En estos días, y con motivo del Plan Precios Cuidados, estamos asistiendo a una situación de toma de conciencia social. La política de precios implementada por el Gobierno Nacional, tiene el objetivo de resguardar el poder adquisitivo del salario, en el marco de ofensivas económicas y cambiarias de los grupos concentrados.
Pero más allá de la defensa del bolsillo de la gente, la medida ha tenido otro efecto muy importante: un extenso sector social empieza a observar un componente de la economía que antes pasaba desapercibido, y que es la rentabilidad, la altísima tasa de ganancias que obtienen algunas empresas en la comercialización de sus productos, empresas formadoras de precios que son principales protagonistas del proceso inflacionario.
Hay algo en lo que la gente ahora repara, y que es la diferencia de precios que se observa entre los elevados valores de determinados productos, en comparación con artículos similares incluidos en el plan de Precios Cuidados.
Y la conclusión es sencillla: si los productos incluídos en el acuerdo otorgan una rentabilidad razonable a productores y comercializadores, eso pone en evidencia que los productos de precios mayores generan una ganancia de porcentajes extraordinarios. Así se visibiliza un tema que las empresas formadoras de precios siempre ocultaron, y que es su altísima tasa de rentabilidad, obtenida a través de su posición dominante en el mercado.
Esas empresas monopólicas, se apropian a través de la cadena de comercialización, primero de una parte de la ganancia de los productores o de otras empresas de menor tamaño, las que les venden materia prima o insumos, obligándoles a vender a precios muy bajos, porque de otro modo, los eliminan como proveedores. Y después de comprar a precios bajos, venden al consumidor a precios muy elevados, acordando con sus competidores, un precio al público dentro de cada rubro o segmento, para que nadie ofrezca esos bienes a un precio inferior a la alta tasa de ganancia que ellos fijan. Y fijando y elevando precios, son quienes generan y alimentan la inflación.
Esto es lo que la gente ha comenzado a ver, a entender.
El kircherismo, aferrado siempre a la crispación y al enfrentamiento, viene ahora a poner sobre la mesa, un elemento crucial para entender el proceso económico: que la inflación es una manifestación económica del conflicto entre el poder de compra y la tasa de ganancia empresaria.
En la distribución de la renta de un país, los trabajadores pugnan por mejorar su poder adquisitivo mediante el aumento del salario, mientras los empresarios buscan incrementar su participación en la renta nacional a través de la elevación de sus ganancias, que consiguen aumentando el precio de los bienes. Solamente mediante aumentos de precios. Esperar que el empresariado monopólico se planteara aumentar sus ganancias a través de una mayor producción y más volumen de ventas sin incrementar precios, es ingenuo.
Por eso, el conflicto distributivo determina el proceso inflacionario. Y en una economía concentrada, con empresas monopólicas formadoras de precios en distintos sectores de la producción y de la comercialización, responsabilizar del proceso inflacionario solo al déficit fiscal o a la emisión monetaria, es una muestra que se desconocen conceptos básicos y variables elementales del proceso económico.
O bien, ese discurso, que al fin siempre persigue un ajuste, se hace a pedido de grupos económicos que pretenden seguir pasando desapercibidos en sus ganancias y ofensivas inflacionarias, para continuar apropiándose del excedente económico, mientras se le echa la culpa al Estado. Por eso, saturan los canales de televisión y radios, con desfiles de “economistas” como Melconián, Broda y otros empleados de grupos concentrados, haciendo discursos propios de la economía del siglo XVIII, o intentando resucitar teorías monetaristas pensadas desde y para los países centrales, las que a esta altura, solo se exhiben en el museo del fracaso.
En esa puja entre el poder de compra y la tasa de ganancia empresaria, tenemos sectores opositores que para evitar el aumento de precios, proponen publicamente bajar los salarios. No les interesa analizar la tasa de ganancia empresaria, y muchos menos limitarla. En la puja distributiva, se paran del lado de las empresas monopólicas, mientras se dicen progresistas.
En cambio, el kirchnerismo, conflictivo como siempre, se para en la otra vereda. Para eso, tuvo la insolencia de haber recuperado el Estado, y dentro de éste, su rol como distribuidor de la riqueza, a través de medidas como la reinstauración de las paritarias, de la asignación universal o de las nuevas jubilaciones. El ADN del peronismo. Y también decidió que ese Estado recuperado, debe intervenir en la economía, porque como lo sintetizaba Perón, "La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo o queda en manos de las corporaciones".
Y por eso, ante los aumentos de precios tras la devaluación del mes de Enero, no solo el sector de alimentos y bebidas, sino también el metalúrgico y el siderúrgico, deberán informar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sobre su estructura de costos, niveles de producción, precios y datos en general sobre su actividad.
Casi 200 empresas fueron citadas por el organismo, porque el artículo 42 de la Constitución Nacional establece la obligación del Estado de proteger a los consumidores, y por eso las empresas deberán justificar sus aumentos y mostrar su estructura de costos. Y explicar por qué no están en condiciones de mantener los precios de los bienes o servicios que ofrecen.
Y se podrán aplicar sanciones económicas, si en una de esas, solo posiblemente, quizás, los incrementos aplicados a los productos, no se condicen con la variación de costos que se produjeron, y por lo tanto, se elevó aún más la tasa de ganancia empresaria, elevando artificialmente los precios y generando inflación.
Fuente: Nestornautas
Pero más allá de la defensa del bolsillo de la gente, la medida ha tenido otro efecto muy importante: un extenso sector social empieza a observar un componente de la economía que antes pasaba desapercibido, y que es la rentabilidad, la altísima tasa de ganancias que obtienen algunas empresas en la comercialización de sus productos, empresas formadoras de precios que son principales protagonistas del proceso inflacionario.
Hay algo en lo que la gente ahora repara, y que es la diferencia de precios que se observa entre los elevados valores de determinados productos, en comparación con artículos similares incluidos en el plan de Precios Cuidados.
Y la conclusión es sencillla: si los productos incluídos en el acuerdo otorgan una rentabilidad razonable a productores y comercializadores, eso pone en evidencia que los productos de precios mayores generan una ganancia de porcentajes extraordinarios. Así se visibiliza un tema que las empresas formadoras de precios siempre ocultaron, y que es su altísima tasa de rentabilidad, obtenida a través de su posición dominante en el mercado.
Esas empresas monopólicas, se apropian a través de la cadena de comercialización, primero de una parte de la ganancia de los productores o de otras empresas de menor tamaño, las que les venden materia prima o insumos, obligándoles a vender a precios muy bajos, porque de otro modo, los eliminan como proveedores. Y después de comprar a precios bajos, venden al consumidor a precios muy elevados, acordando con sus competidores, un precio al público dentro de cada rubro o segmento, para que nadie ofrezca esos bienes a un precio inferior a la alta tasa de ganancia que ellos fijan. Y fijando y elevando precios, son quienes generan y alimentan la inflación.
Esto es lo que la gente ha comenzado a ver, a entender.
El kircherismo, aferrado siempre a la crispación y al enfrentamiento, viene ahora a poner sobre la mesa, un elemento crucial para entender el proceso económico: que la inflación es una manifestación económica del conflicto entre el poder de compra y la tasa de ganancia empresaria.
En la distribución de la renta de un país, los trabajadores pugnan por mejorar su poder adquisitivo mediante el aumento del salario, mientras los empresarios buscan incrementar su participación en la renta nacional a través de la elevación de sus ganancias, que consiguen aumentando el precio de los bienes. Solamente mediante aumentos de precios. Esperar que el empresariado monopólico se planteara aumentar sus ganancias a través de una mayor producción y más volumen de ventas sin incrementar precios, es ingenuo.
Por eso, el conflicto distributivo determina el proceso inflacionario. Y en una economía concentrada, con empresas monopólicas formadoras de precios en distintos sectores de la producción y de la comercialización, responsabilizar del proceso inflacionario solo al déficit fiscal o a la emisión monetaria, es una muestra que se desconocen conceptos básicos y variables elementales del proceso económico.
O bien, ese discurso, que al fin siempre persigue un ajuste, se hace a pedido de grupos económicos que pretenden seguir pasando desapercibidos en sus ganancias y ofensivas inflacionarias, para continuar apropiándose del excedente económico, mientras se le echa la culpa al Estado. Por eso, saturan los canales de televisión y radios, con desfiles de “economistas” como Melconián, Broda y otros empleados de grupos concentrados, haciendo discursos propios de la economía del siglo XVIII, o intentando resucitar teorías monetaristas pensadas desde y para los países centrales, las que a esta altura, solo se exhiben en el museo del fracaso.
En esa puja entre el poder de compra y la tasa de ganancia empresaria, tenemos sectores opositores que para evitar el aumento de precios, proponen publicamente bajar los salarios. No les interesa analizar la tasa de ganancia empresaria, y muchos menos limitarla. En la puja distributiva, se paran del lado de las empresas monopólicas, mientras se dicen progresistas.
En cambio, el kirchnerismo, conflictivo como siempre, se para en la otra vereda. Para eso, tuvo la insolencia de haber recuperado el Estado, y dentro de éste, su rol como distribuidor de la riqueza, a través de medidas como la reinstauración de las paritarias, de la asignación universal o de las nuevas jubilaciones. El ADN del peronismo. Y también decidió que ese Estado recuperado, debe intervenir en la economía, porque como lo sintetizaba Perón, "La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo o queda en manos de las corporaciones".
Y por eso, ante los aumentos de precios tras la devaluación del mes de Enero, no solo el sector de alimentos y bebidas, sino también el metalúrgico y el siderúrgico, deberán informar a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, sobre su estructura de costos, niveles de producción, precios y datos en general sobre su actividad.
Casi 200 empresas fueron citadas por el organismo, porque el artículo 42 de la Constitución Nacional establece la obligación del Estado de proteger a los consumidores, y por eso las empresas deberán justificar sus aumentos y mostrar su estructura de costos. Y explicar por qué no están en condiciones de mantener los precios de los bienes o servicios que ofrecen.
Y se podrán aplicar sanciones económicas, si en una de esas, solo posiblemente, quizás, los incrementos aplicados a los productos, no se condicen con la variación de costos que se produjeron, y por lo tanto, se elevó aún más la tasa de ganancia empresaria, elevando artificialmente los precios y generando inflación.
Fuente: Nestornautas
