La Quinta de Funes fue señalizada como Sitio de Memoria del terrorismo de Estado

Ese macabro experimento de Galtieri

Funcionó como centro clandestino del 77 al 78. Con la fuga de Tucho Valenzuela fue desmantelado y sus víctimas trasladadas y asesinadas. Ayer estuvieron los familiares, organismos de derechos humanos y funcionarios. Críticas a los discursos del PRO.

Por Pablo Fornero

"Por la memoria y la verdad", gritó un nene de unos diez años al cerrar el último discurso. Sorprendidos, lo miraron todos. Se rió, entre tímido e inocente, pero sostuvo su frase. "Muy importante lo tuyo", lo premió la diputada provincial Alicia Gutiérrez. De alguna manera, su mensaje completó el círculo de un acto sumamente emotivo, en el cual se señalizó de manera oficial a la Quinta de Funes como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado. Todavía asombrados por el imponente marco de la marcha que se realizó el jueves en Rosario, todos los oradores se concentraron "en lo bien que se sembró", en la participación de un gran cantidad de jóvenes en pos de la defensa de las políticas de derechos humanos. El ex centro clandestino de detención, que funcionó durante los años 1977 y 1978, tiene desde ayer, a unos metros de su ingreso, un cartel que lo identifica. "Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado", reza el mensaje firmado por los gobiernos nacional, provincial y local.

La directora provincial de la Memoria Nadia Schujman abrió el acto, narró brevemente los tormentos ocurridos dentro del "lugar nefasto" y dijo que no recibió "disculpas" de parte de la Nación, por la ausencia absoluta de ningún funcionario de ese rango. Explicó que el reconocimiento llega en el marco de la Ley nacional 26.691 y también por el Decreto provincial 481/13, que espera su media sanción restante en la Cámara de Senadores. No asistió, pese a que algunos funcionarios confiaron que su presencia estaba en agenda, el gobernador Miguel Lifschitz.

El subsecretario de Derechos Humanos Ramón Verón contó en su discurso que le toca enterarse de los pedidos judiciales de los represores condenados en la causa de la Quinta. Comprobó ahí que "el instinto criminal lo sostienen, nunca se han arrepentido, se están muriendo y no hablan". Se lamentó a la espera de conseguir "más información", porque "los que están en el mar, están en el mar, pero los que están enterrados en el país, a esos los queremos".

Luego le tocó al ex concejal local Mauro Miguez, quien al igual que la agrupación socialista Alfredo Palacios inició el camino del pedido de señalización. El referente del partido distrital Unidad Popular destacó que la Quinta hace "a la identidad de la ciudad" y recordó cuando, una década atrás, un grupo de pibes se reunía a imaginar lo que en ese momento sonaba imposible. "Fuimos descifrando ese código", compartió y puso como ejemplo a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Ausente el intendente Diego León Barreto por "un problema familiar", lo reemplazó el secretario de Gobierno Ezequiel Fernández de Salvi, quien primero se comprometió a "estar a la altura de las circunstancias" y felicitó "a todos quienes vienen trabajando en esto". Para Salvi, a diferencia del resto de los oradores, es "muy irrespetuoso" hablar "sin haber vivido la historia", la historia oscura y aberrante que sufrió este país.

"Los que están apoyando este proyecto y nosotros tenemos menos de 40 años y si no vivimos esa historia es muy difícil saber y poder contarla", ahondó sin pruritos el secretario político del gabinete funense, que pidió luego "no hacer un hecho político de esto".

El funcionario macrista dijo que la señalización contribuirá al objetivo central de la gestión actual, que Funes "sea una ciudad turística". Unas horas tarde, se aclaró que la demarcación significa para el Ejecutivo local un destaque "de interés cultural y turístico". Para cerrar, Salvi definió a la dictadura como un "hecho triste" y pidió enseñarla "así y no como algo alegre". Triste fue su aporte para una señora, ubicada al fondo, que se agarraba la cabeza al escucharlo. "Me quedé helada", dijo otra mujer, que incluso se acercó hasta el funcionario para pedirle más detalles sobre su particular discurso.

Sin nombrarlo, también le respondió Gutiérrez. En diálogo con Rosario/12, remarcó que es "absolutamente mentira" que sea irrespetuoso contar la historia si no fue vivida. La diputada, por otro lado, advirtió que "no queremos que esto sirva para algo turístico". El senador Miguel Cappiello retomó la senda y definió a la Quinta como "un lugar nefasto" y celebró por "este acto fundamental de justicia".

El compañero de la legisladora, Eduardo Toniolli padre, fue uno de los detenidos en el centro clandestino, desaparecido hasta el día de hoy. Ella pronunció el último discurso. Acongojada, nombró una a una a las 16 personas que fueron detenidas y sometidas al más cruento cautiverio dentro de la finca. Agradeció en particular "a quiénes durante tantos años lucharon para esclarecer", a Fidel Toniolli, su suegro, que "murió queriendo por lo menos tener el juicio", a su esposa Matilde Espinosa, a su "compañera de lucha" Cecilia Nazábal, que "encabezó la búsqueda", a la agrupación Hijos Rosario, "que se hicieron cargo de la historia y no solo la de sus padres", como la abogada patrocinante Schujman, a quién destacó en especial. "No voy a recortar la historia", avisó la legisladora del Frente Progresista. "Eran militantes montoneros y se los llevaron por eso", defendió.

Fuente: Rosario12

Lo ques es tener el culo sucio

El editorial de La Nación de ayer (completo acá) giró sobre el proyecto que presentaron en Diputados Héctor Recalde y Julián Domínguez para crear una comisión bicameral que investigue las complicidad del poder económico con la última dictadura.

Solitos se ponen el sayo, aunque los autores del proyecto los mencionan (como no podría ser de otro modo) como uno de los grupos económicos y mediáticos que apoyaron a la dictadura, a cambio de negocios: en el caso de la tribuna de doctrina (junto a Clarín y La Nación), hacerse con el control de Papel Prensa.

Un caso en que la justicia (con dificultades de todo tipo) ya está trabajando, y los fiscales reclaman las indagatorias de Magnetto, Ernestina y Bartolomé Mitre.

El editorial está en la misma línea de reclamo por preservar la impunidad que los llevó hace poco a cerrar filas en defensa de Vicente Massot; otro cómplice (socio e ideólogo más bien) de la dictadura que hoy está rindiendo cuentas ante la justicia.

Y ensaya una búsqueda de solidaridades (como por ejemplo con la iglesia católica) para no quedar solos en el reclamo; así como una inverosímil comparación con el nazismo, cuando justamente de lo que se trata es de investigar las complicidades de los socios de la variante argentina de un experimento típicamente nazi; como fue la última dictadura.

El diario de Mitre, que no tuvo empacho en apoyar las "juntas de investigación patrimonial" de la Libertadora, y la CONAREPA de la dictadura videlista, ahora está preocupado por una supuesta "caza de brujas".

Al punto que dice: "Es difícil tomarse en serio el proyecto de Recalde, si no fuera por las gravísimas implicancias que la mera presentación de éste tiene"; pero se lo toma en serio justamente por sus implicancias, que no son justamente institucionales.

Porque no son las instituciones las que tienen que temer que se haga justicia, sino los que tienen el culo sucio. 

Fuente: Nestornautas

Los nombres que la dictadura prohibió

Las nóminas fueron publicadas por el Ministerio de Defensa. Son tres actas, de los años 1979, 1980 y 1982, en las que aparecen personas catalogadas como parte del peligro “marxista” y calificadas en una escala de uno a cuatro según sus antecedentes ideológicos.

Por Laura Vales

El Ministerio de Defensa publicó las listas negras que la última dictadura usó para prohibir a actores, escritores, músicos, periodistas, cineastas, psicólogos y en general a todo artista o intelectual que los censores catalogaran como parte del peligro “marxista”. Se trata de tres actas en las que figuran los nombres de las personas que la Junta Militar fue señalando para que se les cerrasen todas las puertas. “Registra antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública, no se le proporcione colaboración”, era la orden para los que figuraban en los documentos que se dieron a conocer ayer y a quienes estar en la nómina les hacía imposible también trabajar en el ámbito privado. Los militares usaban dos sellos para las listas. Uno decía “Estrictamente Secreto y Confidencial”. El otro advertía que después de leídos los papeles debían ser incinerados. Osvaldo Pugliese, Mercedes Sosa, Julio Cortázar, Eduardo Galeano, Osvaldo Bayer, Eva Giberti, Nacha Guevara, Norma Aleandro y Alfredo Alcón son algunos de los que figuran en esos listados, en los que hay un total de 331 nombres. Cada uno aparece con un detalle de su profesión, aunque los censores no lograban hacerlo siempre del todo exacto. Al sociólogo Gino Germani, por ejemplo, lo apellidaron “Germany” y lo creyeron profesor de psicología. A Francisco “Paco” Urondo, el escritor desaparecido y asesinado en junio del ’76, lo mantuvieron en las listas negras durante toda la dictadura. En algunos casos, lo que figura no es el nombre de una persona, sino de un grupo como con el conjunto Los Trovadores o todo el circo español Los Muchachos. 

También hay una considerable cantidad de prohibidos desde antes del 24 de marzo del ’76. El cantante Horacio Guarany, por poner un caso, venía censurado desde el 3 de agosto del ’67, porque la dictadura de Juan Carlos Onganía (que prohibió las representaciones en ballet de obras de Stravinsky y Béla Bartok) ya había hecho sus listas.

En el sistema de censura de la dictadura, artistas e intelectuales podían ser calificados en cuatro categorías o fórmulas. La “Fórmula 1” era el apto: indicaba que se trataba de una persona “sin antecedentes ideológicos marxistas”. La 2 señalaba: “los antecendentes no permiten calificarlo desfavorablemente desde el punto de vista ideológico marxista”. La “Fórmula 3” era una especie de limbo: “registra algunos antecedentes ideológicos marxistas, pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvable para su nombramiento, promoción, otorgamiento de beca, etc”. La 4 era la peor y dejaba a los así calificados fuera de toda posibilidad de trabajo o difusión de sus obras. La primera lista negra encontrada es del 6 de abril de 1979, tiene 12 páginas y 285 nombres, todos con la calificación “Fórmula 4”. Entre ellos están los periodistas Rogelio García Lupo, Tomás Eloy Martínez, Alipio y Mario Paoletti, Jorge Bernetti, Jacobo Timerman, Hugo Gambini, los escritores Daniel Moyano, Roberto Cossa, Abelardo Castillo, Osvaldo Dragún y Juan José Manauta, los músicos Atilio Stampone y Juan Carlos Cedrón, el escritor Noé Jitrik, el director teatral Agustín Alezzo, el cineasta Fernando Solanas, los actores Héctor Alterio, Marta Bianchi, Luis Brandoni, Norman Briski, Leonardo Favio y el pediatra Florencio Escardó.

El segundo listado encontrado está actualizado al 31 de enero de 1980 e incluye a 331 nombres bajo la calificación de “Fórmula 4”. Esta es la lista que lleva la advertencia de que no debía ser copiada y en cambio debía ser incinerada tras su lectura. En esta lista aparecen nuevos nombres con respecto a la del ’79, como el de los músicos Víctor Heredia y Miguel Angel Estrella, que a esa altura ya había sido secuestrado y torturado, en el marco del Plan Cóndor, en un chupadero de Montevideo. Otro es el sociólogo Juan Carlos Portantiero.

El Ministerio de Defensa, que conduce Agustín Rossi, reveló en un informe difundido junto con las listas que la dictadura había armado un grupo encargado de definir quiénes estaban prohibidos y mantener los listados actualizados, grupo que fue bautizado Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI). Estaba integrado por personal de la Secretaría de Información Pública (SIP) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y tenía representantes del Ejército, la Armada y la Aeronáutica.

El ECI definía los criterios para calificar a las personas, armaba los listados a partir de las sugerencias de sus miembros, analizaba sus actualizaciones, decidía quién entraba y salía del máximo nivel de prohibición.

Después de la guerra de Malvinas, detalló Defensa, con el cambio del escenario fue necesario un replanteo en el manejo de las listas negras. Una nota de la SIP fechada el 21 de septiembre de 1982 ilustra esta situación, ya que habla de que hubo una directiva del gobierno militar de “marcar una transición hacia la vida institucional plena del país” y muestra que hubo una decisión de “evitar medidas y actitudes oficiales que atenten contra esa imagen en el campo de la comunicación”.

Ante la llegada de un gobierno democrático que asumiría a más tardar en marzo de 1984, la SIP recomendó entonces “permitir trabajar en los medios de comunicación social administrados por el Estado” a los incluidos en listados como “Fórmula 4” y diseñó una estrategia con dos variantes para sacar de las listas negras a quienes habían sido prohibidos.

El 14 de octubre de 1982 el tema fue analizado por la Junta Militar, que aceptó la llamada “variante 2”, que consistía en un sistema para “desafectar” de la lista a las personas de “forma gradual”. Así, los militares dividieron a los 199 artistas e intelectuales que aún continuaban prohibidos en cuatro grupos. 41 de ellos pasarían a ser considerados “contratables” a fines de 1982, otras 60 personas dejarían el listado en el primer semestre de 1983 y 52 lo harían en el segundo semestre de ese año.

Sin embargo, 46 no podrían pasar a ser “contratables” y, en consecuencia, nunca dejarían de ser parte de las “listas negras”. Entre ellos quedaron Briski, Nacha Guevara, Cortázar, Estrella, los dos Paoletti, el cineasta Octavio Getino, el poeta Armando Tejada Gómez y Jacobo Timerman.

Fuente: Página 12

Lista de abril de 1979
Lista de enero de 1980
Lista de septiembre de 1982

Hallan archivos desconocidos de la represión, que registran la actividad de las Juntas Militares desde 1976 a 1983

Hallan documentos de la dictadura con pruebas clave sobre Papel Prensa

Agustín Rossi reveló el contenido de actas que demuestran el tratamiento en paralelo del traspaso de acciones a Clarín, La Nación y La Razón, y el cautiverio de los Graiver. Listas negras y un plan para ocupar el poder hasta el 2000.

Toda la documentación original que produjeron las juntas de comandantes de la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983, fue encontrada, de manera fortuita, en un subsuelo del Edificio Cóndor, sede la Fuerza Aérea. El material, contenido en 1500 biblioratos, fue presentado ayer por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a representantes de organismos de Derechos Humanos y la plana mayor de las tres fuerzas armadas. Esos papeles, un verdadero muestrario del plan orquestado y sangriento del terrorismo de Estado, tienen una importancia histórica pero sobre todo judicial. Dan cuenta, por ejemplo, del seguimiento pormenorizado que Jorge Videla, Eduardo Massera y Ramón Agosti realizaron de la fraguada venta de las acciones de la secuestrada familia de David Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón para la apropiación de Papel Prensa, un caso que hoy es parte de una investigación judicial que incluye delitos de lesa humanidad.

Rossi reconoció que el hallazgo fue obra de la casualidad y el azar. Y es que la escena del descubrimiento hizo recordar a las viejas series televisivas en blanco y negro. En este caso, un grupo de empleados de maestranza buscaba en un sótano oscuro y húmedo, una habitación donde depositar los materiales de trabajo. De repente, en una sala de ese subsuelo les llamó la atención las existencia de dos cajas fuertes, una importante estantería de tres metros de largo por dos de alto, y un armario. Es allí donde estaban acomodadas (¿ocultas?) desde tal vez hace 30 años, esas 1500 carpetas de tapa negra y otros tantos libros y publicaciones, que guardaban la memoria histórica de los responsables del genocidio.
La novedad subió rápidamente por el escalafón aeronáutico hasta llegar al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Mario Luis Callejo, quien le informó al ministro Rossi sobre el descubrimiento. La conducta del jefe de la aviación fue destacada por Rossi al considerar que se inscribe en la nueva etapa que viven las fuerzas armadas desde 2003 y que está relacionada con la integración de los militares a la vida de la sociedad civil y la democracia. "Me siento muy satisfecho por esta actitud", remarcó el ministro.

El día del descubrimiento, el jueves de la semana pasada, Rossi ordenó que la dirección de Derechos Humanos del Ministerio y el departamento legal hicieran un trabajo exhaustivo con toda la documentación y su resguardo en un lugar seguro que comenzó ese mismo jueves y todavía continuaba ayer. No es para menos. Por primera vez se accede a todas las actas de las juntas militares, desde la primera hasta la última, en 1983.

 
Sin duda que la venta de Papel Prensa representó para la primera Junta Militar un tema central de lo que ellos denominaron el "período fundacional" del denominado proceso de reorganización nacional que, según consta en un acta, planeaban extender más allá de 1990 para completarse con una "nueva república" en los albores del 2000.
"En el caso de Papel Prensa-Caso Graiver fueron encontradas trece actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo del tema, doce de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1 de diciembre de 1977, lo que demuestra que el tema era de discusión permanente en la Junta", afirmó Rossi durante su exposición en la sede del Ministerio de Defensa. Todo este material, en buena parte desconocido, será entregado a la justicia, sobre todo al juez de instrucción del fuero Federal Julián Ercolini, a quien la Secretaría de Derechos Humanos le pidió que cite a indagatoria, entre otros, a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín; a Bartolomé Luis Mitre, de La Nación; y al ex ministro de Economía (ya fallecido) de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. En una de las actas, la número 19,  que corresponde al 6 de abril de 1977, los jerarcas militares utilizan el término "arrestados" y no secuestrados, como sucedía en realidad, para referirse a los familiares de David Graiver y el caso Papel Prensa. Por esos días, la familia Graiver, tal como lo relató la viuda del banquero, Lidia Papaleo, entregaron las acciones de la fábrica de papel para diario luego de interminables sesiones de tortura.

Entre esas actas se encuentra también la número 14, de la cual había una sola copia en manos de la justicia, donde queda establecido que la Junta Militar autoriza la transferencia del 51% de las acciones de Papel Prensa SA a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. "El acta 14 tiene dos anexos –precisó Rossi–. El anexo 1 donde le dice a los tres adquirientes del paquete del 51% que el 49% tenían que dividirlo entre los diarios del interior, y el anexo 2, que suprime esa obligación (por pedido de los tres diarios), lo que deriva en que ese 49% termina quedando en manos del Estado." Es más, Rossi afirmó que a través del seguimiento que hacen Videla, Massera y Agosti en las actas al caso de la papelera "queda perfectamente establecida que la detención de la familia Graiver tenía que ver directamente, estaba relacionada, con la venta de Papel Prensa".
 

Burócratas, además de genocidas, aquellos militares dejaron un libro donde están sistematizadas las actas por temas y fechas de tratamiento lo que, de alguna manera, agiliza el trabajo de los investigadores. Entre ese material, encontrado entre humedad y materia fecal de roedores, la minuta correspondiente al acta número 20 destaca la necesidad de resolver lo actuado en el caso Papel Prensa para "evitar que el 'Grupo Graiver' cobre las sumas por las acciones vendidas", y resalta que "no se debe demorar el proyecto".
El otro punto que preocupaba a los jerarcas genocidas fue el de los desaparecidos. En varias de las actas figuran con esta denominación las personas que se había "devorado" la dictadura. Claro, las denuncias internacionales que complicaban las relaciones con países democráticos, llevaron a un debate dentro de la Junta sobre la forma en que debían ser llamados. En un primer momento decidieron llamarlos personas "con averiguación de paradero", pero no contentos con ello, el 8 de agosto de 1979, durante la reunión que generó el Acta 106, la Junta Militar analizó junto a los representantes de la denominada CAL (Comisión Asesora Legislativa) la redacción de un decreto-ley donde se habilite la figura de "presunción de fallecimiento" para los desaparecidos, que finalmente no prosperó. 

Entre el material expuesto, Rossi detalló la existencia de "listas negras" donde se señalaban como "peligrosos" a 331 artistas, intelectuales y periodistas. Cada nombre llevaba la calificación que iba de F1 a F4. Esto demostraba el grado "peligrosidad" de los integrantes de la lista. La categorización preveía ir habilitando de a poco la reincorporación a sus trabajos de los menos peligrosos pero todo debió apurarse con el proceso electoral de 1983.
El ministro también hizo referencia a la existencia de un libro de la mesa de entrada de la Rosada donde consta, entre otras miles, una solicitud presentada por Hebe de Bonafini cuando, como otras tantas Madres de Plaza de Mayo, peregrinaba por la justicia, la Iglesia y el Estado en busca de sus hijos detenidos-desaparecidos. Todo ha quedado guardado en estos documentos que representan una porción importante de la memoria, contribuyen a la verdad y ahora puede formar parte sustancial de la justicia

Fuente: INFOnews

Videla hizo un llamado a tomar las armas contra el Gobierno

La nostalgia del dictador, Videla llamó a un nuevo golpe

Entrevistado por una revista española, Jorge Videla convocó a “los más jóvenes que aún están en aptitud física de combatir” a “armarse nuevamente en defensa de las instituciones básicas de la República, hoy avasalladas por este régimen kirchnerista”.

Desde la celda en la que vive en la cárcel de Marcos Paz, en donde purga dos condenas a prisión perpetua y otra a 50 años de encierro, y aguarda la definición de otros juicios que se le siguen por delitos de lesa humanidad, el genocida Jorge Rafael Videla volvió a bajar línea a través de la prensa. A poco de un nuevo aniversario del golpe de Estado que junto a otros represores encabezó el 24 de marzo de 1976, Videla habló con la revista española Cambio 16, que volvió a darle espacio al dictador después de haberlo hecho también hace un año. Desde esas páginas, Videla insistió con su teoría de que en la Argentina hubo una guerra interna, negó los 30 mil desaparecidos, acusó de “cobarde” a la actual oposición política y se dio el gusto de arengar a “los más jóvenes que aún están en aptitud física de combatir” a “armarse nuevamente en defensa de las instituciones básicas de la República, hoy avasalladas por este régimen kirchnerista encabezado por la presidenta Cristina y sus secuaces”.

Con la ayuda significativa de Ricardo Angoso, el mismo periodista español y militante de ultraderecha que lo entrevistó en 2012, el dictador Videla volvió a opinar sobre la política nacional desde la cárcel de Marcos Paz. Las preguntas de Angoso, colaborador de un grupo intelectual dedicado al análisis de la seguridad internacional ligado al Partido Popular español (el Grupo de Estudios Estratégicos) y confeso antikirchnerista, fueron apuntes precisos para que el genocida explayara su bajada de línea desfasada, aunque no por eso menos reveladora de su visión sobre la manera en la que obró durante sus años de jefe máximo del terrorismo de Estado.

La arenga a “impedir” la continuidad del “unicato totalitario”, como calificó a los gobiernos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner, la pronunció cuando Angoso lo invitó a dar un mensaje “a sus compañeros de armas que sufren presidio hoy”. Cabe remarcar que el entrevistador define como presos políticos a quienes purgan condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

“Quiero recordarles a cada uno de ellos, principalmente a los más jóvenes, que hoy promedian las edades de 58 a 68 años, que aún están en aptitud física de combatir, que en caso de continuar sosteniéndose este injusto encarcelamiento y denostación (sic) de los valores básicos, ameriten el deber de armarse nuevamente en defensa de las instituciones básicas de la República, hoy avasalladas por este régimen kirchnerista encabezado por la presidenta Cristina y sus secuaces”, se despachó el genocida.

Convencido de su proceder en aquellos años, Videla se explayó sobre la necesidad de evitar la “perpetuidad” del gobierno nacional, posibilidad que atribuye “ya sea merced a una reforma constitucional o por la fuerza, en la estólida senda de trocar nuestro sistema representativo, republicano y federal por un fracasado comunismo a la cubana”. Aseguró que “nuevamente serán las Fuerzas Armadas y de Seguridad que junto a su pueblo del cual provienen (las que lo) impedirán”.

No hubo repregunta de parte de Angoso, quien ofreció el grabador sin peros y con muchos guiños. “¿Qué mensaje les daría a las futuras generaciones de argentinos que están confusos y desilusionados?”, le solicitó al represor. Como si se tratara de una voz autorizada en cuestiones de paz, Videla respondió que “se ha producido una clara tergiversación” mediante una “visión hemipléjica” de la verdad que logró “sembrar el odio y el resentimiento en muchos corazones argentinos, postergando la tan ansiada unión nacional”. Y se atrevió a abogar por la reconciliación y la paz.

“Argentina no parece que vaya por el mejor de los caminos”, le comentó Angoso a Videla, con más tono de aseveración que de interrogante. El genocida devolvió la pelota y redobló la apuesta, con el camino libre: “Argentina soporta hoy una nueva guerra, tomando las instituciones como rehenes y desacreditando los principios y valores que les dieron origen y razón de ser”. Todavía le quedaron ganas de provocar al represor, quien se permitió seguir haciendo uso de la palabra “desaparecido”: “La República ha desaparecido”, advirtió. “No hay otro camino para este país (que) reaccionar en la búsqueda de los principios y valores (para) reencontrarse con la República hoy desaparecida”, continuó, como si no hubiera sido suficiente.

En otro tramo de la entrevista, Videla se consideró víctima de una “persecución judicial que ha llevado a la cárcel a numerosos militares que no son más que presos políticos”, iniciada por “el matrimonio Kirchner”, que “se encargó de dejar sin efecto” las leyes de obediencia debida y de punto final que habían creado “una suerte de pacificación interior frente a las secuelas dejadas por la guerra interna librada contra el terrorismo y ganada por las Fuerzas Armadas”. ¿Terrorismo de Estado? ¿Torturas y robo de bebés? No fueron ejes de repreguntas de parte de Angoso, quien, tal cual hizo hace poco más de un año, ayudó al genocida a lavar su imagen y la de la última dictadura cívico-militar que lideró. Entonces volvió a negar a los 30 mil desaparecidos.

Por último, Videla reiteró su deseo de que “el rechazo de la ciudadanía a los procederes dictatoriales del kirchnerismo y sus secuaces” le haga “morder el polvo para siempre” al “unicato totalitario que gobierna actualmente” en la Argentina, y tiró un último dardo a la oposición política local, a la que lisa y llanamente tildó de cobarde: “Ha sucumbido al miedo y a las dádivas que el gobierno impone en todos los campos”.

Fuente: Página 12

Que nadie olvide estos días

Ha muerto el dictador José Alfredo Martínez de Hoz

La noticia pasó casi desapercibida por la abrumadora carga de imágenes y declaraciones que van y vienen desde el Vaticano.

Pero es preciso detenerse a reflexionar un instante sobre el que se fue de esta vida terrena.

Porque no fue un dictador cualquiera, sino el que gatilló el plan económico de la dictadura, el que lo diseñó, el que lo planificó, el que le dio sustento de clase, el que bajaba línea sobre la necesidad de achicar el Estado, demoler la industria y lo que quedara en pie de un país para todos.

Si Videla reclamó en un reportaje empuñar las armas desde su prisión, nos queda la tranquilidad de que sus huesos de genocida ya no le permiten cargar fusil al hombro.

Sus convocados quizá no tengan problemas de artritis; pero sí de contexto histórico.

“Nunca más”, se ha sentenciado de una vez y para siempre.

Martínez de Hoz es otra cosa. Mataba de otra manera y sus discípulos aún andan entre nosotros y se reproducen en universidades de elite de la derecha global. Su espíritu viene asolando Europa en los últimos años. Su fantasma azota a Grecia, España, Italia y Portugal.

Y cada vez que un político argentino vira la mirada extasiada hacia el FMI o cualquier madriguera externa en el deseo miserable de volver a endeudar el país, una provincia o una ciudad, sepamos que allí está la letra que dejaron Martínez de Hoz y su más fiel continuador, Domingo Felipe Cavallo.

En su Carta abierta a la Junta Militar al cumplirse un año del golpe de estado, Rodolfo Walsh denunció ante el mundo las atrocidades que la dictadura cometía contra los cuerpos maniatados, vendados e indefensos de los prisioneros.

Pero doliéndole como le dolían los dolores de sus compañeros y en especial la muerte de su hija Victoria, tuvo la lucidez y la grandeza humana para decir:
“Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”

Y a renglón seguido pasaba lista a la destrucción del empleo, del salario, del consumo popular, la dependencia al FMI y a la Sociedad Rural a la que pertenecía Martínez de Hoz.

Que nadie olvide estos días es también recordar que el que murió en prisión domiciliaria fue reivindicado por la patronal rural y por los que llevan en su piel esa pulsión privatizadora y endeudadora contra el proyecto de país que conduce Cristina.

Fuente: Infonews

Genocidas intentan utilizar la asunción del nuevo Papa

Seis acusados de genocidio, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, mostraron hoy una escarapela papal en su pecho, durante una nueva audiencia del juicio por la megacausa La Perla, el más siniestro centro clandestino de la provincia de Córdoba durante la dictadura.

Los acusados de tortura, asesinato y muerte, intentaron sumarse a las repercusiones que trajo en nuestro país la designación de Bergoglio como nuevo Papa.

Los seis acusados sorprendieron a los presentes en la audiencia, ya que cuando entraron se mostraron desafiantes y todos tenían en su pecho una cinta con los colores de la bandera del Vaticano. El intempestivo gesto, provocó el rechazo de los presentes, testigos, familiares e hijos de desaparecidos.

Fuente: DERF

Once represores condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Campode Mayo

“Esto fue como volver un poco a la vida”

Por Alejandra Dandan

En la sala entró el ex teniente Carlos Macedra, el hombre que estuvo a cargo del Batallón Esteban de Luca de Boulogne en 1976. Cuando se sentó, desde las primeras filas, entre las fotos de los desaparecidos levantadas por familiares y militantes, alguien dijo, como para presentarlo: “¡Es el asesino de mi tía!”. Santiago Omar Riveros, el señor todopoderoso de los crímenes de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, segundo señor, decidieron no entrar a la sala de audiencias de San Martín. Junto a los otro acusados, permanecieron en un protegido espacio vecino, fuera del alcance de las fotos con los ojos de las víctimas. A las dos de la tarde, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, integrado por Daniel Cisnero, Daniel Petrone y presidido por Héctor Sagretti, leyó la sentencia del juicio que se llevó a cabo desde agosto del año pasado por 23 víctimas, entre las cuales había siete mujeres embarazadas. El tribunal condenó a prisión perpetua a cinco de los once imputados: Riveros, Bignone y los máximos responsables de la zona, en juicio por primera vez; Luis Sadi Pepa y Eduardo Corrado, directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, y el ex teniente Carlos Macedra, uno de los represores más simbólicos de este juicio, autor del disparo que mató por la espalda a María Florencia “Kitty” Villagra, de la UES. Los otros cuatro acusados recibieron penas de entre 16 y 25 años. Los apropiadores de la nieta Catalina de Sanctis Ovando, Carlos del Señor Hildalgo Garzón, oficial de Inteligencia del Batallón 601, y María Francisca Morillo fueron condenados a 15 y 12 años respectivamente.

Entre los condenados hay varios con prisión domiciliaria, entre ellos el torturador del Campito Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, sobre quien la fiscalía volvió a pedir la revocación del beneficio porque violó el código de salidas. Los jueces le revocaron ese estado, pero como sucede en varios juicios, la cárcel efectiva será efectiva sólo cuando las condenas queden firmes.

Las dos salas de los tribunales de San Martín inauguradas para este juicio estaban repletas. Cuando Sagretti leyó la condena a prisión perpetua de Macedra, la sala estalló en un aplauso. “Tengo muchas ganas de hablar con mi otra hermana que está en Bariloche para contarle la noticia”, dijo a la salida Julia Elena Villagra, la hermana más grande de Kitty. “Todo esto fue como volver un poco a la vida, yo no podía ni leer el diario, no le creía nada a nadie, no podía volver a vivir. Algo empezó a cambiar a partir de que me contaron que Macedra estaba en la cárcel, por ahí soy muy puntual con esto, pero no me cerraba el dolor. Yo la crié conmigo a mi hermana, para mí era también una hija, quizá si ella no estuviera muerta, yo no estaría con vida, porque la hubiese ido a buscar como Daniel (Cabezas) buscó a su hermano Gustavo”, dijo sobre el compañero de volanteada de Kitty, con el que ella estaba el 10 de mayo de 1976 cuando le pegaron el tiro por la espada y sigue desaparecido. “Ahora a creer en este proceso de justicia –dijo ella–, porque se puede, lo hemos podido hacer.”

Una radio abierta de Sutecba trasmitió durante todo el día desde la vereda. Por esa mesa, instalada en el centro de la calle, pasó temprano Catalina de Sanctis. Allí contó su historia, la de su apropiación y la restitución de 2008. “Decidí en este juicio asumir este rol y ser querella en la causa de mi apropiación”, dijo. Arriba, sobre una bandera colgada en las paredes, se leía: “Como a los nazis los iremos a buscar”. En la calle, se iban concentrando las organizaciones políticas y sociales de la zona que sostuvieron este juicio a lo largo del año con la convocatoria a estudiantes y maestros de la zona. Por la radio habló el compañero de Catalina, Rodrigo, otro de los testigos del juicio. “Yo la vi a Catalina y la veo hoy día y veo realmente quién es, tiene mucho más vida, es mucho más alegre: es Catalina, el nombre que le pusieron sus padres.” Ese escenario, que sacaba el juicio al medio de la calle, terminó a las dos de la tarde transmitiendo lo que iba ocurriendo desde adentro del edificio.

Las condenas

Las condenas coincidieron con los pedidos de la fiscalía a cargo de Marcelo García Berro y en líneas generales con las querellas. Riveros y Bignone, los jefes máximos del área, recibieron perpetuas por allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad, tormentos y por los homicidios de Kitty Villagra y Domingo García, el esposo de Beatriz Recchia, la madre de Juliana y embarazada cuando la secuestraron.

En jerarquía, les siguió Eugenio Guañabens Perelló, director de la Escuela de Apoyo para el Combate General Lemos de Institutos Militares en 1977, en juicio por la desaparición de María Eva Duarte y Alberto Aranda. Fue condenado a 16 años de prisión.

Sadi Pepa y Oscar Corrado, los directores de la Escuela de Comunicaciones del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, que también llegaron a juicio por primera vez, fueron condenados a perpetua. Sadi Pepa fue juzgado por el caso de Beatriz Recchia y Domingo García. Lo condenaron por el allanamiento ilegal a la casa de los dos, secuestro y tormentos de ambos y el homicidio de Domingo. Corrado, en cambio, llegó a juicio, como Macedra, por el secuestro y desaparición de Gustavo Cabezas y el homicidio de Kitty Villagra. Fue otro de los casos emblemáticos del juicio. Diseñó una estrategia para intentar demostrar que para el 10 mayo de 1976 ya había sido trasladado y se desempeñaba como administrador general en ENTel, la vieja compañía de teléfonos del Estado. Para sostener esa teoría declararon muchos de sus compañeros de fuerza. Los testimonios de Stella Segado, actual directora del área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, y de la perito Claudia Belingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria, permitieron demostrar que el 10 de mayo de 1976 seguía en Comunicaciones y que cambió de área el 21 de junio de 1976. Los jueces lo condenaron a perpetua.

Macedra llegó al juicio identificado por los colimbas que participaron del operativo del 10 de mayo en la plaza de Martínez. Lo condenaron a perpetua por el secuestro y tormentos de Gustavo y el homicidio de Kitty.

Otro de los grupos de represores condenados por primera vez y como autores directos fueron quienes actuaron dentro del centro clandestino El Campito de Campo de Mayo. Entre ellos, dos gendarmes: Julio San Román, alias “Cacho”, y Hugo Miguel Castagno Monge, alias “Yaya”, los de la custodia. Con ellos fue condenado Carlos Eduardo José Somoza, alias el “Gordo 2”, oficial de inteligencia del Ejército, uno de los interrogadores-torturadores más violentos del centro clandestino. El tribunal condenó a los gendarmes a 20 años de prisión y a Somoza a 25 años por la condición de torturador. Los tres fueron juzgados por los siete casos de mujeres embarazadas, secuestradas con sus compañeros, que dieron a luz en cautiverio y permanecen desaparecidas. Entre ellas, Ana María Lanzillotto, cuya historia dio entrada durante el juicio a lo que fue la caída de la dirección del PRT-ERP en julio de 1976, con la causa madre aún en instrucción.

Juliana García Recchia estuvo ahí, intentando dar otro cierre. Ramiro Menna, el hijo de Ana María Lanzilotto y del Gringo Domingo Menna, que aún busca a un hermano o hermana, escribió en un mensaje a uno de sus tíos: “Que se haga justicia”. Alba Lanzillotto, hermana de Ana María, recordó los años de lucha: “Es bueno que le den una condena alta. Estos juicios son posibles por la lucha de 30 años que lleva este pueblo y un gobierno que empuja a tomar conciencia”. Julia Elena Villagra, la hermana de Kitty, recibía el llamado de Bariloche. “¡Perpetua, perpetua!”, dijo en una explosión de alegría. Catalina Ovando explicó: “No celebro que ellos vayan a la cárcel, pero celebro que no haya impunidad y que la Justicia los haya encontrado culpables. Agradezco a mis abuelos que me buscaron toda la vida; la sociedad tiene que entender que la apropiación no es un gesto de amor”.

Fuente: Página 12

El condor no pasa

En el primer juicio de su tipo en América latina, desde esta semana serán juzgados en el país 25 responsables del Plan Cóndor, el operativo de coordinación represiva que en los ’70 y ’80 montaron las dictaduras del Cono Sur. Entre los imputados por crímenes de lesa humanidad figuran Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

El plan de la represión sin fronteras

El proceso que comienza mañana abarca a 106 víctimas del Plan Cóndor, con mayoría de uruguayos, pero también argentinos, paraguayos, chilenos, bolivianos y un peruano. Hay 25 represores acusados, entre ellos Videla, Bignone, Riveros y Menéndez.

Por Alejandra Dandan

Mañana empieza el juicio oral por el Plan Cóndor, la primera causa que se abrió a fines de los ’90 cuando aún estaban en vigencia las leyes de obediencia debida y punto final y que logró perforar el cerco de impunidad a los crímenes de la dictadura. Será un escenario de justicia atravesado por la presencia de víctimas de las dictaduras del Cono Sur que todavía esperan la apertura de procesos similares en sus propios países. El juicio recoge tres tramos de la causa elevada entre 2008 y 2012 por 106 víctimas del Cóndor, entre las que hay una mayoría de uruguayos, pero también paraguayos y chilenos, todos caídos en Argentina. También hay argentinos, entre ellos tres caídos en Brasil. Serán juzgados 25 represores, entre otros los responsables locales de la coordinación represiva: Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Vañek. También va a ser juzgado el uruguayo Manuel Cordero, represor que actuó en el centro clandestino de Automotores Orletti. Al juicio se acopló el tramo de Orletti II, por otras 65 víctimas. Estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°1, se prevé el paso de unos 450 testigos y una duración estimada en dos años.

“La causa se abrió con una denuncia muy bien fundada hecha por Emilio Mignone, Raúl Zaffaroni, David Baigun, Alberto Pedroncini y Martín Abregú”, recuerda el fiscal Miguel Angel Osorio, a cargo de la instrucción. “Se tomó un grupo de casos donde no había aparecido el cuerpo de las víctimas y la causa avanzó mediante el concepto del ‘delito permanente’: a través de esa lógica se indicó que acá se ha secuestrado a una persona; que todavía no se sabe qué sucedió con ella y por lo tanto se presume que el delito se sigue ejecutando. Como el delito continúa es imposible de amnistiar, indultar o no hacer nada. El eje era ése: el Estado tenía la obligación de hacer cesar el delito; después, si quiere amnistiar puede hacerlo o no, pero primero tiene que hacer lo primero.”

Al comienzo, la causa tuvo 12 casos, entre ellos la uruguaya Sara Méndez, secuestrada en Buenos Aires, arrojada en Orletti y a la que le habían robado a su hijo Simón Riquelo, que para entonces seguía sin aparecer. Había víctimas de otros países, pero el expediente no asumió la perspectiva del Plan Cóndor hasta 2003, cuando dio un “salto cualitativo”, dice Osorio, a partir de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y la reapertura de las causas. Algunas víctimas de la causa original pasaron a expedientes específicos y luego se acumularon nuevos hechos. En 2008 se elevó el primer tramo con 18 imputados y en 2012, otros dos. Además de los 106 casos que ahora llegan a juicio oral, la instrucción acumula denuncias e investigaciones por otras 240 víctimas.
Los acusados

Uno de los graves problemas que tuvo la causa fue la demora. Entre los tres tramos del expediente sobre el Plan Cóndor sumaban originalmente 32 acusados, la mayoría elevados en 2008. Entre ese momento y este comienzo varios murieron y otros están separados del juicio por razones de salud. Es el caso de Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides y Antonio Bussi, en el primer grupo, y Ramón Genaro Díaz Bessone y Ernesto Alais, en el segundo.

Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky son los fiscales que llevarán la acusación del juicio. Ellos indican que en las últimas dos semanas, además, la mayoría de los imputados está pidiendo de todo, entre otras cosas la suspensión del juicio por motivos de salud, por lo cual se vienen ordenando pericias y chequeos médicos.

Los represores que hasta ahora están en juicio son 25. De ellos, 23 están procesados por asociación ilícita y privación ilegal de la libertad, las figuras legales con las que logró abrirse la causa. No están acusados por tormentos ni por homicidios, aunque en varios casos está probado el “traslado” o asesinato de las víctimas, como el de Carlos Santucho, el contador hermano del jefe del PRT, a quien asesinaron en un tanque de agua en Orletti.

La acusación es distinta para Manuel Cordero y Miguel Angel Furci. Los dos estuvieron en Orletti y son los únicos autores directos. Cordero es uruguayo y fue extraditado desde Brasil. La Justicia argentina lo requirió en dos causas: Cóndor y Orletti, pero Brasil lo extraditó sólo por la primera, por lo tanto –aunque es uno de los represores más nombrados de Orletti–, entra a juicio solo por Cóndor. Está acusado por privación ilegal de la libertad y no por asociación ilícita, como el resto, porque Brasil dio ese cargo por prescripto. Furci está procesado por privación ilegal de la libertad y tormentos por 67 víctimas de Orletti.
 

Las víctimas

Un dato del juicio estará dado por la configuración de las víctimas. Entre los 106 detenidos desaparecidos no hubo sobrevivientes, todos los casos tienen que ver con actuación de fuerzas argentinas aquí o en el extranjero. Todos los extranjeros cayeron en Argentina. Y los hechos son posteriores al golpe del 24 de marzo del ’76, por un criterio original, aunque ahora la instrucción investiga casos de 1974.

El grupo de víctimas más importante es de Uruguay (48), luego siguen Paraguay, Chile, Bolivia y un caso de Perú. Hay tres argentinos que cayeron en Brasil durante la Contraofensiva del ‘78: Norberto Armando Habegger, Susana Pinus de Binstock y Horacio Campligia. Entre los chilenos están Edgardo Enriquez Espinosa, del comité central del MIR, secuestrado en Buenos Aires el 10 de abril de 1976. Cristina Carreño Araya, de una familia del PC chilena, perseguida por la dictadura de Augusto Pinochet. Cristina salió de Chile a Hungría, viajó a Argentina en 1978 y fue secuestrada el 26 de julio de ese año. Otro caso es el del estudiante suizo-chileno Alexis Jaccar Siegler, al que secuestraron el 16 de mayo de 1977, cuando hacía escala en Buenos Aires para seguir viaje hacia Chile. Volverá a aflorar el secuestro de María Claudia Irureta Goyena, pero esta vez en la perspectiva del Plan Cóndor y por su propio “caso”: Claudia era la nuera del poeta Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires, trasladada y desaparecida en Uruguay cuando estaba embarazada de Macarena Gelman.
 

La lógica del Cóndor

Osorio definió el Plan Cóndor cuando terminó de instruir el primer tramo de la causa: “La relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal para derivar en la verdadera implementación de un dispositivo que no hacía más que reproducir, a nivel internacional, el mismo dispositivo de aniquilamiento que imperaba hacia el interior de cada una de esas jurisdicciones: tal el alcance pactado, justamente, por los países integrantes del operativo Cóndor”.

Puede pensarse que, a la luz del Plan, el debate judicial va a abordar el modo en que actuó la represión fronteras adentro de cada uno de los países, incluso Uruguay, con causas bloqueadas por la Suprema Corte de Justicia. Los fiscales no tienen jurisdicción para investigar la represión puertas adentro en cada país, pero sí la obligación de seguir el circuito de cada una de las víctimas de la causa.

“Todos los países tienen interconexiones por medio de tratados, de diplomáticos, Inteligencia, etcétera –dice el fiscal Ouviña–. Lo que hicieron durante la vigencia del Cóndor fue aprovechar lo que ya estaba y buscar otro tipo de contacto para hacer todo más rápido. Eliminaron las formalidades pero no sólo para acelerar los tiempos sino directamente para secuestrar personas, buscar información para secuestrar, llevar adelante pedidos. Hay argentinos y chilenos secuestrando y torturando juntos; argentinos y uruguayos o chilenos y paraguayos.”

El contexto eran los exilios que se dieron en todo el continente por las distintas dictaduras, dice Moguilansky. La primera dictadura fue la de Chile, que produjo enorme cantidad de exiliados en Argentina. Y Argentina es el último país donde cae la democracia, cuando todavía albergaba a buena parte de refugiados de otros países. En ese sentido, el expediente funciona a la vez como un mapa entre exilio, refugio y represión. Hay zonas del país como Mendoza en que se refugiaron chilenos, o Jujuy donde estaban quienes venían de Bolivia, o los uruguayos en Buenos Aires. En esa línea, aparecen secuestros y luego traslados a los países de origen. En el caso de los chilenos, ingresan a centros clandestinos de detención. Y con los uruguayos se abrirá el eje de los vuelos. El rol del Acnur y de la Vicaria chilena en el auxilio a los perseguidos políticos, así como el de los consulados y embajadas constituidas como ratoneras, también serán puntos del debate.

“Si los militantes perseguidos en otros países vinieron para acá y desaparecieron estando exiliados, eso es Cóndor –dice el fiscal Osorio–. Si vinieron y trabajaron con o en alguna organización de superficie, ahí ya no es Cóndor. Es decir, no importa la nacionalidad de la víctima, importa si realmente los victimarios actuaron ejecutando ese plan de coordinación represiva a nivel no sólo continental, sino a nivel mundial, si se quiere llamarlo así, porque actuaron en Europa, en Estados Unidos.”
 

Los documentos

Ese es otro eje del debate. Los documentos. Una de las pruebas documentales más importantes es un documento desclasificado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el que aparece una definición sobre el Cóndor. El documento es un cable de septiembre de 1976, de un agente especial del FBI a la embajada estadounidense en la Argentina. Allí deja expresado que el plan está destinado a la “recopilación e intercambio de información sobre ‘izquierdistas’, ‘comunistas’ o ‘marxistas’, con vistas a la eliminación de sus actividades mediante el desarrollo de operaciones conjuntas en sus respectivos territorios”. El cable sitúa en el armado del dispositivo a Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y un acuerdo de Brasil de información confidencial. Describe tres momentos: 1) intercambio de información, 2) ubicación del blanco, 3) ejecución o traslado de la víctima a cualquier otro país signatario.

Una parte del debate seguramente atravesará la discusión acerca de cómo debe leerse el documento, si puede tomarse como comienzo del Plan Cóndor cuando las evidencias muestran que las fuerzas represivas actuaron en conjunto desde antes. Los fiscales del juicio señalan antecedentes de 1975 y en la instrucción Osorio trazó un corte posterior a la muerte de Juan Perón.

Fuente: Página 12

Circuito Camps: perpetua para Etchecolatz

Por primera vez, un tribunal utilizó la figura de “genocidio”, al condenar a cadena perpetua en cárcel común a quince represores, entre ellos el Subcomisario de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz. También juzgó con perpetua al primer civil: el ex ministro de gobierno bonarense, Jaime Lamont Smart, fallecido el 6 de octubre pasado.

Hasta el canciller Héctor Timerman presenció la sentencia del juicio oral en el denominado circuito Camps, ya que uno de los hechos que juzgó el Tribunal Oral Federal fue el secuestro de su padre Jacobo Timerman, director del diario La Opinión.

Los jueces condenaron a prisión perpetua a Jaime Lamont Smart, Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Horacio Elizardo Luján, Norberto Cozzani, Carlos García, Luis Vicente Patrault, Bernabé Jesús Corrales, Fernando Svedas, Miguel Kearney, Raúl Orlando Machuca, Julio César Argüello, Víctor Sita, Domingo Almeida y Roberto Omar Grillo.

El tribunal condenó con prisión perpetua al único civil –también es inédito el hecho-, el ex ministro de gobierno bonarense, Jaime Lamont Smart, quien falleció a los 90 años el 6 de octubre pasado.

Al resto de los imputados los magistrados impusieron las siguientes penas: 25 años de prisión para Eros Amílcar Tarela y Jorge Antonio Bergés, 18 años para Roberto Antonio Cabrera, 15 años para Sergio Arturo Verduri, 14 años para Daniel Jorge Lencinas, 11 años para Pedro Antonio Ferriole y 2 años de cumplimiento efectivo para Santiago Antonini.

Tras recibir la pena, Etchecolatz se levantó de su silla y mostró al Tribunal y a los familiares de las víctimas presentes un carte que decía: "Justicia ¿donde estás? Justicia corrupta". En seguida fue abucheado e insultado y sacado de la sala.

Además, en la megacausa también se juzgan los secuestros de la familia Graiver y Papaleo en el marco de la adquisición de Papel Prensa, el primer secuestro del albañil Julio López y la Noche de los Lápices.

El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata a cargo de los jueces Carlos Rozanski, Roberto Falcone y Mario Portela enmarcó por primera vez la sentencia de la megacausa en “un genocidio”, luego de finalizar las 80 audiencias que conformaron el proceso judicial en el cual se oyeron testimonios sobre las 360 víctimas que estuvieron secuestradas y fueron torturadas o desaparecidas en los seis centros que integraban el Circuito Camps.

Se trata de la Comisaría 5º de La Plata, el Destacamento de Arana, la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Subcomisaría de Don Bosco denominada `Puesto Vasco´, COT I Martínez y la Brigada de San Justo, que se unificaron en un solo juicio.

Sólo sobre uno de los imputados el castigo pedido fue leve: la fiscalía pidió que sea condenado a dos años y medio el policía Santiago Antonini, acusado de haber mantenido secuestrada en su casa durante dos horas a la Abuela Chicha Mariani en 1976.

También murieron sin condena efectiva a lo largo del debate el ex jefe del centro clandestino de detención Brigada de Investigaciones de La Plata, Rubén Oscar Páez, y el coronel Agustín "El gato" Arias Duval, quien comandó el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.

Fuente: Diario Registrado

Dictadura y antisemitismo

"Quiero que sepa que no puede vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros”, le advirtió Pedro Martínez Segovia, primo de José Alfredo Martínez de Hoz, a Lidia Papaleo –viuda de Dudi Graiver–, poco antes de ser despojada de las acciones de la empresa, secuestro y torturas mediante, en beneficio de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, los mismos que silenciaron el genocidio.

A Eduardo Saiegh, con los mismos argumentos antisemitas, la dictadura cívico-militar le robó un banco, como bien describe el periodista Hugo Muleiro en su nota. Fue el entonces juez español Baltasar Garzón quien tomó el caso de Saiegh para dictar, en 1997, la captura internacional de Videla y su cría, cuando la noche oscura de la impunidad regía en la Argentina. “Hizo notar –Garzón en aquella histórica resolución– que personas de origen judío fueron ‘especialmente objeto de depredación’ durante el régimen”, recuerda Muleiro.

El caso Saiegh recién pudo investigarse en la Argentina a partir de 2009. La causa 1875/09 quedó caratulada “Martínez de Hoz, José Alfredo; Reynal, Alejandro; y Reynal William sobre Delito de Lesa Humanidad”. Recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que la delegó a la fiscalía de Carlos Rívolo. Pero dos años después, la Sala I de la Cámara Federal apartó a ambos del expediente por “un accionar discrecional” y “una irrazonable e injustificada tardanza” que le reprochó, puntualmente, al fiscal Rívolo.

El 14 de julio de 2011, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el firma del abogado Gastón Chillier, había elevado al juez una carta expresándole la “preocupación” de la entidad por el dictamen de Rívolo, de fecha 27 de junio: “Llama la atención el tiempo transcurrido desde el momento en que el Señor Fiscal tomó conocimiento de la denuncia y el dictamen de desistimiento realizado (…) Por otra parte, queremos expresar nuestra inquietud por los términos utilizados por el funcionario en su resolución para justificar el no sostenimiento de la acción. El Señor Fiscal utiliza expresiones como ‘es sabido que el único plan sistemático de la dictadura consistía en aniquilar la subversión tal y como expresamente lo reconoció, lenguaje sembrado y heredado además del gobierno antecesor cuando creó la desgraciadamente famosa fuerza paramilitar conocida como la Triple A’ (…) Esta manifestación –a juicio del CELS– significa un fuerte retroceso (…) A su vez, preocupan sus términos en relación con la persecución particular sufrida por personas de origen judío. A esta altura, no existe duda respecto de que la condición de judío empeoraba las condiciones de cautiverio en los Centros Clandestinos de Detención y Tortura”.

Tras la decisión de los camaristas, el caso Saiegh fue tomado por el juez Norberto Oyarbide y el fiscal Germán Moldes, a quienes la DAIA, a través de una carta de su presidente, Aldo Donzis, le manifestó su “profundo interés” porque sean investigados “los aspectos profundamente antisemitas” de la dictadura. Es justo aclarar que ni el CELS ni la DAIA cargaron entonces las tintas contra el juez Rafecas. El enojo fue con el fiscal.

Fuente: Tiempo Argentino

Confieso que he matado

¿7000 u 8000?

Nuestro querido idioma castellano nos brinda un léxico riquísimo que nos permite una expresión cuasi exacta de lo que queremos decir. Si a esto le sumamos los recursos culturales aportados por los modismos locales, estamos frente a una herramienta invalorable. Pero semejante elemento carecería de eficacia si, tanto sus emisores como sus perceptores no comprenden y valoran el real sentido de las PALABRAS.

Las declaraciones hechas por el genocida ex Teniente General destituido y condenado en varias oportunidades a cadena perpetua e imputado en gravísimos cargos aún en proceso, Jorge Rafael Videla, para el libro de un periodista que no es objeto de mención en este trabajo, han recorrido y recorrerán, tanto las tapas como los cuerpos de todos los medios de comunicación, sin distinciones de ningún tipo, incluso fronteras afuera.

En general los dichos han sido repudiados con distintos énfasis, profundo y fuerte desde los organismos de Derechos Humanos y moderados desde las publicaciones más conservadoras, completando el espectro.

Cada comentario o artículo publicado ha destacado y calificado de “aberrantes” las declaraciones del gerente asesino. Desde repudiar la falta de arrepentimiento cuando ya no tiene nada más que perder y consciente de que pasará el resto de su vida tras las rejas con el distintivo destacado de “GENOCIDA”, pasando por el reclamo de las listas y destinos de los cuerpos, de los datos de bebés robados, nacidos en cautiverio o bien secuestrados junto a sus padres y luego asesinados. También fueron objeto de rechazo su confesión respecto de empresarios, políticos y sindicalistas indicados como cómplices y partícipes activos en los delitos de lesa humanidad perpetrados en aquellas obscuras décadas. Igualmente calificada fue su expresión de “errores” al referirse al golpe de estado y al robo de bebés. También confesó que el objetivo era instalar una economía de de libre mercado en contraposición a las políticas de fortalecimiento del estado por parte del peronismo y frente a la amenaza extranjera, en manos según él, del E.R.P y otras organizaciones insurrectas.

Pero en el medio de esta retórica criminal existió una declaración poco destacada en relación a las mencionadas y que reviste, en su sentido, la más grave y la que sintetiza el estroma del pensamiento de aquel proceso, de quienes lo acompañaron y de los que, aún hoy, intentan reivindicarlo y de una u otra manera continúan gozando de los beneficios obtenidos criminalmente. En sus dichos el reo confesó que el proceso que el comandaba desde un decreto de el ex presidente interino Ítalo Lúder y que otorgaba “carta blanca” a las fuerzas armadas para asesinar, efectivamente se cargaron con la vida de “7 mil u 8 mil” personas.

Este sujeto, receptor de la más enorme y patriota repugnancia, hace referencia a una diferencia de 1000 personas que no sabe si mató o no. 1000 vidas humanas, más allá de callarse otras 20.000, se permite el lujo de expresar, como si fuese indistinto, mil muertos más, o menos.
Esto, sumado a aquella declaración sobre los desaparecidos, cuando vomitó la frase “son desaparecidos, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos”, ahora profundiza el sentido de sus palabras y agrega la poca importancia que tiene para el la vida humana la existencia o no de 1000 personas muertas. Esto no hace más que clarificar el pensamiento de estos decadentes torturadores y sus secuaces civiles.
Si no lo entendés ahora estás muy cerca de ser un cómplice.

Será justicia. 

“Información para decidir, conocimiento para ser libres”.

Kike Dordal

Fuente: Cazadores de Zonceras

Monstruos

La Solución Final, también conocida como Solución final al problema judío (Endlösung der Judenfrage, en alemán), es el nombre del plan de la Alemania nazi para ejecutar el genocidio sistemático de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial.

Su puesta en práctica, conocida posteriormente como Holocausto o Shoah, supuso la deportación sistemática y exterminio posterior de toda persona clasificada como étnicamente judía, con independencia de su religión. El término fue acuñado por Adolf Eichmann, el carnicero nazi que supervisó la campaña, a la que antes se denominaba con el eufemismo de reinstalación.

Para ejecutarla el régimen nazi construyó instalaciones llamadas campos de concentración y exterminio y dispuso dentro de ellas unos dispositivos, que bien se pueden calificar de industriales (en su construcción trabajaron importantes firmas alemanas de ingeniería que indudablemente conocían su finalidad), de exterminio (normalmente cámaras de gas) lo que finalmente llevaba -mediante la cremación- a la destrucción total de los cuerpos.
No ocurría lo mismo con las pertenencias de las víctimas. Las pocas que aún conservaban -ya que la mayoría de sus bienes les habían sido "confiscados" -en realidad robados en el momento de su detención- eran cuidadosamente clasificados bajo el control de Oswald Pohl (Director de la Oficina de Economía y Administraciòn de las SS) para luego ser reparados por los propios prisioneros y vendidos en el mercado o entregados a funcionarios o colaboradores del régimen.

Videla, preso en Campo de Mayo y condenado por crímenes de lesa humanidad, con la colaboración de un autotitulado periodista, Ceferino Reato, publica un libro cuyo solo título produce escalofríos. Pero no es casual, de eso se trata.

El título es Disposición Final. Por supuesto que La Nación, Clarín y Perfil se han encargado, entre otros, de su difusión. En los tres medios se transcribe una muy similar nota de prensa, que merece ser calificada de "gacetilla" esas notas breves que se utilizan para difundir un evento o presentación.

Supuestamente Videla reconoce en el libro el plan sistemático de eliminación "sin dejar rastros" de -dice- siete u ocho mil personas:

“No había otra solución; estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta”...“Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas” y que había, además, que disponer la completa desaparición de sus cuerpos “para no provocar protestas dentro y fuera del país. Cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.

Y aclara: “La frase ‘Solución Final’ nunca se usó. ‘Disposición Final’ fue una frase más utilizada; son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final”.

“Las desapariciones se dan luego de los decretos del presidente interino Ítalo Luder (peronista, casi seis meses antes del golpe), que nos dan licencia para matar. Desde el punto de vista estrictamente militar no necesitábamos el golpe; fue un error”. Sin embargo agrega:

“Nuestro objetivo (el 24 de marzo de 1976) era disciplinar a una sociedad anarquizada. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”.

Desde el punto de vista exclusivamente militar el golpe del 24 de marzo fue para Videla un error, no era necesario para hacer el trabajo que pensaban hacer y cuyos planes estaban preparados minuciosamente desde varios meses antes del decreto de Luder. Planes que incluían listas de personas a ser secuestradas, torturadas y desaparecidas. Listas que -indica- fueron elaboradas con la colaboración de numerosas autoridades de instituciones civiles (gubernamentales, sindicales, empresarias, eclesiásticas, educativas).

Videla concluye según esta "gacetilla de prensa" publicada por los matutinos: "Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace. Yo acepto la voluntad de Dios. Creo que Dios nunca me soltó la mano".

Videla es católico y practicante, como muchos de los jerarcas del régimen y sus aliados civiles. El plan de genocidio no podría haberse ejecutado jamás sin la aquiescencia de las más altas autoridades de la Iglesia Católica. Esa no es una inferencia, es un hecho.
Los detalles del plan requirieron de la imprescindible colaboración civil.
El golpe del 24 de marzo no fue "un error" como lo califica, aún con la restricción del agregado "militar", fue un imperativo para hallar en los empresarios el apoyo necesario para los planes de construir "una economía de mercado, liberal", de la cual estos mismos empresarios -como por ejemplo, Clarín y La Nación, entre otros- serian los principales beneficiarios. Martinez de Hoz es el Oswald Pohl y, a la vez, el  Albert Speer del llamado proceso de reorganización nacional.
El párrafo más esclarecedor -a mi modo de ver- sobre la degradación, la deshumanización que Videla comparte con otros genocidas de la historia -y que los convierte a todos en monstruos- es cuando él reduce la significación de la persona humana a la de una cosa, por ejemplo, cuando la compara con "una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada".

Lo cierto es que no hay pez que por su boca no muera.

Fuente: Basta de odio

Más nunca

La vacilante democracia surgida de las elecciones de octubre de 1983 ostentó varios pecados de origen. El recuerdo del gobierno de Isabel y López Rega dejó inerme al peronismo para enfrentar una nueva etapa democrática. Al menos no sin pagar un precio excesivamente alto. Diezmada la "izquierda" del peronismo por la cacería pre y post 1976, lo que llegó a las elecciones era una estructura anquilosada, infectada por elementos de la ultraderecha asesina del lopezreguismo y por remanentes de los grupos "políticos" del almirante Massera.

Por su parte, el radicalismo había escondido bajo la alfonbra alfonsinista a los viejos gorilas colaboracionistas del Partido Militar, desde 1955 en adelante. Detrás del sonriente y fresco Alfonsín, reptaban los mismos nombres que habían apoyado tanto a Aramburu como a Videla. Esta diferencia, la de contar con un "mascarón de proa" socialmente presentable y con una agradable pátina progresista, amén del enchastre sangriento del peronismo, decidió la presidencia inaugural de la nueva democracia argentina.

Hablando en términos políticos, la dictadura que terminaba sólo había logrado un objetivo: disciplinó a la sociedad por medio del terror. La aplicación del plan económico impulsado por el Departamento de Estado en el contexto de la doctrina de la seguridad continental, dictado por Milton Friedman y la Escuela de Chicago, por ejemplo, tuvo una aplicación parcial (que igualmente destruyó el aparato productivo y endeudó al país a niveles desconocidos hasta entonces) debido a la resistencia del sindicalismo peronista encabezado por Saúl Ubaldini, un dirigente obrero que no había quedado embarrado por el macartismo en armas de la CGT del isabelismo.

Es decir, la razón histórica del golpe de 1976, que fue constituir un estado de cosas a gusto e interés del bloque de clases dominantes, que "borrara" al peronismo de la línea de tiempo argentina y terminara de demoler la conciencia que éste instalara en la sociedad sobre los derechos populares inalienables, no se logró ni aún masacrando a 30.000 personas. La razón coyuntural, por su parte, que fue alinear económicamente a la Argentina en los requerimientos globales del poder económico en el contexto de la dominación continental por parte de los EEUU, tampoco. En gran medida por la resistencia antes nombrada, y también por la índole delincuencial del elenco gobernante y sus asociados.

Ahora bien, en tanto continuidad histórico-ideológica de 1930, 1955 y 1966, el golpe de 1976 tuvo una amplia y profusa colaboración (militancia) civil. Como había sido siempre, el Partido Militar tenía consenso en amplios sectores de la sociedad civil, en un entramado de intereses de clase e ideología dominante que todavía persiste (ya sin la participación del factor militar) como parte del imaginario filosófico de sectores variados, que constituye una alianza operativa real, como se vio en 2008 entre sectores de la clase media urbana y la oligarquía terrateniente.

Y es este tema, la colaboración civil del golpe, la gran maniobra de ocultamiento que constituye el pecado original de la democracia argentina.

Cuadros políticos, técnicos, periodísticos y empresariales fueron la apoyatura civil de la dictadura, accionando, tanto desde las estructuras de los partidos políticos que conformaron al menos desde 1951 y más claramente desde 1955, la plataforma pública del proyecto gorila y su funcionariado, como desde la estructura del stablishment periodístico, cuyas firmas más famosas formaron parte del entramado propagandístico del autodenominado "proceso de reorganización nacional". Empresarios, asociaciones patronales, tanto agrarias como comerciales, cuadros dirigentes de la Iglesia Católica, jueces y fiscales, dirigentes sindicales y "famosos" del ambiente artístico... una larga lista de colaboracionistas que contribuyeron a convertir a un golpe militar en una instancia totalizadora, que se impuso en casi todos los sectores de la vida nacional. Denunciar y llevar a juicio semejante escala de colaboracionismo civil, estaba por fuera de los límites ideológicos del alfonsinismo, en donde, por lo demás, como se ha dicho, pervivían muchos de ellos. La teoría de los "dos demonios" implicó, entre otras cosas, la "reasignación" de las responsabilidades del genocidio y la destrucción socio-económica argentina en los mandos militares únicamente. La responsabilidad civil brilló por su ausencia.

El menemismo, por su parte, construyó una alianza estratégica con los sectores ideológicos que habían apoyado a la dictadura. El indulto a los comandantes fue una de las evidencias de esta alianza. Los viejos colaboradores refluyeron a sus originales asignaciones: propagandistas, ideólogos y funcionarios.

En la actual situación de conflicto con todas las instancias de la derecha clásica, encabezada por los medios concentrados de comunicación, el peronismo kirchnerista impuso el concepto de "golpe cívico-militar" para definir el crimen de 1976. Es una cuestión de justicia estricta y de apego por la realidad. La defensa del colaboracionismo ha quedado en la vereda de enfrente, aún en medios y en sectores políticos que en su momento mostraron respeto por la causa de los derechos humanos violados durante los años de plomo. Es una guerra dialéctica pero también ideológica: en la defensa de intereses sectoriales, se elige ignorar (cuando no directamente defender) el accionar delictivo de ciertos personajes y sectores, para no "coincidir" con las políticas que iniciara Néstor Kirchner y que hoy continúa Cristina Fernández.

Más allá de las chicanas coyunturales de la oposición política o mediática, la sociedad civil argentina no puede ni debe ceder ante semejante agujero negro de nuestra historia como Nación. Los funcionarios, partidos políticos, empresas, medios de prensa, personal eclesiástico, dirigentes sindicales, jueces, etc. que hayan sido parte activa de ese período vergonzoso, deben ser denunciados y juzgados. Se deben deslindar las responsabilidades con toda claridad, caso por caso, para no transformar la búsqueda de la justicia en una arbitraria caza de brujas. No es lo mismo un trabajador que un funcionario. No es lo mismo un empleado que un dirigente, por más que algunos salgan a cacarear para ver si con el ruido de la denuncia pueden cubrir la bosta que guardan en sus propios pantalones.
No debe haber impunidad para nadie. Eso es justicia. A 36 años del comienzo de la pesadilla, es lo menos que podemos pedir como pueblo.

Fuente: http://pensando-la-argentina.blogspot.com.ar/

Dictadura: Secuestran 43 Ford Falcon

Los vehículos fueron hallados en la Base Naval de Puerto Belgrano, Bahía Blanca, en el marco de una inspección ocular. También se realizaron pericias en aviones que habrían sido utilizados en los vuelos de la muerte

Con motivo de la inspección realizada en la Base Aeronaval Comandante Espora y en el Museo de la Aviación Naval se realizaron pericias en algunos aviones que prima facie intervinieron en los llamados "vuelos de la muerte", se secuestraron manuales y planos estructurales de algunas aeronaves y microfilmaciones cuyo contenido aún se desconoce.

Por otro lado, con motivo de la inspección ocular ampliatoria de la Base Naval Puerto Belgrano se produjo el hallazgo de 43 autos marca Ford modelo Falcon y un automóvil marca Chevrolet modelo Chevy en los galpones pertenecientes a la Subjefatura Intendencia de la Base Naval Puerto Belgrano.

Se ha ordenado el secuestro de los vehículos encontrados, y el dictado de una medida cautelar de no innovarpara preservación y el resguardo de los automóviles, de manera que dichos elementos permanezcan ajenos a la disposición de cualquier otra autoridad que no sea la judicial.

Fuente: Diario Registrado