Por si no alcanzan los senadores de la Fapnelco, llegan el periodismo independiente y los agrogarcas en ayida del ajuste previsional en Santa Fe

Si algo hay que reconocerle al socialismo es su habilidad para distribuir guita en determinados lugares para que les garantice apoyos necesarios para poder impulsar medidas "amargas" -como la reforma el sistema jubilatorio provincial-; y que no se note que la idea original la tuvieron ellos, o para que no se hable de lo que ellos no quieren hablar directamente.

Y así como reparten la Fapnelco de los subsidios entre todos los senadores y consiguen -como contábamos acá- que sean algunos del PJ los que den el puntapié inicial para "hacer algo con el déficit de la Caja de Jubilaciones", pasa lo mismo con el "periodismo independiente"; que a cambio de la pauta que reciben sus medios se presta gustoso a replicar los argumentos falaces del oficialismo provincial; sin tomarse el más mínimo trabajo de corroborar si tienen algún asidero real.

Así hacen de gustosos de "movileros" de Bonfatti, interpelando a todos los que se oponen a las iniciativas del gobierno (aun de aquéllas en las que deja que otros tiren la piedra, y esconde la mano, como es éste caso), como leemos en el diario del Loco Lindo: "La sola posibilidad de que la Legislatura constituya una Comisión Bicameral para analizar una eventual reforma previsional -algo que requiere del consenso de las dos Cámaras y de un arduo debate entre bloques y dirigentes del oficialismo y la oposición-, ya disparó la alarma en los gremios reunidos en la Intersindical Estatal.

Las caras serias de esta mañana de los dirigentes gremiales -la mayoría enrolados en el Kirchnerismo- mostraban una doble incomodidad. Por una parte, son justicialistas los senadores que impulsan la Comisión; por otra, los senadores oficialistas, el vicegobernador Jorge Henn y el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, les han recordado que es el gobierno nacional quien le debe a Santa Fe unos 2.000 millones de pesos, precisamente porque en los ’90 no fue transferida la Caja, cuyos beneficiarios son sus afiliados. Y que con ese mismo argumento se le descuenta el 13% de su coparticipación."

Por si no fueron claros el cronista (que es el mismo que en su momento justificaba los tarifazos de la EPE por el "federalismo eléctrico", aunque la nación sostenga los subsidios a las tarifas) le pregunta a Claudio Leoni (de FESTRAM): "Es justo que el gobierno nacional descuente a Santa Fe el 13% de su coparticipación sin que se compense el déficit de su Caja?".

O sea que la culpa la tiene la nación que no financia el déficit de la Caja y le descuenta a Santa Fe (al parecer solo a ella) el 13 % de la coparticipación, y los gremios no dicen nada porque son todos kirchneristas; salvo UPCN, que la nota se encarga de aclarar que no forma parte de la intersindical. A lo mejor no saben que luego de su paso por el PRO, volvieron al FPV; o sí saben que le dio un guiño al intento del socialismo de modificar el régimen previsional de la provincia.

A riesgo de aburrir a los lectores pero dada la persistencia en confundir peras con manzana (a esta altura es difícil precisar si deliberadamente o simplemente por burros, probablemente haya de las dos cosas), nos permitimos volver a recomendar otra vez la lectura del documento conjunto que en su momento elaboráramos con los compañeros del Movimiento Evita (pueden verlo y bajarlo acá); en el que -entre otras- se tratan estas cuestiones. 

El ofrecimiento también vale para los compañeros de las organizaciones sindicales y legisladores del PJ en ambas Cámaras, porque cuando le echan la culpa de todo al gobierno nacional parece que nunca tienen a mano argumentos para responder.

Para empezar, diremos que un porcentaje de la masa coparticipable de impuestos nacionales (el 15 % y no el 13 % como dice la nota, probablemente confundiendo con el descuento de Cavallo a los jubilados) se destina a la ANSES para financiar el pago de las jubilaciones y pensiones nacionales, desde 1992 por la Ley 24.130, y con la última prórroga en el 2005 mediante la Ley 26.078, que los diputados socialistas (entre ellos Binner) votaron a favor.

Ese 15 % se les descuenta a todas las provincias (no solamente a Santa Fe, porque es gobernada por la oposición, porque además se descuenta desde hace 23 años cuando acá gobernaba el PJ), y también a la nación de la parte que le corrresponde de la coparticipación: del 15 % total un 8,499 % lo pone el conjunto de las provincias (incluso las que gobierna el FPV), y el 6,501 % restante lo pone la nación.

Y nada tiene que ver con el déficit de las Cajas provinciales de jubilación, o con que estas hayan sido transferidas o no a la nación: el primer convenio firmado por Santa Fe al respecto es de 1999 (7 años después que empezaran los descuentos de coparticipación que van a la ANSES), y el actualmente vigente es de 2006 (un año después de la última prórroga de los descuentos).

Ese último convenio dice que la nación financiaría el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, siempre que ésta armonizara su sistema previsional con el nacional, y que no aumentara el déficit como consecuencia de cambios en la legislación jubilatoria que hiciera Santa Fe; cosa que -como vimos en detalle acá- ha ocurrido.

O sea que una cosa no tiene nada que ver con la otra, y por esa razón en un caso (el descuento de la coparticipación) Santa Fe inició durante el gobierno de Binner y con el patrocinio de Gil Lavedra) un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la nación, y en el otro (financiamiento del déficit de la Caja) no ha iniciado ni siquiera un mísero reclamo administrativo.

Y en el caso del juicio no reclama una deuda (como aduce en el caso de la Caja), sino que ha planteado la inconstitucionalidad de la última ley que dispuso prorrogar los descuentos, como se dijo la 26.078 (2005), votada en el Congreso por el socialismo.  

En el caso de la Caja incluso, en el artículo se habla de una "deuda de 2000 millones de pesos"  que no se sabe de donde la sacan, porque incluso si fuera cierto (como sostienen) que le están debiendo el déficit de la Caja cada año desde el 2007 para acá, serían más: exactamente 4342 millones hasta diciembre del año pasado. 

Y no solo no los reclaman formalmente, sino que ya desde el gobierno de Binner dejaron de incluir esas partidas en el presupuesto provincial de cada año, porque reconocieron que era un dibujo dado que no tienen la certeza legal de que les corresponda percibirlo.

Pero así como decíamos al principio como el socialismo lograba alinear fuerzas a su favor, también le llegan apoyos que le pueden costar caros, o se quieren curar en salud por si al gobierno provincial se le ocurre resolver el déficit de la Caja aumentando impuestos (el Inmobiliario Rural ponéle): vemos en el mismo diario del Loco Lindo el habitual documento de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (repetido invariablemente año tras año, y a veces más de una vez por año) con el argumento de "Santa Fe pone tanto -por retenciones al agro- y vuelve tanto".

O sea, en buen romance: si quieren cerrar el agujero de la Caja no nos saquen a nosotros, vayan a reclamarle a la nación que -como sabemos- tiene la culpa de todo.

Fuente: Nestornautas

Que bueno es tener memoria

Ariel Bulsicco en su cuenta de facebook: “Recordar para refrescar la memoria, siempre es bueno en esta provincia donde nos pasan muchas cosas.

Que decía antes de ser elegido gobernador el Dr. Binner a propósito de posible fraude en Santa Fe...que dirá 8 años después??? compartirá que hubo "exceso de transparencia", la culpa será del presidente de mesa o del gob. nacional? Muchas situaciones que nos ocurren a diario son preocupantes pero grave es cuando se intenta distorsionar la voluntad popular”

02/09/2007 - Sospechas de fraude marcan la elección de gobernador en Santa Fe

El socialista Hermes Binner dijo después de votar: "Estamos cansados de que tiren urnas al río". Por su lado, Rafael Bielsa, candidato del kirchnerismo, respondió: "Si alguien me demuestra cómo se hace fraude, le voy a agradecer". Conozca el vistoso escenario político de este comicio y el desarrollo de las elecciones en Córdoba.

Las sospechas de fraude siguen marcando la elección de gobernador de Santa Fe.

"Estamos cansados de que se tiren urnas al río y de que se trampee informáticamente", lanzó en tono enérgico el socialista Hermes Binner ante la prensa, poco después de votar. Toda la semana, el hombre con mejores chances de ganar agitó el fantasma del fraude electoral.

Esto generó la reacción de su contrincante: "Si alguien me puede demostrar cómo se hace un fraude se lo voy a agradecer", desafió el postulante del kirchnerismo, quien habría remontado en las encuestas en la recta final de la campaña. 

Lo cierto es que las cruciales elecciones que se están desarrollando en Santa Fe y Córdoba en un clima de normalidad vienen cargadas de polémica. Aquí, el escenario de estos comicios, que pondrán a prueba el poderío del kirchnerismo y la suerte de los opositores al oficialismo nacional.

Binner teme que le roben

El candidato a Gobernador de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social, Hermes Binner, es el favorito en las encuestas y denunció este viernes que podría haber fraude durante el comicio .

“Indudablemente, tengo miedo que me roben la elección", redijo el postulante a Rosario.net 

Binner justificó sus palabras: "Tenemos memoria por todo lo que ocurrió en la provincia, en todos estos años de democracia. Hechos que fueron corroborados que, de alguna manera, cambiaban el eje del resultado electoral". 

Y recordó los casos en cuestión: "Una vez se cortó la luz en pleno escrutinio y, al volver, los números estaban cambiados. En otra oportunidad, se tiraron urnas al río. En la tercera oportunidad, vino el escándalo del Correo, donde el protogobernador Carlos Reutemmann suspendió el conteo y recurrió a la forma manual, que llevó 36 días, para saber quién era el gobernador". 

El ex intendente de Rosario señaló que "el problema más grave de los fraudes es que la Justicia no investigó ningún caso. Reina la absoluta impunidad porque la Justicia, adicta al gobierno provincial, es una Justicia total y absolutamente politizada". En ese sentido, apuntó que "el problema es Santa Fe, una provincia complicada: muy rica pero que, a su vez, vive con bolsones de pobreza propios de otro siglo, no del siglo XXI". 

En esta oportunidad, Binner no atacó al presidente Néstor Kirchner sino que dijo que "no es problema que visite la provincia porque viene periódicamente y hace anuncios". Sin embargo, sí puso en duda la última encuesta, encargada por el oficialismo, que ubicó a su contrincante --el candidato K, Rafael Bielsa-- a sólo dos puntos por debajo de su figura. 

"De pronto, en tiempo de veda, aparece una encuesta, realizada con un sistema diferente, con otros números. Una situación que sale de los causes de confiabilidad que debe ejercer una provincia con sus elecciones (...) Pero nosotros vamos a estar prevenidos y vamos a tener fiscales en las 6.038 mesas. De alguna manera, eso nos da cierta tranquilidad. Estamos confiados, fundamentalmente, en nuestras encuestas", subrayó Binner. Sondeos, claro está, que lo ubican a la cabeza de la carrera por la gobernación.

Las sospechas de Binner tuvieron una respuesta de la propia Casa Rosada. “Yo no vine a bajar o subir encuestas, no estoy en la mezquindad”, dijo el presidente Néstor Kirchner esta semana, en el marco de una visita para apoyar a Bielsa.

Luis Juez y su huída del planeta K

Hace unos días, el candidato a gobernador de Córdoba y actual intendente capitalino, blanqueó su posición política ante el diario Clarín: "Yo no soy un candidato kirchnerista, que quede claro", sorprendió, y cuestionó con dureza los actos sospechados de corrupción en el Gobierno nacional.

Sus diferencias con el kirchnerismo fueron ampliadas en otros contactos con la prensa. El candidato, antes cercano al mundo K, aseguró hoy que sus "problemas" con el gobierno nacional comenzaron cuando se opuso al proyecto oficial de reforma del Consejo de la Magistratura, a la vez que rechazó a que pueda construirse un proyecto "honesto" con algunos funcionarios nacionales.

"No soy yo en la provincia de Córdoba quien cree que se puede construir un proceso transversal, plural, amplio, criterioso y honesto con (el secretario de Transporte) Ricardo Jaime, (el ministro de Planificación) Julio De Vido, con (el gobernador de Córdoba, José Manuel) De la Sota, con Schiaretti. Nosotros estamos en la vereda de enfrente", afirmó.

La ex de De la Sota compite en la Capital de Córdoba, a pesar de haber perdido la interna del PJ

La ex esposa del gobernador José Manuel de la Sota, Olga Riutort, compite hoy por la intendencia de la capital cordobesa. Pero no lo hace por medio del justicialismo: se presenta por un partido independiente, opción que tomó luego de perder la interna del PJ cordobés.

De todos modos, el candidato con más chances de quedar al frente de la ciudad es Daniel Giacomino, del Frente Cívico y Social, la coalición de agrupaciones que encabeza el Partido Nuevo del actual intendente, Luis Juez. 

Giacomino fue viceintendente de Juez entre 2003 y 2005, cuando pasó a ocupar una banca como diputado nacional, lugar al que renunció en marzo para dedicarse a la campaña. 

El peronismo concurre, por un lado, con la lista oficial de la delasotista Unión por Córdoba, que encabeza Roberto Chuit. 

Y la grilla de los aspirantes se completa con el radical Ramón Mestre, hijo del homónimo fallecido ex gobernador cordobés, quien con esta campaña está haciendo su primera incursión electoral.

Fuente: mdz

El problema no es la diferencia de edad que existe entre Binner y su novia, el problema es que a este romance lo financia la provincia de Santa Fe

Hermes Binner tomó sol en las playas de Mar del Plata junto a su novia 35 años menor que él

El ex gobernador de Santa Fe se prepara para las elecciones presidenciales en la costa donde alterna actividades de campaña y descanso junto a su flamante y joven pareja.

Las mujeres de los candidatos dan que hablar en el arranque de la campaña electoral que calienta motores en el inicio del año en que se elegirá el próximo presidente de los argentinos.

Hermes Binner no se quedó atrás y sorprendió en las playas de Mar del Plata con su flamante y joven pareja. Se trata de María Soledad Delgado, de 36 años, que es politóloga, y está al frente de la delegación de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

Según trascendió hace días atrás, María Soledad y el diputado socialista de 71 años tienen una relación desde hace dos años que ahora se hizo pública.

La última aparición de la pareja fue en una foto que ilustra la revista Gente de esta semana tomando sol en malla juntos, en una situación que muestra a Binner más descontracturado de la habitual.

Fuente: La Capital

Acá un artículo del año 2013 que habla sobre la señorita en cuestión:

Una cacerolera que pagamos todos
 

Se acercan tiempos electorales y observamos como algunos personajes de la política provincial empiezan a salir a la superficie en la búsqueda de la supervivencia personal.

La funcionaria elegida en la presente nota es la licenciada María Soledad Delgado de quien le vamos a contar algunas perlitas.

La citada funcionaria arribó a la ciudad de Santa Fe de la mano del actual gobernador Antonio Bonfatti cuando se desempeñaba como Ministro del gobernador Binner. La licenciada tenía un cargo de Ayudante de Primera  de la  Facultad de Ciencias Sociales – UBA, en la carrera de Ciencia Politica y como podemos imaginar, con una ayudantía es difícil vivir con glamour en Buenos Aires.

Por eso, nada mejor que obtener una sustanciosa chapa como personal de  la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas delgobierno de la Provincia de Santa Fe, (chapa renovada en la gestión de Bonfatti), para desarrollar el programa de regionalización de la provincia de Santa Fe, con la creación de los nodos y las famosas regiones; obviamente financiado con recursos internacionales que lograron que esta joven promesa de la Ciencia Política viaje al menos dos veces al año a Europa, bancada por los dineros públicos provinciales.

Y no sólo a Europa: también tuvo oportunidad de pasear por las Américas acompañando a la profesora que inmortalizáramos acá en un video.

No obstante esto, la lic Delgado, residente en la ciudad de Santa Fe, lograba suculentas cifras en concepto de viáticos porque su domicilio estaba radicado en la ciudad de Rosario, con lo cual se “trasladaba” con chofer y auto de la gobernación diariamente para desarrollar sus tareas de gobierno y lograba descansar en la ciudad capital.

Raras costumbres de los jóvenes socialistas… ah …perdón… caemos en una torpeza, la señorita en cuestión no es socialista, es afiliada radical… pero con buena rosca logró saltar el cerco y es una militante activa del FAP. Todo queda en familia.

No obstante esto y dada su vinculación con el radicalismo, tuvo la gran oportunidad de obtener además un logro académico en la UNL. Si estimados compañeros, la humilde Ayudante de Primera de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es Titular de Cátedra de la FHUC, UNL.

Obviamente sin concurso previo, sino por gestiones de su amiga Lilia Puig de Stubrin que logró conchabarla como titular de Opinión Publica.

Y si seguimos relatando los “logros” de la joven licenciada, hoy podemos decir que es una de las integrantes del equipo de campaña del FAP y parte de la secretaria privada del Gobernador.

En sus tiempos libres se acuerda que tiene una catedra a su cargo que solo la dicta en un cuatrimestre y viaja, brindando conferencias sobre los beneficios de la boleta única a la que describía como “un instrumento que otorga grandes ventajas con respecto al antiguo sistema de boletas partidarias. La boleta única asegura una oferta electoral completa (si figura un solo candidato o como máximo tres en el caso de categorías legislativas…?) y por lo tanto garantiza el derecho a elegir y ser elegido (antes no existía este derecho o estaba cercenado…?) o; la boleta única ataca la practicas clientelares (tendrá la documental probatoria de denuncias ante el Tribunal electoral de la provincia?); además pone fin al negocio de la impresión de boletas (Sole estás segura que no hay más negocios de impresión ¿No deberíamospreguntarle a Vittori?), garantiza equidad entre competidores y asegura una mayor autonomía al votante para elegir, entre otros beneficios.(¿equidad electoral? Autonomía ¿de qué habla esta mujer?).

Nos preguntamos cómo va a explicar esta funcionaria la etapa electoral venidera, con dos sistemas electorales para elecciones nacionales y provinciales.

¿De qué se va a disfrazar?

A lo mejor de cacerolera:

Fuente: Nestornautas

Para ir afiladoa a la audiencia

Mañana se hace acá en Santa Fe la audiencia pública convocada por el ENRESS para tratar el pedido del gobierno provincial de aumentar un 42 % las tarifas de Aguas Santafesinas; luego de la que se hiciera ayer en Rosario, de la que da cuenta esta nota de La Capital.

Tal como lo hiciéramos en anteriores oportunidades, nos permitimos arrimar desde este blog información a quiénes les interese asistir y dar su opinión, o en general a los lectores para informarse debidamente sobre la situación de la empresa prestadora del servicio de agua potable y cloacas en 15 localidades de la provincia.

Algo habíamos adelantado en su momento acá, , cuando señalábamos que el año pasado la inversión de ASSA en "Construcciones" (obra pública) había alcanzado al 14,59 % de sus erogaciones; reafirmando así la caída en su participación porcentual en los gastos de la empresa que vienen siendo la tendencia constante e ininterrumpida desde el 2007 cuando asumió el gobierno el Frente Progresista, pese a los también constantes aumentos de tarifas.

Las propias cifras oficiales de la Cuenta de Inversión 2013 demuestran que la empresa invirtió (en términos porcentuales) menos en obras, pese a contar con más recursos: por concepto de tarifas el Presupuesto del año pasado le asignaba $ 492.469.000, y terminó percibiendo $ 526.557.545, o sea un 6,9% de lo previsto.

Pero además ASSA contó con una nueva fuente de financiamiento para gastos de capital, a partir del "cargo solidario" que pagan en sus facturas los usuarios de Santa Fe y Rosario (ver al respecto acá y acá) para -supuestamente- financiar las obras para conectar al servicio a quiénes no lo tienen. Por ese concepto contó con $ 16.051.905 que no estaban contemplados en el presupuesto 2013.

Incluso como dábamos cuenta en éste post, el gobierno le transfirió a la empresa casi 25 millones de pesos del fondo soja que envía la Nación; claro que con la contrapartida de disminuir las transferencias de capital del tesoro provincial, respecto a lo previsto en el presupuesto votado por la Legislatura. 

No obstante ello, en el otro rubro de la inversión (la adquisición de maquinarias y equipos) ASSA invirtió poco más de la mitad de lo previsto en su presupuesto del año pasado: $ 5.237.140 sobre 10 millones asignados.

Desde el gobierno se aduce que deben aumentarse las tarifas en un 42 % porque aumentan los costos de prestación del servicio, como por ejemplo los insumos utilizados para tratar el agua; pero los números de ASSA del 2013 dicen que su presupuesto contemplaba para esos fines $ 49.302.000, y terminó gastando $ 58.976.979; o sea apenas el 7,19 % de sus gastos totales, y un 19,62 % por encima de lo previsto; en ambos casos muy por debajo del 42 % de aumento pretendido.

Que tal como se señaló ayer en la audiencia pública de Rosario, llevaría el aumento de las tarifas de la empresa a un 578 % desde el  2008, muy por encima de cualquier estimación de inflación; oficial o privada.

Sin embargo si hay gastos operativos de ASSA que han aumentado significativamente, como los impuestos y derechos que la empresa debe pagar (por ser una sociedad comercial que presta servicios a títulos oneroso a terceros) y que crecen cuando aumentan sus ingresos por facturación (por los aumentos de tarifas); o los servicios básicos que necesita para prestar los suyos, como el caso de la electricidad que le debe pagar a la EPE.

En el primer caso (impuestos y derechos) el presupuesto 2013 de la empresa contemplaba gastar $ 24.412.000, pero terminó erogando en ese rubro $ 59.102.238, o sea un 142,10 % más; y más que lo que ASSA gastó por ejemplo en los productos que utiliza para potabilizar el agua o tratar los efluentes cloacales.

En el segundo (servicios básicos) ASSA había previsto gastar el año pasado $ 35.509.000, pero terminó gastando $ 65.451.640 (un 84,32 % más), fundamentalmente porque el mismo gobierno provincial decidió aumentar las tarifas de la EPE. Incluso el propio gobierno debió auxiliar a la empresa con un refuerzo de partidas (por el Decreto 4656/13) para poder pagar los intereses de facturas de luz abonadas fuera de término.

Si se suman ambos rubros (potenciados por decisiones del propio gobierno de Bonfatti, porque la empresa por ejemplo también paga Ingresos Brutos) representaron en los gastos de ASSA del año pasado más que lo invertido por la empresa en "Construcciones" (obra pública) y "Maquinaria y Equipo".

Fuente: Nestornautas

Un informe revela que Bonfatti duplicó el gabinete de Binner

El actual gobernador tiene 449 integrantes en el gabinete contra los 203 que acompañaron al ex mandatario y actual referente de la alianza Faunen al terminar su mandato en diciembre de 2011, según el informe de la planta de evolución de personal que publicó el Ministerio de Economía de la provincia.

Una investigación del portal Sin Mordaza reveló que según el último informe sobre la evolución de la planta de personal ocupada del sector publico provincial -publicado en marzo de este año por la Dirección General de Programación y Estadística Hacendal del Ministerio de Economía, Secretaría de Planificación y Política Económica- muestra que en el último año se incrementó la cantidad de empleados públicos en 6.729 más que en marzo de 2013, ya que en ese momento totalizaban 123.925 y ahora son 130.654 los agentes públicos.

La mayor cantidad de funcionarios de la historia

Uno de los datos más salientes del informe es justamente el incremento en la cantidad de integrantes del gabinete de Antonio Bonfatti, que duplica los 203 que tenía Hermes Binner al finalizar su mandato en diciembre de 2011.

El actual mandatario tiene a marzo 449 integrantes del gabinete (asesores), más 459 Autoridades Superiores (funcionarios propiamente dichos) totalizando 908 funcionarios alcanzado el número más alto en la historia de la provincia de Santa Fe.

Desde que asumió Bonfatti incrementó en un 121 por ciento su gabinete con respecto a Binner, y un 2 por ciento con respecto a marzo del año pasado. Desde que asumió la gestión socialista en diciembre de 2007 aumentaron en 170 puntos porcentuales.

Los datos son más llamativos, ya que en el ámbito de la Seguridad, que ocupa la prioridad de la gente desde 2011, se incrementó un 9 por ciento la cantidad de efectivos y sólo el 1,4 el último año, que es cuando más la gente pide la presencia policial en la calle.

Lo que es lógico y entendible es que se dé un aumento en áreas como la Educación, por el aumento de docentes y de horas cátedras, y también en el área de Salud, ya que incluye la incorporación de los médicos residentes y enfermeros.

Además, hay que señalar que el sector del Escalafón General Decreto 2695/83, que son los acuerdos logrados con los gremios estatales ATE y Upcn, presenta año tras año un importante incremento de personal incorporado a la provincia. Al ingresar Bonfatti había 30.948 agentes, y en marzo de este año alcanzan 35.023.

Viáticos por las nubes

“Los gastos para autoridades superiores y personal de gabinete se incrementaron en 887 por ciento desde el 2008 a la fecha”, precisó la diputada provincial Marcela Aeberhard.

Así se manifestó la titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, al referirse al Decreto 776/2014 publicado el pasado 27 de marzo por el cual se ajustan los valores vigentes para el reconocimiento de gastos para autoridades superiores y personal de gabinete.

“No es un buen mensaje hacia la sociedad, que con gran esfuerzo paga sus impuestos, tampoco lo es para el sector productivo, que viene soportando una presión fiscal en constante crecimiento en la provincia, que las autoridades superiores y personal de gabinete se vean beneficiados con un aumento en sus viáticos”, expresó la legisladora justicialista.

“Se ve que éste es un tema que está en la agenda del gobierno provincial, porque desde que el FPCyS se hizo cargo del Gobierno sistemáticamente han ajustado el valor de los viáticos. Todo comenzó con el Decreto 259/2008 donde aumentaron los viáticos un 200 por ciento, pasando de 40 pesos a 120 por día. Siguió con el Decreto 979/2010, que llevó dicho valor a 144 pesos diarios. Posteriormente, a través del Decreto 633/2013, se escalonó el aumento a 270 pesos desde el 1° de marzo y 293 desde el 1° de julio”, detalló.

“Y ahora con el Decreto 776/2014, también de manera escalonada aumentaron el viático para los funcionarios del Gobierno del FPCyS a 355 pesos y 375 diarios. Con lo cual, de marzo de 2013 a marzo de 2014 el incremento es del 31 por ciento y a julio 2014 llegará al 39. Pero lo que el ciudadano tiene que saber también es que hasta el 31 de diciembre de 2007 el personal de gabinete y autoridades superiores en la provincia totalizaban 342 personas; al 28 de febrero de 2014 suman 918, con lo cual han aumentado este rubro un 168 por ciento”, según explicó además la diputada Marcela Aeberhard.

Fuente: INFOnews

Bonfatti y Binner con visiones distintas sobre el rol policial

El ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, y el actual mandatario provincial, Antonio Bonfatti, volvieron a diferenciarse sobre la responsabilidad de la policía provincial tras el megaoperativo antidrogas desplegado por el gobierno nacional en Rosario.

Los dirigentes del FAP sacaron a luz sus diferentes posturas, que van desde del agradecimiento de Bonfatti a las críticas de Binner, quien tiempo atrás llegó a señalar que se mantenía detenido “sin causas” al ex jefe de la policía vinculado con el narcotráfico, Hugo Tognoli.

A seis días del operativo realizado en Rosario por más de 3.000 agentes de las fuerzas de seguridad que responden a la Nación, el gobernador Bonfatti redobló su agradecimiento al gobierno nacional, y se ocupó de dejar en claro que la presencia de más de mil gendarmes a la ciudad no es una intervención a su provincia, sino más bien “la necesidad y la normalidad de que la fuerzas federales se instalen en lugares donde competen delitos federales”.

Como contracara, para Hermes Binner los más de 90 allanamientos simultáneos y lo más de 20 detenidos en el marco del operativo encabezado por el secretario de Seguridad Sergio Berni, fueron “satisfactorios” aunque “llegaron tarde”.

Lo cierto es que el jefe político del Frente Amplio y Progresista (FAP) mantuvo posturas cambiantes desde el estallido de la crisis policial en la provincia con la detención del ex jefe Hugo Tognoli por sus vínculos con el narcotráfico, dos años atrás.

Así, en el tramo final del año 2012 Binner decía, tras la liberación de Tognoli, que "sería un error creer que porque se lo libera (a Tognoli)”, la causa por los presuntos vínculos con el narcotráfico "ya pasó", e instó a "trabajar juntas" las fuerzas de seguridad "para derrotar el flagelo" de la droga.

Sin embargo, en mayo del año pasado el socialista viró bruscamente y comenzó a defender al ex jefe de la policía, detenido nuevamente desde el 7 de marzo de ese año por “tráfico de estupefacientes agravado en concurso real por participación de dos o más personas”.

“Lo tienen detenido y todavía no encuentran por qué lo tienen detenido. Creo que es una irresponsabilidad del gobierno nacional tener detenida a una persona que no tiene causa”, afirmaba, tras destacar que Tognoli había llegado a jefe de policía por “méritos propios, por su foja de servicio y su nivel adquirido dentro de la fuerza”.

Fuente: INFOnews

Bonfatti estuvo con De La Sota en Expoagro, y se vino con ideas geniales

Porque este asuntito de la tasa vial del que da cuenta ésta nota de La Capital ya se implementa en Córdoba, con el previsible rechazo de los automovilistas que tienen que pagar la nafta más cara aun; contra la promesa de obras que nunca se realizan.

Hace unos días atrás el Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Fe denunció que el 78 % de las rutas provinciales están en estado malo o regular; y la inversión del gobierno en la red vial viene cayendo sistemáticamente: Vialidad pasó de ser el 3,6 % del presupuesto provincial en 2008 al 1,33 % el año pasado, y éste año sería del 1,42 %.

Dicen además los viales que en el 2012 se ejecutó apenas el 30 % de la obra vial prevista en el presupuesto, lo que implica además una enorme ineficiencia en la gestión. Y pérdida de puestos de trabajo, según veíamos acá.
A fines del año pasado Bonfatti sacó un decreto disponiendo que la Dirección Provincial de Vialidad les cobrara contribución por mejoras a los frentistas y linderos que se beneficiaran con obras viales; pese a que al organismo no le faltan recursos provenientes del Fondo Soja (sólo se pueden usar para obras) y del Impuesto a la Transferencia de Combustibles Líquidos: más del 52 % de sus recursos provenían de esas fuentes.

Sin embargo el presupuesto 2014 sólo contempla recaudar $ 84.000 por ese concepto (en un presupuesto de más de 763 millones de pesos), y no invertir ni un centavo de eso en obras.  

Este año la cosa es más o menos igual con los demás recursos de Vialidad Provincial para hacer obras en las rutas provinciales: de los 471 millones que invertiría en "Construcciones" y "Maquinaria y Equipo", $ 230.847.000 (casi la mitad) se financiarían con el Fondo Soja que viene de la nación; y con menos de la mitad de lo que le ingresará por Combustibles Líquidos: unos 79 millones sobre casi 171. 

El resto del plan de obras de Vialidad se complementaría con aportes de Rentas Generales por algo más de 160 millones de pesos, que en la práctica nunca llegan: de allí la enorme subejecución de las obras presupuestadas, que se terminan financiando en su totalidad con el fondo soja.

De modo que esta idea genial de la tasa vial que le copia Bonfatti a De La Sota (al que le está al caer un fallo de la Corte nacional declarando inconstitucional la tasa vial) parece tener el mismo propósito que el famoso cuento de los fondos educativos "cedidos" por la provincia a los municipios y comunas (ver acá): así como en aquel caso se municipaliza la obra pública en infraestructura educativa (responsabilidad primaria del Estado provincial, que la abandonaría), en éste otro se les volvería a meter la mano en el bolsillo a los santafesinos (y a cualquiera que cargue nafta en una estación de servicio en la provincia, aun en tránsito) para financiar supuestas obras en las rutas provinciales.

Y decimos supuestas no solo por lo apuntado respecto a la sub ejecución de las obras de Vialidad, sino porque en Santa Fe la autopista a Rosario y otras rutas provinciales (las más transitadas) tienen cobro de peaje, y están en un estado calamitoso; aunque los peajes aumentaron varias veces durante los gobiernos del Frente Progresista: en el caso de la autopista, nada menos que un 455 % desde el 2008.

Y en el de las demás rutas donde se cobra peaje pasa algo parecido: los peajes aumentan, para compensar los menores aportes del Estado provincial al mantenimiento de las rutas; como señalábamos acá.

Fuente: Nestornautas

La mentira tiene patas cortas

Leemos en Síntesis de la Región: "Intendentes y jefes comunales justicialistas radicaron en las sedes de Gobierno de Rosario y Santa Fe un pedido de impugnación y suspensión inmediata de la vigencia de tres decretos provinciales que norman el manejo de fondos coparticipables para la educación, por considerarlos inconstitucionales y violatorios de la autonomía de los gobiernos locales. Tambien reclamaran el fondo de obras menores.

En ese sentido, el documento radicado ayer recuerda que en los artículos 109 y 113 de la Carta Magna santafesina se establece que "es el Estado provincial quien tiene a su cargo el sostenimiento del sistema educativo en su jurisdicción, de donde resulta que los recursos a tales fines, en modo alguno pueden ser obtenidos de los fondos que por vía de la Ley de Coparticipación provincial le corresponden a los municipios y comunas". Por otra parte, "la misma Constitución provincial le garantiza a éstos la administración directa de sus intereses, entre ellos, la determinación del destino de sus recursos como derivación lógica de la elaboración de su presupuesto".

Al respecto, el foro de intendentes remarcó que "aún sin ser una carga que debieran asumir, los municipios destinan recursos propios de sus magros presupuestos para el sostenimiento del FAE conforme lo establecen el Art. 13 de la Ley 2756, circunstancia que se vería ahora agravada por la creación, vía decreto, de esta nueva asignación específica de los recursos coparticipables", fijada en las tres normas con pedido de impugnación."

 
Si te acordás sobre el filo del año pasado hicieron bambolla con que el gobierno provincial iba a poner de su parte lo que les tocaba aportar a los municipios y comunas (echándole la culpa al presupuesto nacional) de la ley 26075 de financiamiento educativo, y lo presentaban como casi una dádiva, por la que la provincia "cedía" recursos a las municipalidades y comunas:

Más aun, en la nota (que como siempre replica los partes oficiales del gobierno sin chequear la información), el diario del Loco Lindo decía: "el Poder Ejecutivo aseguró ahora con la sanción de una ley “el reparto automático de los recursos a los municipios y comunas para cubrir los gastos ligados a la finalidad educación”. Cosa que el tiempo demostró que era falsa, como éste blog anticipó acá: primero sacaron éste decreto, luego éste otro y finalmente éste otro ya en febrero de éste año; que son los tres que impugnan los intendentes y presidentes comunales del PJ.

Por esos decretos Bonfatti incorporó al presupuesto provincial recursos que no son de la provincia, sino de las municipalidades y comunas; y creó un mecanismo para otorgarles esos recursos (que son de ellos) a los municipios y comunas igual al del Fondo del Conurbano, y al que hicieron con el Fondo de Obras Menores: una unidad ejecutora que aprueba los proyectos que presentan las municipalidades y comunas.

Si no los aprueba, no hay plata, y esos proyectos a presentar por los municipios y comunas tienen que ser vinculados a la educación, además de los aportes que ya hacen al FAE; como lo señalan los intendentes y presidentes comunales del PJ en su presentación.

Algunas municipalidades podrían zafar diciendo que con esa plata bancan los liceos municipales (Santo Tomé, Santa Fe); pero no es el caso de la mayoría; y aun esos pocos casos ¿deberán esperar que el gobierno provincial les apruebe el "proyecto" de tener un liceo que tienen hace años para -por ejemplo- pagar los sueldos de los docentes?

A cifras del año pasado (las que toma en cuenta el decreto del 2013 de modificación presupuestaria) son más de 195 millones, lo que hay que relacionarlo con ésto otro: casi la totalidad de la inversión del gobierno de Santa Fe en infraestructura educativa, se financia con recursos aportados por el Estado nacional.

Porque esa cifra (195 millones) supera incluso lo que (según el Presupuesto 2014) recibirá Santa Fe de la nación para obras en Educación (casi 150 millones de pesos), y representa más de tres veces el Fondo de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) para obras menores en las escuelas; que son 60 millones, todos provenientes del fondo soja que envía la Nación.

Si se repara a su vez en que esos 60 millones son la misma cantidad que tenía el FANI el año pasado (pese a que el presupuesto provincial contempla mayores ingresos a la provincia por el fondo soja), parece claro que desde el gobierno provincial piensan utilizar esos 195 millones de pesos que les corresponden a los municipios y comunas para arreglar las escuelas; aparte de las partidas que ya ponen con ese fin para el FAE (Fondo de Asistencia Educativa). Y que los arreglos los contraten y paguen las municipalidades y comunas.

Lo que implica en la práctica una municipalización de la obligación de mantener la infraestructura educativa, que constitucionalmente le corresponde al Estado provincial.

Sería interesante ver que hacen a partir de la presentación de los intendentes y presidentes comunales del PJ los legisladores que votaron la Ley 13365, que ratificó el primero de los decretos de Bonfatti que ellos cuestionan, que era un DNU.

Fuente: Nestornautas

Narcosocialismo: ¿Existe o no?

Días pasados fueron acribillados a balazos el "empresario" vinculado al narcotráfico rosarino Luís Medina, junto a su novia (una modelo que fue nota por andar con jugadores de futbol). Una prueba relevante para dilucidar el homicidio, cual es la netbook del muerto, salió de la esfera judicial y fue "desbloqueada" por autoridades del poder ejecutivo provincial sin, según la jueza interviniente, orden judicial alguna. El ministro de Gobierno salió a desmentir a la magistrada, diciendo que se recibieron instrucciones telefónicas al respecto. Lo cierto es que la "víctima" ha sido tratada como un empresario, siendo que todos saben en Rosario que su principal actividad era el narcotráfico, del cual se derivaban negocios de mercado formal, como una sucursal de Esperanto para cuya habilitación municipal habría hecho lobby el ministro aludido (como hemos leído en "El último de la semana").
Ahora, la intervención del P.E. en la investigación judicial (sindicándose la participación del informático Javier Echaniz, amigo de Marcelo Roca, yerno de Binner), da tela para cortar. ¿Qué datos de interés podían existir en ese ordenador? ¿Quizá vinculaciones políticas con el muerto? Digamos que la expresión de Larroque en la Cámara de Diputados, cada vez va encontrando más huellas en el camino. Y una casualidad, mas otra casualidad, agregada a otra casualidad, da por resultado una grupo de causalidades que habrá que investigar.

Fuente: Nestornautas

Crimen narco: El socialismo tuvo acceso a pruebas antes que la Justicia

El automóvil en el que fueron asesinados Medina y su pareja

La jueza Cosgaya negó haber ordenado que un funcionario abriera la notebook de Luis Medina

La jueza de Instrucción Raquel Cosgaya, que fue la primera magistrada en actuar frente al homicidio de Luis Medina, negó ayer haber asignado instrucciones para que un funcionario del Ministerio de Gobierno revisara la computadora portátil secuestrada en la habitación del hotel de la víctima, que tenía antecedentes por narcotráfico. El señalamiento se contradice con lo planteado ayer por dos ministros de Antonio Bonfatti que señalaron que el desbloqueo de la máquina se hizo obedeciendo una decisión judicial y respetando la cadena de custodia de la prueba.

La jueza Cosgaya refutó haber sido quien aceptó que Javier Echaniz, secretario de Tecnología de la provincia, examinara la Mac Ultrabook encontrada en el Hotel Pullman del City Center, donde Medina se alojaba cuando lo mataron en Acceso Sur y Ayolas el domingo al amanecer. "La policía que intervenía me consultó si efectivos de la Agrupación Unidades Especiales podían registrar un celular y no una computadora. En un momento en que había que actuar con rapidez respondí que el criterio debía ser que interviniera dentro de la policía quien tuviera aptitud para hacerlo. Pero nunca autoricé a un funcionario del Poder Ejecutivo", dijo a este diario.

El ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis, y su colega de Gobierno, Rubén Galassi, aseguraron ayer que la orden para que la computadora fuera revisada por un funcionario del Poder Ejecutivo provino de una orden judicial. Aunque ninguno de los dos nombró a Cosgaya no puede haber sido otra magistrada. Ocurre que, por accidente, fue la primera en actuar en el caso. Se debió a que la jueza de turno, María Luisa Pérez Vara, nunca respondió el domingo los llamados telefónicos convocándola al lugar del hecho. Ese celular afectado al turno, insólitamente, no fue entregado.

Lewis y Galassi respondieron las acusaciones del diputado provincial justicialista Héctor Acuña. Este consideró inadmisible "que la policía de Asuntos Internos haya puesto una prueba fundamental como es una computadora personal de Medina en manos de un funcionario político. Han contaminado una prueba del crimen".

Lewis replicó de este modo a Acuña: "No sé qué información tiene él para decir que se ha contaminado la prueba o que ha pasado por varias manos. A mí arrojar este tipo de sospechas infundadas me parece temerario y es muy complicado en un Estado de derecho poner en tela de juicio el funcionamiento de los órganos del Estado", afirmó el ministro a LT8.

Su colega Galassi consideró indignantes los dichos de Acuña. "Nos tiene acostumbrados a este tipo de declaraciones. Lamento que la comisión de Seguridad tenga como presidente a una persona con el recorrido político de Acuña", sostuvo. Y afirmó que a la cartera que conduce se le pidió una colaboración técnica desde el juzgado.

Lewis afirmó que "la computadora se llevó a un área técnica del Poder Ejecutivo provincial por orden de una jueza y ante ciertos datos técnicos (los magistrados) buscan reparticiones que tengan esa especialización y que sean capaces de actuar como peritos o auxiliares de la Justicia. La jueza fue la que ordenó que la computadora se llevara a esta repartición a los efectos de que la pudieran desbloquear (se refería a Raquel Cosgaya). Esto fue hecho por una orden judicial y respetando la cadena de custodia. Por eso no sé cuál es la información que tiene este diputado para decir estas cosas".

"Después otra jueza, que en definitiva fue la que tomó la investigación, que no es la misma que había ordenado la pericia, y que tiene otro criterio, decidió remitirlo a otra repartición técnica (aludía a Alejandra Rodenas). El problema no es que la misma jueza se la entregó y después se la sacó, sino que se trata de una jueza que tiene otro criterio investigativo. Se trata de una actitud totalmente normal en el marco de una investigación", dijo.

Fuente: La Capital

 

“El gobierno de Santa Fe oculta y borra pruebas en causas por narcotráfico”

 El legislador provincial peronista, Héctor Acuña, cuestionó a la gestión de Bonfatti, por la supuesta contaminación de pruebas en relación al asesinato del empresario Luis Medina, sindicado por posibles nexos con el narcotráfico.

“Luis Medina fue asesinado la semana pasada, la policía irrumpe en el hotel donde estaba alojado Medina, y saca una computadora y se la entrega a un funcionario público que hace la investigación extraoficial y se lo da al secretario de Tecnología del gobierno que depende del ministro de Gobierno. Esta persona que es un funcionario público, abre la computadora aparentemente y esto significa que el gobierno borró la prueba”, expresó en declaraciones radiales el diputado provincial del PJ Héctor Acuña, quien es el presidente de la Comisión de Seguridad del parlamento provincial santafesino.

“¿Cómo explica el gobierno que un funcionario político sin orden del magistrado, de un juez o de un fiscal abre una computadora poniendo en riesgo la cadena de resguardo que tiene que tener la investigación?”, cuestionó Acuña en relación al secuestro de la notebook perteneciente a Medina. Además agregó que el empresario muerto “es el sindicado por el Gobierno como el instigador del ataque a la casa del gobernador". La entrevista fue realizada por el programa Mañana Sylvestre, que se emite por radio Del Plata.

“No es la primera vez que esto sucede, han ocurrido otros casos en los que el gobierno ha ocultado y borrado pruebas de investigación”, agregó el dirigente. En Santa Fe el año comenzó como había terminado el 2013: esto es, con muertes que vuelven a ligarse con el narcotráfico y la complicidad policial y política.

Fuente: Agencia Paco Urondo

Denuncian exposición de alumnos santafesinos a los agroquímicos

La imagen de la fumigación desde una escuela santafesina

Docentes santafesinos pusieron de manifiesto la grave situación que sufren unas 700 escuelas rurales de la provincia debido al uso descontrolado de agroquímicos en campos linderos a las mismas. Una problemática que se agudiza en todo el país con la extensión de la frontera agropecuaria.

"Les piden a los docentes que escondan a sus alumnos en la escuela porque van a fumigar", denunció el secretario adjunto de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), José Testoni, sobre la grave situación que sufren centenares de escuelas rurales santafesinas rodeadas por campos donde se hace uso indiscriminado y descontrolado de agroquímicos.

El dirigente gremial docente analizó con ese ejemplo los resultados del taller de capacitación para docentes rurales "Agrotóxicos y Salud en el ámbito de la escuela rural", desarrollado días atrás en Santa Fe por el médico Damián Verzeñassi, secretario académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, en el que se trató esa grave problemática en la provincia.

En el encuentro organizado por Amsafé, CTA Santa Fe y la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, hubo revelaciones de circunstancias y vivencias de los maestros rurales relacionados a la cercanía de la aspersión de agroquímicos en sus lugares de trabajo, lo cual ya no sorprende.

"Fumigan hasta el límite de los alambrados de las escuelas y prácticamente se les pide a los docentes que se escondan en la escuela cuando pasan los 'mosquitos' (máquinas aspersoras autopropulsadas) o los aviones. En la provincia hay sobrados ejemplos de esto", enfatizó Testoni.

Agregó que asimismo hay productores que "donan" a las cooperadoras de las instituciones lo que siembran en los 50 metros que rodean a la escuela, lo que constituye "una clara extorsión a través de un poder económico".

Ante la expansión de la frontera agropecuaria hasta los límites de zonas pobladas, esta problemática no es exclusiva de Santa Fe sino también de otras provincias como Buenos Aires y Córdoba.

De hecho, una investigación realizada en la provincia mediterránea demuestra que en los barrios cercanos a cultivos se pierden 25 de cada 100 embarazos, 40 veces más que la media nacional.

El estudio realizado por profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en Malvinas Argentinas, una localidad ubicada a 14 kilómetros de la capital cordobesa y rodeada de campos de soja, reveló que la incidencia de abortos espontáneos, enfermedades respiratorias y dermatitis en esa población supera promedios nacionales y mundiales, incluyendo malformaciones y cáncer.

Del estudio realizado sobre 3.563 pobladores de Malvinas Argentinas, divulgado a principios de este año, se desprende que esa localidad cordobesa posee el índice más alto de abortos espontáneos de la Argentina, ya que se pierden el 22% de los embarazos de mujeres en edad reproductiva, un dato que asciende al 25% en los barrios más expuestos a fumigaciones. El número es 40 veces mayor a la media nacional, que constituye un 0,6%.

A la vez, en base a la comparación entre la cantidad de enfermedades registradas en los sectores de la ciudad más alejados a los campos y aquellos barrios que lindan con los cultivos, la investigación de la UNC indica que en éstos últimos existen ocho veces más probabilidad de padecer cáncer y más del doble de riesgo de nacimientos con malformaciones.

En tanto, la incidencia de las enfermedades pulmonares y la dermatitis en toda la localidad superan los promedios registrados a nivel mundial. Entre estas patologías también se observó una mayor cantidad de casos en los habitantes expuestos a agroquímicos.

Fuente: Diario Registrado

En materia de federalismo, la caridad no empieza por casa

Las denuncias sobre "unitarismo fiscal" y los reclamos a la nación por mayores recursos son un sello de agua del discurso del Frente Progresista Cívico y Social; y las denuncias sobre presunta discriminación a Santa Fe en la asignación de recursos han sido para el oficialismo provincial un recurso muy eficaz en términos electorales.

Por más esfuerzos que se hagan para separar la paja del trigo, o desnudar algunas mentiras y zonceras recurrentes, una hábil estrategia de medios, sumada a la seducción que siempre genera el discurso "federal", y los silencios e incoherencias de buena parte de la dirigencia del peronismo provincial, le proporcionaron un terreno fértil en el cual avanzar; en su estrategia de victimización y desplazamiento de responsabilidades.

Y parte de la eficacia de esa estrategia queda demostrada palmariamente en el hecho de que pocos se preguntan cuan coherente es el FPCyS con sus planteos, hacia el interior de Santa Fe; es decir en las relaciones fiscales o la puja por la distribución de los recursos, entre el gobierno provincial, y los municipios y comunas. 

Al respecto leemos en Sin Mordaza que el Ejecutivo provincial vetará la ley aprobada (al menos en Diputados) por la Legislatura, modificando el Fondo de Obras Menores, de modo que las partidas sean remitidas en forma directa y automática a los municipios y comunas, en 12 cuotas mensuales; y sin necesidad de la previa aprobación de los proyectos que se financiarían con esos recursos, por el gobierno provincial.

Entre los argumentos que dan, se señala que de ese modo se estaría modificando indirectamente la ley de coparticipación provincial, y se excluiría a Santa Fe y Rosario, donde vive buena parte de la población de la provincia; ambas gobernadas por el FPCyS: por eso tanto Corral como Fein protestan y piden una reforma al proyecto, o que Bonfatti vete la ley.

La decisión de vetar el proyecto (si es que pasa el filtro del Senado banelquizado) es incoherente con lo dicho por Bonfatti acá en Ambito Financiero; donde rescata la excelente relación de su gobierno con la oposición, y el aporte constructivo de ésta a su gestión.

Los argumentos con que el socialismo sostiene el veto en ciernes a la reforma de la ley de Obras Menores nos imponen hacer algunas aclaraciones al respecto, para tener en claro de que estamos hablando.

La Ley 12.385 que creó originariamente el Fondo fue sancionada en el 2004 durante el gobierno de Jorge Obeid, y ya entonces dejaba afuera de sus alcances a las municipalidades de Santa Fe (entonces gobernada por el PJ) y Rosario; de modo que mal puede hablarse ahora de discriminación en perjuicio de las dos por estar gobernadas por el FPCFyS porque -sencillamente- nunca estuvieron incluidas en la norma; más allá del color político de sus gobiernos.

La ley del Fondo tuvo varias modificaciones, pero la más importante fue la de la Ley 12.744, también durante el gobierno de Obeid (2007), para que en lugar de conformarse con un monto en dinero, lo fuera con un porcentaje de los recursos provinciales: más exactamente el 1% del Cálculo de Recursos de la Administración Central, conforme al presupuesto del año anterior al que corresponda la distribución.

De modo que las dos decisiones no son mérito de la gestión del FPCyS, sino de leyes sancionadas antes de que Hermes Binner llegara al gobierno; y que si se hubieran cumplido conforme a su texto y espíritu, les deberían haber posibilitado a los municipios y comunas de la provincia (todos, sin importar el color político de quien los gobierne) recibir recursos adicionales, en tiempo y forma; originariamente destinados a gastos de capital (obras, compra de equipamiento), y luego en parte para gastos corrientes (sueldos, gastos de funcionamiento).

Sin embargo y según lo explicáramos acá; tanto el gobierno de Binner como el de Bonfatti no consideraron a los recursos del Fondo de Obras Menores como afectados y propios de los municipios y comunas (lo que suponía transferirlos automáticamente), sino que los sujetaron a que éstas presentaran sus proyectos para invertirlos, y la provincia los aprobara; incluso cuando luego salieron leyes que autorizaban a usarlos para gastos corrientes. Por eso por ejemplo el año pasado las municipalidades y comunas recibieron apenas el 50,48 % de lo que les hubiera correspondido; y a algunas se les deben aun fondos correspondientes a los años 2010 y 2011.

Justamente eso es lo que trata de resolver el proyecto de ley que Bonfatti amenaza con vetar, al establecer la transferencia en 12 cuotas mensuales y automáticas; así como evitar la absoluta discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los recursos, que derivó por ejemplo en que las partidas fueran manejadas como si fueran subsidios (y no recursos que les corresponden por ley a los municipios y comunas), y a julio de éste año (en pleno año electoral) casi el 85 % fuera asignado a municipios y comunas gobernados por FPCyS una actualización de lo distribuido desde entonces no varía significativamente el panorama.

Como en la línea argumental que sustenta el seguro veto se habla de otras cuestiones (topes de coparticipación de Ingresos Brutos, fondo de financiamiento educativo) debemos reiterar aclaraciones que ya hicimos al respecto.

El hecho de que actualmente la provincia coparticipe a los municipios y comunas el impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre el total de lo que recauda y no sobre el 90 %, no es ningún mérito del socialismo: es consecuencia de que así lo dispuso la Ley 12.814 sancionada durante el último gobierno de Obeid. ´

Otro tanto pasa con los fondos que supuestamente el Estado provincial les seguiría otorgando a los municipios y comunas, aun cuando debieran destinarlos a cumplir con la Ley 26.075 de financiamiento educativo: si bien las leyes de Presupuesto nacional de éste año y del que viene dispusieron que se asegurara (por las provincias) el reparto automático de los recursos a los municipios y comunas para garantizar que se cumpliera con su afectación a la educación, la solución arbitrada por el gobierno provincial (con éste decreto y éste otro), es pan para hoy, y hambre para mañana.

Porque las municipalidades y comunas tendrán que demostrarle a la provincia que utilizan esos 195 millones de pesos (que corresponden a coparticipación de impuestos nacionales, aclaremos) al llamado Fondo de Asistencia Educativa (FAE), haciendo refacciones menores en las escuelas de su jurisdicción: hubiera sido más sencillo modificar la ley de coparticipación, y que la provincia lo pusiera de su parte en el reparto.

Y hablando de reformas a la coparticipación: desde el gobierno insisten con que el proyecto sancionado por Diputados en una modificación "encubierta" al régimen de coparticipación, como si eso fuera un problema; e instan a los legisladores de la oposición a reclamar a la nación por más recursos coparticipables para Santa Fe, o sea, escupir para arriba o patear la pelota.

Porque ese argumento oculta que los reclamos de Santa Fe están en algunos casos (15 % que va a la ANSES, impuesto al cheque) judicializados sin que haya fallo de la Corte hasta el momento; y que para modificar la ley de coparticipación federal la Constitución exige el acuerdo de todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires y la Nación; y su ratificación por todas las Legislaturas provinciales, además de un mayoría agravada en las Cámaras del Congreso.

Y mientras que en la Nación reclaman que se les gire a las provincias un "piso" de al menos el 34 % del total de los recursos (coparticipables o no) en Santa Fe el Estado provincial (de acuerdo a la ley vigente, a la cual el socialismo nunca propuso cambiarle ni una coma) gira al conjunto de municipios y comunas apenas el 11 % de lo que recibe de la Nación por coparticipación.

Fuente: Nestornautas

Del repudio y la solidaridad, a la exigencia de verdad

Primero hay que comenzar por lo obvio: el atentado cometido anoche contra la casa de Bonfatti es un hecho que merece el total y absoluto repudio de toda persona de bien; sin mezquindades ni especulaciones políticas, y sin entrar para eso en otras consideraciones.

A la solidaridad con el gobernador y su familia y al repudio que expresó -sin fisuras- todo el arco político nacional, hay que sumarles la exigencia clara y contundente de que todos los organismos competentes (las fuerzas de seguridad, la justicia) agoten rápidamente todos los medios de que disponen las instituciones del Estado para dar con los autores, y esclarecer sus móviles.

Porque ya se están lanzando alegremente hipótesis de todo tipo, desde las que vinculan el hecho con una venganza de las bandas narcos por los presuntos avances del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, hasta un ajuste de cuentas proveniente de sectores de la propia fuerza policial; disconformes con los cambios que estaría impulsando a su interior la gestión del FPCyS.

Lo primero que puede señalarse -precisamente por la gravedad y características del hecho- es que no hace sino demostrar los gravísimos problemas de inseguridad que aquejan a Santa Fe: si el aparato de seguridad estatal se ha revelado incapaz de garantizar eficazmente la seguridad de nada menos que del mismísimo gobernador de la provincia; ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes?

Aun siendo cierta la hipótesis de que se trató de sicarios del narcotráfico, o mano de obra desocupada o descontenta de la propia fuerza policial ¿no obligaría eso a redoblar los cuidados para garantizar la seguridad de Bonfatti y su familia?

Este criminal atentado no puede ser analizado (más allá reiteramos, del impulso primario y elemental del repudio y la solidaridad) escindido de otro hechos gravísimos que fueron sucediendo en Santa Fe en los últimos tiempos, sin respuestas contundentes, ni desde la justicia, ni desde los encargados de garantizar la seguridad de lo ciudadanos. 

Apenas un par de días después de que Bonfatti asumiera como gobernador, se incendió el depósito de autos secuestrados de la propia jefatura de policía y el ex ministro de Seguridad Corti lo atribuyó a ajustes de cuentas internos de la fuerza: aun hoy seguimos sin saber quien o quiénes lo causaron; y eso que todavía no había estallado el Tognoligate.

Desde entonces y luego del narcoescándalo, en reiteradas oportunidades el ministro Lamberto y otros funcionarios de su área han denunciado que reciben amenazas, sin que hasta el presente sepamos nada al respecto;. quiénes y por qué los amenazan.

Lo mismo pasó en su momento con el incendio del auto de Corral, del cual aun hoy nada sabemos.

Hace menos de tres meses uno de los comunicadores favoritos del socialismo reveló que el propio Bonfatti le había dicho en una charla reservada, que instruyó a la policía marcándole que se podía transar con la prostitución y el juego clandestino, pero no con los narcotraficantes; y tan graves afirmaciones ni fueron desmentidas, ni generaron mayores repercusiones posteriores; sean institucionales o en la justicia, donde el periodista del caso ni siquiera fue llamado a declarar.

Incluso si se quisiera sacarle al atentado contra Bonfatti y su familia connotaciones políticas o de venganza mafiosa, y si se los identificase como un simple hecho de inseguridad (cosa que la modalidad del hecho en sí desmiente claramente), la cuestión no deja de ser preocupante: hay que recordar que no hace mucho tiempo la misma casa del gobernador fue objeto de un robo o intento de tal; y no hace falta recordar los hechos de inseguridad que vivimos cotidianamente.

Un quiosco ubicado a menos de 100 metros en línea recta del propio despacho de Bonfatti en la Casa de Gobierno (y a la vista por ende de la policía que custodia el edificio) ha sido objeto de robos a mano armada en innumerable cantidad de oportunidades en apenas meses; en un hecho que pareciera un desafío público y abierto a las fragilidades de la política de seguridad del gobierno.

Afortunadamente en el caso de la balacera a la casa del gobernador no hubo que lamentar víctimas, con prescindencia de su investidura; pero se abre ahora el tiempo de las imprescindibles explicaciones sobre lo que pasó, y como pudo pasar.

Porque si efectivamente se tratase (como rápidamente salieron a decir los voceros del socialismo) de un réplica mafiosa por los avances del gobierno en la lucha contra el delito, el gobierno provincial encontrará decididamente de su lado a todas las fuerzas políticas democráticas, y aun a los ciudadanos comunes; respaldándolo.

Como estuvieron hoy al lado de Bonfatti en la conferencia de prensa Agustín Rossi y Jorge Obeid, sin entrar en consideraciones de tipo electoral; y apenas días después del exabrupto de Binner sobre la salud de Cristina.

Pero los santafesinos nos merecemos conocer toda la verdad, no porque ello cambie la repulsa que el hecho merece o la solidaridad con Bonfatti y su familia, sino para saber donde estamos realmente parados, y cuan profundos son los cambios que deben encararse -en especial hacia el interior del propio Estado, y su aparato de seguridad- para ganarles la pelea a los delincuentes.

Y en su caso hasta donde llegan las cadenas de complicidades que han construido, corroyendo el interior mismo de las instituciones con que ese mismo Estado cuenta para combatirlos.

Sin concesiones, sin pactos espúreos, sin resignar ni un ápice de la legitimidad democrática que tiene el gobierno (para todos, aun para los que no lo votamos), para garantizar que todos podamos vivir en paz.

Fuente: Nestornautas