchner, Cristina le recordó al líder cegetista que ella trabaja desde muy joven. Cuando en el armado de las listas electorales se pasó de las consignas a los hechos, la cosecha de la “rama sindical” fue particularmente pobre. Quedó evidenciado que se estaban mezclando dos lenguajes: el de la inclusión del movimiento obrero en el corazón estratégico de la alianza social que sostiene al Gobierno y el de la disputa interna partidaria por la distribución de los recursos de poder. Un clásico tema peronista, el de la relación del movimiento obrero como columna vertebral y la conducción política del movimiento.
El Gobierno ha resuelto no ceder a las presiones moyanistas. Apuesta a la perdurabilidad del apoyo orgánico del movimiento obrero, sobre la base del sentido general de sus políticas -la nacionalización de YPF es una expresión muy acabada- aun prescindiendo de apoyos muy importantes como el que hasta hace poco recibió de la cúpula cegetista. Como otras que ha hecho y hace este Gobierno, es una apuesta que tiene sus riesgos. Sobre todo en una etapa difícil desde el punto de vista de los efectos que sobre la actividad productiva puede tener el crítico contexto internacional. No hay duda de que el “plan A” del Gobierno sería encontrar una salida del conflicto que incluya al sector político-sindical que encabeza Moyano: con todos sus matices, esta corriente tiene una trayectoria histórica que lo hace más confiable que otros a la hora de prestar apoyo a políticas públicas de contenido reindustrializador y redistributivo.
Para la actual conducción cegetista, la cuestión también tiene aristas muy complejas. Hasta aquí han sido víctimas del “síndrome de los críticos”. Es decir, del inexorable destino de quienes, después de haber estado en el centro de la escena del poder, se retiran esgrimiendo diferencias y quejas parciales: rápidamente la disidencia queda absorbida por la dinámica central del conflicto político argentino; rápidamente son abrazados -y se dejan abrazar- por quienes mantienen contra el Gobierno una batalla existencial que no acepta medias tintas y están dispuestos hoy a ver en Moyano un digno y calificado líder sindical, después de haberlo situado todos estos años en el lugar mismo del demonio.
El moyanismo podría encontrar un “lugar intermedio” cuando lo que hoy son lejanos rumores de eventuales batallas en el peronismo se conviertan en concretos ruidos de sable. Es decir, cuando en el PJ se desate la lucha por la sucesión presidencial. Ése parece ser el lugar en el que esperan reagruparse muchos de los que abandonaron su lugar en el peronismo crispado, a la espera de que resurja el peronismo del orden. Para entonces, la cuestión será si en la Argentina han madurado las condiciones para restaurar el viejo régimen político subordinado a las grandes corporaciones económicas o si el rumbo emprendido hace ocho años y hoy revitalizado por su profundización estratégica (Banco Central, YPF), alcanza la condición de consenso de época y piso estructural para cualquier proyecto político futuro.
Fuente: Revista Debate
