Sesiones extraordinarias: Avanzan tres proyectos claves del Ejecutivo NacionalDos iniciativas claves del Ejecutivo Nacional obtuvieron dictamen favorable en el plenario de comisiones de la Cámara baja: la que limita la tenencia de la tierra en manos de extranjeros y la que regula la producción, comercialización y distribución del papel para diarios. Ambos proyectos serán debatidos este miércoles junto al del Presupuesto 2012 en una jornada parlamentaria que podría extenderse hasta el viernes. La iniciativa conocida como Ley de Tierras incorporó modificaciones a su texto, entre ellas se destaca el límite para la posesión de tierras rurales a extranjeros que –de no sufrir nuevos cambios en el recinto– se redujo del 20 por ciento original al 15. Se espera que tanto esta última como las otras dos iniciativas obtengan media sanción entre este miércoles y el viernes próximo.
El papel
En cuanto a la iniciativa que pretende declarar de interés público la producción, comercialización y distribución del papel para diarios, el dictamen insiste con el proyecto original enviado a fines de agosto de 2010, que incluye además el marco regulatorio impulsado por el Poder Ejecutivo en octubre de ese mismo año.
Según el texto, el marco regulatorio tiene por objeto "asegurar para la industria nacional la fabricación, comercialización y distribución regular y confiable de pasta celulosa para papel de diario", el cual será aplicable a personas físicas y jurídicas con domicilio en el país.
Entre otras cuestiones, el proyecto establece la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y papel, integrada por 8 senadores y 8 diputados de diferentes bloques parlamentarios.
Dispone además que el Ministerio de Economía será la autoridad de Aplicación de la norma, el cual tendrá a su cargo controlar el marco regulatorio, y contará con el asesoramiento de una Comisión Federal Asesora, integrada por un representante de los diarios de cada provincia; uno de las entidades de consumidores y 3 de los trabajadores.
Asimismo, en uno de sus últimos artículos, el texto establece que la empresa Papel Prensa "deberá operar a pleno de su capacidad operativa o de la demanda interna de papel" y presentar cada 3 años un plan de inversiones tendientes a satisfacer la demanda interna de papel de diarios.
En sus fundamentos, el proyecto hace referencia a que la producción de papel de diario "constituye una actividad absolutamente relevante por su contribución de carácter directo a la existencia de las publicaciones de las que depende buena parte de la transmisión cultural y periodística en las sociedades modernas".
Finalmente, el proyecto aclara que la norma "tiene por finalidad tutelar los derechos a la información, a la instrucción, a la libre expresión y al trabajo, todo ello en un marco de trato equitativo y digno".
La tierra
El dictamen del oficialismo, que también contó con el aval de Felipe Solá y los peronistas de San Luis, incluyó las modificaciones que habían propuesto los legisladores que hoy integran el Frente Amplio Progresista (FAP), durante la discusión que se dio en el año. En esta oportunidad, el bloque no acompañó el dictamen.
“Tenemos que proteger un recurso estratégico no renovable. Tiempo atrás, habíamos sido advertidos sobre la aparición de personas físicas o jurídicas que adquirían cientos de miles de hectáreas. Debemos evitar estas situaciones, pero sin un tinte xenófobo”, afirmó Cigogna durante el inicio del debate.
El proyecto que busca regular la tenencia de la tierra en manos extranjeras fue enviado por el Poder Ejecutivo en abril de 2011. La iniciativa había sido anunciada por la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el inicio de las sesiones ordinarias de este año. Sin embargo, su proceso de escritura había arrancado en noviembre de 2010.
Para su armado, el Ministerio de Agricultura conformó un equipo multidisciplinario (ingenieros agrónomos, abogados, antropólogos, etc.) que trabajó a la par del abogado Eduardo Barcesat y el especialista en derecho agrario Aldo Casella, uno de los letrados consultado por la Federación Agraria para armar sus proyectos de ley.
El proyecto que decidió poner en discusión el Ejecutivo es, en realidad, el resultado de algunas sugerencias que habían sido formuladas por la legisladora con mandato cumplido Verónica Benas, primero del bloque SI y luego del FAP. La norma especifica que se entenderá por tierras rurales “todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino”.
Los límites más taxativos fijan un 15 por ciento como tope máximo para vender a titulares extranjeros, ya sean personas físicas o jurídicas. En el proyecto original, el límite era del 20 por ciento. Otra novedad es que ese límite se hace extensivo a los municipios, departamentos y provincias. Uno de los temas más cuestionados tenía que ver con el límite de mil hectáreas como tope máximo para cada comprador.
La oposición quería incluir la definición de unidades productivas, pero el Ejecutivo rechazó ese término. Sin embargo, se aceptó especificar el límite de mil hectáreas “o una superficie equivalente”. Para fijar esta equivalencia, el Consejo Interministerial de Tierras Rurales deberá tener en cuenta la localización de las tierras, así como también la capacidad y calidad para su uso.
Por otro lado, la norma indica que las operaciones de compraventa de tierras no pueden ser consideradas una inversión. Este artículo tiene por objetivo evitar cualquier cuestionamiento ante el Ciadi. El diputado del radicalismo Ulises Forte, hombre de la Federación Agraria, cuestionó el dictamen y reclamó una ley integral de tierras. “Una cosa es que la mayoría numérica imponga un debate y otra es que te impongan una cuestión casi dictatorial del tipo ‘si tenemos los votos no escuchamos a nadie más”, señaló Forte.
El actual ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, afirmó el pasado lunes que este proyecto representaba el primer paso de un conjunto de normativas que deberían abocarse a resolver “los conflictos alrededor de la tierra, como son las ocupaciones indebidas de campos, alquileres y la situación de los pueblos originarios”.
Fuentes: Télam, Página 12, Redacción Rosario
