Medio gabinete compró contratos de dólar futuro, sabiendo que apenas llegaran al gobierno iban a devaluar.
El único funcionario que no tiene conflictos de intereses que violen la ley de ética pública debe ser Barañao, que lo heredaron del gobierno de Cristina.
La primera obra pública que adjudicó el gobierno de Macri -por casi 800 millones de pesos- fue a Niky Caputo, su "hermano de la vida", y supuesto deudor.
Sacaron los controles cruzados de las operaciones de comercio exterior entre la Aduana y el Banco Central, que permitían detectar maniobras de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones.
Archivaron más de 100.000 causas por infracciones a la ley penal cambiaria que tramitaba el Banco Central, y desmantelaron el área de control de lavado de dinero que había allí.
Echaron a la tercera parte del personal de la Unidad de Información Financiera (UIF), y pusieron al frente a dos abogados y asesores de empresas con causas por lavado.
Duplicaron de 10 a 20 millones el monto a partir del cual es obligatorio para los bancos y estudios contables reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Eliminaron el registro de los fideicomisos en la Inspección General de Justicia, y quieren traspasarla a la ciudad de Buenos Aires, para controlar la creación y registro de sociedades.
Al presidente le descubren cuentas y sociedades off shore en Panamá, y dice que ya no funcionaban más hace años, pese a que se comprobó luego que sí.
Una semana después del hallazgo Socma (la empresa controlante del hólding familiar de los Macri) dejó de cotizar en bolsa, con lo cual ya no estará sometida a fiscalización estatal permanente y no tendrá que brindar información a la Comisión Nacional de Valores.
Macri dijo que puso sus bienes en un fideicomiso ciego administrado por gente con la cual él no iba a tener contacto, y le encargó que se lo arma al escribano general de gobierno, nombrado por él al asumir.
Cuando después le apareció una cuenta en Bahamas que no estaba en su declaración jurada, dijo que traía la guita al país, e iba a invertirla en letras del Tesoro; cagándose en el fideicomiso ciego y en los conflictos de intereses.
Declararon la "emergencia en seguridad" para contratar en forma directa y secreta -sin licitación y sin publicación en el Boletín Oficial- la compra de insumos y equipamiento para las fuerzas de seguridad.
Aranguren le adjudicó 7 de 8 licitaciones de gas oil de Camessa y 5 de 9 de gas líquido de Enarsa a Shell -la empresa de la que es accionista- y pagó el gas de Chile un 128 % más caro.
Modificaron la reglamentación de la ley de inteligencia, para que todos los fondos que invierte la AFI de su presupuesto sean considerados "reservados", y en consecuencia los espías no deban rendir cuenta de ni siquiera un centavo de lo que gastan.
Modificaron el régimen de redeterminación de precios de los contratos de obra pública que estaba vigente desde el 2002, disminuyendo del 10 al 5 % el porcentaje de aumento de los insumos que habilita a los contratistas a pedir reajuste de precios.
Levantaron un 650 % el tope para que sea obligatorio hacer licitación pública previo a los contratos del Estado, incluyendo las obras públicas.
Lanzaron un blanqueo de capitales que -en su versión original- incluía a los funcionarios públicos, y penalizaba con la cárcel a los que divulgaran datos de los que blanquearon.
Cuando los descubrieron dieron marcha atrás, sin avisarle a Vidal que sacó un decreto diciendo lo mismo para los que divulgaran datos de las declaraciones juradas de sus funcionarios.
El blanqueo incluye a los familiares directos de los funcionarios -como el primo Angelo Calcaterra- y flexibiliza las normas anti-lavado, liberando a los bancos de la obligación de pedirles a sus clientes que blanqueen, información sobre el origen de los fondos.
En medio del debate del blanqueo en Diputados, de madrugada y sin que hubiera estado planteado antes en la discusión, transfirieron la UIF del Ministerio de Justicia a Hacienda y Finanzas; siendo Prat Gay uno de los involucrados en el caso de las 4040 cuentas del HSBC en Suiza.
Todo eso en apenas 6 meses de gobierno. Y nos quieren hacer creer que "les indigna la corrupción".
Háganse lavar las patas.
Fuente: Nestornautas
