Otro aporte de Lorenzetti y sus secuases al plan de ajuste de Macri
Mientras Lorenzetti y los demás cortesanos brindaban con los periodistas por el fin de año cuarenta días antes de que el año termine (pero a dos días de las elecciones que ganó Macri) la Corte dio a conocer otro fallo más que se suma al de YPF y la ratificación de la cautelar de Clarín para no adecuarse a la ley de medios.
En realidad son 3 fallos, dos en las demandas promovidas por Santa Fe y San Luis contra la Nación por el descuento del 15 % de la coparticipación que se destina a la ANSES para pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares (incuyendo la AUH), y el otro despachando favorablemente una cautelar interpuesta por Córdoba para que se le dejen de descontar fondos por el mismo concepto.
Acá en el sitio del Poder Judicial de la Nación puede acceder a los textos de los fallos, de los que no nos vamos a detener en lo estrictamente jurídico (aunque algo se diga más abajo al respecto) por una sencilla razón: los mismos argumentos (legales y de hecho) que la Corte toma en cuenta para decidir los tenía ya en el año 2010, cuando las partes (nación y provincias) habían finalizado sus presentaciones, y hecho sus respectivos alegatos; e incluso había dictaminado en julio del 2012 el Procurador General subrogante González Warcalde (no estaba Gils Carbó designada, aclaramos por las dudas) en contra del planteo de Santa Fe.
Más aun: en el año 2009 Santa Fe planteó una cautelar exactamente igual a la que ahora falló a favor de Córdoba para que se le suspendieran los descuentos, y la Corte no la despachó porque no vio que se acreditara "el peligro en la mora". ¿Qué ha cambiado desde entonces, salvo los resultados de las elecciones del domingo, donde Macri sacó en Córdoba más del 71 % de los votos?
La actual afectación del 15 % de la coparticipación (no nos vamos a cansar de repetirlo: de la parte que le corresponde a la nación, y de la del conjunto de las provincias, no sólo las que reclamaron) que va a la ANSES viene del artículo 76 de la Ley 26078 (2005); que tuvo en Diputados 153 votos a favor (o sea más de la mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara que exige el artículo 75 inciso 3) de la Constitución para esos casos) y sólo 28 votos en contra.
Entre los votos a favor estuvo el de Binner (por entonces diputado) que luego siendo gobernador inició la demanda para declarar inconstitucional la ley, y entre los votos en contra, los de todos los diputados del PRO (una se abstuvo), los de la Coalición Cívica (por entonces ARI) y algunos radicales (los otros se abstuvieron o se ausentaron): o sea, "Cambiemos" en pleno. Acá pueden ver el acta respectiva. Los fallos fueron firmados por Lorenzetti, Fayt y Maqueda, sin que se sepa que pasó con Highton de Nolasco, que venía votando en disidencia las últimas sentencias más polémicas de la Corte.
¿Hace falta destacar los vínculos del presidente de la Corte con Ernesto Sanz (el frustrado ministro de Justicia de Macri) y los de Maqueda con De La Sota, tentado por estas horas por Macri para ser su canciller? ¿Habrá puesto como condición que saliera éste fallo para aceptar el ofrecimiento?
Otro dato de color (turbio): a Santa Fe la patrocinaban el estudio jurídico de Ricardo Gil Lavedra (que suena tanto para reemplazar a Sanz en Justicia, como para ir a la Corte propuesto por Macri) y el estudio Bouzat, Rozenkrantz y Asociados; los mismos que le "armaron" a Clarín el plan de "adecuación voluntaria" a la ley de medios que el AFSCA rechazó por "trucho", dando lugar a la adecuación de oficio, hoy suspendida por otra cautelar, validada por la Corte la semana pasada.
Para tener una idea sobre como impactará el fallo en las finanzas de la ANSES vamos a las cifras del presupuesto 2016 aprobado por el Congreso: sobre un total de 679.000 millones (todas las cifras son redondeadas) los impuestos coparticipables afectados representan 179.000 millones, de los que más o menos 101.000 millones aportan las provincias (hay que dar por descontado que todas las demás que no hicieron juicio lo harán ahora a partir del fallo de la Corte), y los otros 78.000 la nación.
El presupuesto considera un superávit de la ANSES de algo más de 40.000 millones, o sea que si se la priva de esos recursos -contra lo que sostiene el fallo- pasaría a tener déficit; sin contar con que el Tesoro nacional ya aporta (siempre según las cifras para el 2016) casi 138.000 millones para completar los recursos que la ANSES tiene para afrontar sus gastos (de los cuáles el 97,77 % son jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares). O sea que el Estado tendrá que echar mano de otros recursos para poder pagar todos los meses los beneficios (veremos las ideas que la Corte aporta en el mismo fallo).
Pero también el fallo afecta los futuros aumentos según la Ley 26.417 (que la Corte cita en el fallo con total cinismo) de movilidad semestral de los haberes, y que ahora se aplica también a los aumentos de la AUH: hemos explicado acá que la "formulita" que determina los aumentos tiene en cuenta la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad registrados en la seguridad social (en blanco), los aportes personales de esos trabajadores y la contribución patronal de sus empleadores, y la parte de la recaudación de impuestos afectada específicamente a financiar la seguridad social, todo dividido por el número de beneficiarios del sistema.
Es decir que el próximo aumento de haberes de los jubilados y pensionados y de la AUH (el de marzo, de acuerdo a las leyes) ya va a ser menor de lo que era hasta hoy, como consecuencia del fallo; porque la ANSES tendrá menos recursos.
Y va a tener menos aun: en la conferencia de prensa de ayer preguntado por Ganancias Macri (que había prometido en campaña que nadie que no lo pagara en el 2007 lo pagará ahora) "cambió" y habló de "ajustar el mínimo no imponible por la inflación", sin decir desde cuando.
De todos modos, "ajustar Ganancias por inflación" suena a música para los oídos de los empresarios: lo vienen reclamando hace años, y se los prometió el propio Macri en el último coloquio de IDEA. Señalamos el dato porque de esos 179.000 millones de impuestos coparticipables que van a la ANSES, más de 96.000 millones los aporta Ganancias, de los trabajadores, pero sobre todo de las empresas.
La Corte le tira dos ideas a la ANSES en el fallo para cubrir el "bache" que le crea: que el organismo revise sus "Gastos figurativos", y que apele al Fondo de Garantía de Sustentabilidad si no le alcanzan los recursos para pagar las jubilaciones, pensiones y asignaciones todos los meses.
En lo que no reparó es que los "Gastos figurativos" comprenden los aportes de la ANSES al PAMI, el pago de los jubilados y pensionados provinciales de las Cajas previsionales transferidas a la Nación (las de 13 provincias), las pensiones no contributivas y los aportes que se le hacen al Ministerio de Salud para que esos pensionados sean atendidos en los hospitales públicos. O sea, desvistieron un santo y para resolverlo, le proponen desvestir a un montón.
La propuesta (impropia además de un tribunal, que no gobierna sino que debe decidir causas judiciales) de usar los recursos del FGS para pagar las jubilaciones, pensiones y asignaciones es un disparate económico: baste decir que todo el Fondo no es líquido (o sea disponible de inmediato), y aun siéndolo alcanzaría para poco más de un año de beneficios previsionales. ¿Cómo seguiría luego la cosa, cuando esos recursos ya no estén?
Lo que no sería nada raro es que el próximo gobierno (que tiene la excusa perfecta para ajustar el gasto previsional y suspender las leyes de movilidad de las jubilaciones y la AUH, o dejarlas que arrojen un índice menor sin ensuciarse las manos) apele por ejemplo a vender las acciones del Estado en las empresas en las que la ANSES tiene participaciones accionarias, para pagarles a Santa Fe y San Luis (y detrás por efecto cascada a las demás provincias) el retroactivo por los descuentos de impuestos ahora declarados inconstitucionales, desde el 1º de enero del 2006 para acá; o para pagar las jubilaciones y pensiones.
Que es ni más ni menos que lo que propusieron los economistas de la Fundación Pensar, según veíamos acá. Sería una vuelta al menemismo explícito, privatizar empresas (o vender la participación estatal en ellas) para pagar deudas, o para "pagarles a los jubilados". Dado que tendrían que sortear la "ley cepo" que Cristina aprobó al efecto (y a la cual todo "Cambiemos" se opuso) ¿quién votaría en contra, si le tiran encima a los jubilados que quieren cobrar?
En fin, no digan que no les avisamos.
Fuente: Nestornautas
